La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha confirmado ante el juez que investiga una querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, que recibió órdenes directas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para difundir la nota informativa que contenía comunicaciones privadas del abogado de Alberto González Amador.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que Lastra, que ha comparecido como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha explicado que recibió las órdenes a primera hora de la mañana del 14 de marzo, esto es, un día después de que algunos medios publicaran que la Fiscalía ofreció una conformidad al abogado de Alberto González Amador, en el marco de la investigación abierta por dos delitos de fraude fiscal.
La nota, que desmentía este extremo y evidenciaba que fue la defensa del empresario la que reconoció los hechos, llegó ya redactada a la Fiscalía Provincial de Madrid a primera hora de ese 14 de marzo por la mañana. Al respecto el fiscal general, que ha reconocido en un escrito remitido al instructor que él dio las instrucciones concretas, ordenó a Lastra que la publicara.
Orden del fiscal general
La fiscal superior de Madrid respondió que quería una orden formal por escrito y, acto seguido, se envió un correo electrónico a dicha Fiscalía en el que se instaba a publicar el desmentido. De esta forma, y acatando órdenes de un superior jerárquico, el departamento de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid publicó dicha nota informativa por su canal habitual a los periodistas de tribunales.
Las fuentes consultadas precisan a este medio que Lastra ha sido contundente en cuanto a su actuación en todo este asunto, al igual que el jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, también citado como testigo. Las declaraciones -las primeras que se efectúan en el marco de esta causa- se han alargado poco más de dos horas.
El procedimiento que instruye el magistrado Francisco José Goyena Salgado se dirige contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunto delito de revelación de secretos en relación a la nota informativa que corrigió informaciones incorrectas sobre la investigación por fraude fiscal sobre Alberto González Amador.
Los primeros testigos
La nota de prensa que se difundió desde el Ministerio Público ofreció un relato cronológico de las comunicaciones que el letrado del empresario se intercambió con Salto, entonces fiscal encargado de las pesquisas. De los mismos se desprende que la defensa del novio de Ayuso reconoció la comisión del delito y propuso una conformidad en el marco de este asunto que ha terminado judicializado en Plaza de Castilla.
Con todo, la alusión en el comunicado a los correos internos protegidos por el secreto profesional propició una denuncia por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y, tras ello, de una querella de González Amador. El empresario denunció que la información contenida en dichos correos electrónicos se publicó en prensa horas antes de emitirse la nota informativa.
Al respecto, cabe destacar que, tras la emisión de la primera noticia que apuntaba a una propuesta de pacto de la Fiscalía, desde la cúpula de este órgano se comenzó a trabajar en una respuesta. En ese sentido, contactaron con Julián Salto a quien obligaron a enviar todos los mails que se había intercambiado con el abogado de González Amador en el marco de las pesquisas que aún no se habían judicializado.
La defensa de García Ortiz
La nota de desmentido se realizó, precisamente, en función de lo contenido en dichos correos. Aunque el fiscal general del Estado guardó silencio durante un mes sobre este asunto, ha terminado admitiendo que dio instrucciones directas sobre el proceder para desmentir el "bulo" de la propuesta de conformidad de la Fiscalía.
En ese sentido, García Ortiz defiende que la causa debería dirigirse contra él ya en el Tribunal Supremo por su condición de aforado aunque considera que no se cometió delito alguno. El fiscal general sostiene que no se desveló ninguna información que no se hubiera difundido las horas antes en algunos medios y que el comunicado tenía un indudable interés general puesto que desmintió una información falsa sobre el ente que dirige.
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