El instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, ha planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una Orden de Detención Europea (ODE), así como por las razones para su denegación, una vez que las autoridades de ejecución de Bélgica han rechazado la entrega de Lluís Puig.
Con las respuestas del TJUE el magistrado decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.
El 7 de agosto de 2020 un juzgado neerlandófono de Primera Instancia de Bruselas denegó la entrega de Lluís Puig. La resolución fue confirmada el pasado 7 de enero por la Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas.
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Los jueces belgas denegaron la entrega de Puig al Tribunal Supremo porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el Supremo sino un tribunal catalán y porque su entrega pondría en peligro derechos fundamentales del reclamado, como el de la presunción de inocencia.
Derecho de la Unión
Después de analizar el contenido de estas resoluciones, Llarena tiene dudas de que sean compatibles con el Derecho de la Unión por lo que adopta la decisión de plantear siete preguntas al TJUE.
Ofensiva de Puigdemont
El equipo jurídico de Carles Puigdemont envió la semana pasado un escrito de 200 páginas al juez Pablo Llarena, al que Vozpópuli ha tenido acceso, en el que no solo no se oponen a que el tribunal europeo sea el encargado de dirimir las euroórdenes sino que, además, añaden una serie de prejudiciales para que el juez instructor las tramite también al TJUE.
En una de estas alegaciones se hace referencia al precedente sentado por Lluís Puig, exconsejero de Cultura y afincando en Bélgica, que obtuvo sentencia en firme a su favor para no ser entregado a las autoridades españolas. El Tribunal de Apelaciones belga ratificó la sentencia en primera instancia al rechazar su extradición por malversación a España.
La defensa de Puigdemont anticipa en esta prejudicial lo que pedirán al TJUE si Llarena sigue adelante, que es que cuando un Estado miembro tumbe una euroorden, ésta tampoco se aplique al resto de países de la Unión Europea. El caso de Puig, aseguran, les avala para pedir esta coherencia en el seno de la Unión Europea y, de este modo, se garantice su libre circulación por "los 27 Estados miembros". Incluido España y sin riesgo de ser detenidos.
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