El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y doce comunidades autónomas deberán responder ante la Justicia por "enviar de forma temeraria" a los fiscales a trabajar en plena pandemia, pese al "riesgo letal de contagio". Esa es la acusación realizada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales contra estas administraciones a través de una demanda presentada en la Audiencia Nacional el pasado 1 de diciembre. Un escrito que ha sido admitido y que llevará a juicio a los equipos de Pilar Llop, Dolores Delgado, y los cargos competentes de una docena de ejecutivos autonómicos.
El objetivo de la demanda, tal y como rezaba en la misma, era "obtener un pronunciamiento judicial que declare que los fiscales carecen en la fecha de interposición de la misma, de protección real y efectiva en materia de riesgos laborales por parte de las administraciones demandadas, incluyendo a los funcionarios enfermos y en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, y mayores; y, en especial, de la más mínima protección en relación con los riesgos laborales de carácter psicosocial".
Los demandantes citan el Manual de Prevención de Riesgos laborales para la Administración de Justicia aprobado en 2014, y que incluye un Plan de prevención de riesgos que sería de aplicación al personal al servicio de la Administración de Justicia y al Ministerio Fiscal. Un Manual que, consideran, no ha garantizado la protección de los fiscales por parte del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía General del Estado, y de los gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco, Canarias y La Rioja.
Tras relatar todas las omisiones en materia de seguridad durante la pandemia, la APIF destaca en la demanda que todos los demandados "tienen responsabilidades" en esas conductas, "aunque evidentemente, es el Ministerio Fiscal y el Ministerio de Justicia quienes las tienen en primer lugar."
Sobre las Comunidades Autónomas demandadas, "ignoradas en el Manual Ministerial" lo son "para evitar respecto de estas cualquier indefensión como consecuencia del pronunciamiento que se solicita" a la Audiencia Nacional.
Las peticiones de la APIF en la citada demanda eran claras: la anulación del Manual de Prevención de Riesgos laborales para la Administración de Justicia; que se declare que el Ministerio Fiscal como administración, carece de Plan de prevención de riesgos laborales propio, válido y eficaz; y que se declare que los demandados han incumplido sus obligaciones para con los miembros de la Carrera Fiscal al no proveer de los instrumentos legales de prevención de riesgos laborales establecidos por las leyes, comprometiendo así la seguridad y salud de los fiscales en su trabajo.
Finalmente, los demandantes exigían que se condenase a las citadas administraciones a adoptar el Plan de prevención de riesgos laborales para la Fiscalía y todos los fiscales que trabajan en la misma, contratando en el plazo de 2 meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido.
El 19-N, conciliación y juicio
La demanda presentada por APIF ha sido admitida por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. En un decreto firmado por la jueza Marta Jaureguizar Serrano el pasado 2 de diciembre, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se señala el acto de conciliación el próximo día 19 de enero de 2022 ante el Letrado de la Administración de Justicia. El escrito establece también la celebración de un juicio, a continuación, si no hay un acuerdo entre las partes.
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales afirman a Vozpópuli que el Ministerio de Justicia no aceptará la conciliación y que, por tanto, ese mismo día 19, comenzará un juicio en el que tanto el organismo dirigido por Pilar Llop, como la Fiscalía General del Estado y doce comunidades autónomas deberán dar las explicaciones oportunas.
En el citado decreto, la Sala de lo Social designa a Ramón Gallo Llanos como Magistrado-Ponente y advierte a las diferentes partes de las consecuencias de no presentarse al juicio.
En ese sentido, afirma que "los actos de conciliación y juicio no se suspenderán por incomparecencia del demandado". Además, deberán "concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse".
Primera comparecencia confirmada
Las fuentes consultadas por Vozpópuli advierten que no se producirá la imagen de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entrando en la Audiencia Nacional a declarar. En ese sentido, afirman que la citación se ha dirigido a los organismos que dirigen, y no a sus titulares. Por tanto, añaden, "lo lógico es que deriven el asunto a sus equipos".
En todo caso, ya hay una primera comparecencia confirmada para el juicio. En el Auto separado firmado por José Pablo Aramendi como presidente de Sala, y los magistrados Emilia Ruíz-Jarabo y Ramón Gallo, se cita al fiscal responsable de Siniestralidad Laboral y presidente de la comisión que se ha formado de prevención de riesgos laborales (o persona que le sustituya a la fecha de la
celebración del juicio).
El mandato es que "comparezca en el día y hora señalados para el acto del Juicio, el 19/01/22 a las 10:00 horas, bajo los apercibimientos legales en caso de incomparecencia, y sin perjuicio de declaración de pertinencia en el acto del Juicio".
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