La fiscal de anticorrupción que investiga el caso Lezo Ana Cuenca ha logrado un acuerdo de conformidad con dos de los procesados por la compra de la sociedad brasileña Emissao realizada en 2013 por el Canal de Isabel II, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del ministerio público. Este pacto pone contra las cuerdas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que según las pesquisas habría promovido el cobro de 4 millones de euros en mordidas en la operación. Previsiblemente ninguno de los dos entrará en prisión al no tener antecedentes penales.
Otras fuentes cercanas a la causa aseguran a este diario que un tercer procesado también habría alcanzado una conformidad con el Ministerio Fiscal. En concreto, se refieren a los exempleados del Canal de Isabel II Diego García Arias y Ramón Navarro y al empresario brasileño que vendió Emissao, Sebastiao Cristovam. Los tres habrían aceptado una condena de dos años de cárcel por la adquisición de la empresa.
Edmundo Rodríguez Sobrino -el principal arrepentido del caso Lezo- también ha reconocido los hechos que se le imputan en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. De momento, sin embargo, no ha llegado a un acuerdo sobre el número de años que permanecerá en prisión. Según fuentes jurídicas consultadas, los cuatro acusados ya han abonado 31 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
9,6 millones de perjuicio a la Comunidad
La operación realizada por la filial internacional del Canal de Isabel II, Canal Extensia, "estuvo plagada de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la Administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición, de acuerdo con el plan ideado por los investigados", según explica en el auto del pasado 18 de noviembre dictado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.
La compra de Emissao se llevó a cabo siguiendo un plan ideado por Ignacio González González; Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa (la filial colombiana del Canal) entre los años 2006 y 2016-; Diego Fernando García Arias, director gerente del área de nuevos negocios de Inassa entre los años 2011 y 2015; Luis Vicente Moro Díaz, exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta y vinculado a la mercantil Essentium SA; y Ramón Navarro Pereira, director gerente de la empresa sudamericana Triple A.
4 millones en mordidas
Según consta en dicho auto, en esa confabulación los procesados pactaron repartirse 4 millones de euros en comisiones ilegales con cargo al sobreprecio abonado por la empresa pública madrileña, Comunidad en la que Ignacio González era vicepresidente. Para ello, según el juez, contaron con la colaboración esencial de Sebastiao Cristovam, propietario de Emissao, quien incrementó el precio de la venta con el único fin de facilitar el reparto de los fondos públicos.
Tras las pesquisas dirigidas por la Fiscalía y la Audiencia Nacional se ha determinado que a finales de 2012 el investigado Luis Vicente Moro Díaz, que trabajaba para el grupo Essentium -que estaba negociando la compra del 80% de Emissao-, propuso al dirigente del PP que, "aprovechando el alto cargo que ostentaba en la Comunidad de Madrid, hiciera lo necesario" para que el Canal Isabell II participara en la operación. En el marco de aquel acuerdo, se pactó "un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales".
El juez García Castellón asegura en sus autos que el exvicepresidente madrileño aceptó aquella proposición y que encomendó la gestión. El pasado noviembre, el magistrado propuso llevar a juicio a González por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en el marco de esta investigación. Ahora, varios de los que participaron en dicha operación han aceptado los hechos.
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