El Tribunal Supremo establece toma de contacto con la Justicia italiana. Pablo Llarena, magistrado de la Sala de lo Penal e instructor del procés, ha remitido al Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) la orden de detención librada en octubre de 2019 contra Carles Puigdemont avisando que la misma, pese a lo mantenido por la defensa del expresidente catalán, sigue "en vigor". Del mismo modo, el instructor también ha remitido la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE en relación a las entregas a España y que está pendiente de resolución.
En el oficio, firmado este mismo 24 de septiembre, el magistrado explica que la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) librada contra el exmandatario catalán está “actualmente en vigor”. “Para su comunicación al mismo Tribunal, le participo que el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía”, recalca el instructor, el cual explica que ya se ha solicitado la traducción al italiano de la euroorden.
Adjunto a estos documentos, que envía al representante de España en Eurojust, añade también la cuestión prejudicial que planteó ante el TJUE en mayo, después de que la Justicia belga se negara a extraditar al exconseller Lluis Puig. El alto tribunal recurrió entonces a la Justicia europea con el fin de dilucidar si les estaban permitido a las autoridades belgas rechazar su entrega. Ahora, en su nueva comunicación, avisa a la Corte de Apelación de Sassari que la tramitación de la cuestión prejudicial no modifica la situación actual.
El alto tribunal envía toda esta documental mientras el juez de esta corte se prepara para tomar declaración a Puigdemont. Agentes de la Policía italiana le detuvieron a su llegada al aeropuerto de Alghero (Cerdeña) tras constatar la existencia de la orden de detención contra él en el Sistema de Información de Schengen. La Policía trasladó al dirigente catalán a la prisión de Bancali para su posterior pase a disposición judicial. De este modo, será la Corte de Apelación de Sassari la que resuelva si se cumplen los requisitos para proceder a la entrega de Puigdemont, o bien le deja en libertad.
Su defensa, por su parte, ya ha anunciado que ha abierto dos frentes para tratar de frenar su entrega a España. Así, por un lado recurrirán a la Justicia italiana y, pro otro, presentarán un escrito ante la Justicia Europea para solicitar que se acuerden medidas cautelarísimas en relación a su inmunidad. El expresidente catalán, prófugo de la Justicia española desde octubre de 2019, tenía suspendido este privilegio del que goza desde su nombramiento como eurodiputado. El TGUE decidió retirárselo tanto a él como a otros exconsejeros independentistas reclamado por el Supremo para ser enjuiciados por el referéndum ilegal del 1-O.
En la resolución del pasado 30 de julio en la que acordó esta nueva medida, el TGUE explicó que no podía moverse "en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional" pero que, sí seguía gozando de inmunidad para "desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento". El exmandatario de la Generalitat acudía a última hora de este jueves a Cerdeña para participar en una nueva edición del Aplec International Adifollk, una festividad sobre la cultura y el folklore catalán.
La resolución del Tribunal General de la Unión Europea también apuntaba que "la ejecución de las órdenes de detención europeas" habían sido suspendidas "como ha indicado España", a la espera de que el TJUE resolviera sobre la cuestión prejudicial planteada. Fuentes del alto tribunal confirmaron a Vozpópuli tras producirse la detención del exlíder del PDEcAT que las mismas seguían vigentes.
