Las posibilidades de Jordi Sánchez para ser investido presidente chocan de frente con los autos judiciales emitidos las últimas semanas. El juez del Tribunal Supremo que investiga la causa del procés ya impidió a al exlíder de la ANC salir de la cárcel para acudir al debate de investidura fallido del pasado 30 de enero. Por su parte, el Tribunal Constitucional prohibió cualquier investidura que no fuese presencial. Con estos precedentes, ambos tribunales limitan las opciones de Sánchez en caso de que se materialice finalmente el acuerdo entre el JxCat y ERC en torno a su figura.
Sánchez se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado 16 de octubre acusado de un presunto delito de sedición. Solicitó que se le concediese un permiso extraordinario de salida de prisión para asistir al pleno de constitución del nuevo Parlament surgido de las elecciones del 21-D y también para acudir al pleno de investidura del 30 de enero. En ambos casos recibió la negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo LlarenaTribi
El magistrado justificó su negativa en “la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas enfrentadas al marco legal”. De nada sirvió que Sánchez apelase al precedente de Juan Carlos Yoldi, quien estaba en prisión preventiva por terrorismo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Navarra le dejó acudir a la Cámara Vasca con motivo de un debate de investidura en 1987. Llarena insistió en los “previsibles y altamente probables” casos de “violencia y tumulto” y dejó abierta la posibilidad de que Sánchez delegase su voto en otro parlamentario.
Riesgo de tumultos
Estos argumentos fueron refrendados dos semanas después por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de apelación presentado por Sánchez contra la decisión de Llarena. La Sala de Apelaciones recordaba que Sánchez se incorporó a la lista del JxCAt cuando ya estaba en prisión. “La sospecha del juez de instancia sobre que el solicitante podría aprovechar la circunstancia para incitar a la ciudadanía a actuaciones tumultuarias, no deja de ser razonable. Si es cierto que una vez producida la reiteración delictiva, el instructor podría revocar las autorizaciones concedidas, también lo es que en tal caso el daño que se trataba de evitar ya estaría producido”, decía el auto
Nada hace indicar un cambio de parecer en el magistrado Llarena. El pasado 6 de febrero rechazó también la petición de Sánchez de revocar su prisión preventiva apelando a su riesgo de reiteración delictiva. Afirmaba que, a diferencia de algunos encausados, en el exlíder de ANC hay un mayor riesgo, ya que “no sólo no ha renunciado a la actividad pública que ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos, sino que ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder proclama el objetivo de restablecer la dinámica política que condujo a las actuaciones de las que nacen las responsabilidades que este proceso penal contempla”.
Investidura presencial
Atendiendo al criterio demostrado por Llarena hasta ahora, difícilmente Sánchez podría salir de la cárcel para asistir a su investidura, lo que le enfrentaría de lleno al auto del Tribunal Constitucional, que fijaba las condiciones para la candidatura de Puigdemont. “No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”, establecía el auto, que fijaba la obligatoriedad de una investidura presencial.
La diferencia entre Sánchez y Puigdemont es que el segundo estaba (y sigue) en busca y captura en España. Por ello el auto del Tribunal Constitucional obligaba al expresident a contar con la autorización de Llarena, es decir, le forzaba a entregarse a las autoridades, un requisito que en el caso de Sánchez no sería necesario. El horizonte de Sánchez podría cambiar si el juez Llarena entendiese que al ser el candidato a presidente merece una consideración diferente a la de mero diputado.
El juez tendrá que adoptar una decisión en las próximas fechas ya que los abogados del número dos de Junts per Catalunya (JxC) pedirán la "inmediata excarcelación". En caso negativo, los letrados de la defensa del preso reclamarán al instructor que habilite un mecanismo para que pueda ser elegido president desde la cárcel de Soto del Real.
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