Javier López Madrid quería echar por tierra todo un año de investigaciones en el caso Lezo. Su defensa pedía anular los últimos 12 meses del procedimiento porque no le habían notificado el cambio de un perito. Pero el argumento no ha convencido al juez, quien ha rechazado la solicitud y, con ella, la intención del empresario de dilatar la causa.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga al yerno de Juan Miguel Villar Mir desde abril de 2017, cuando fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde entonces se le acusa de haber entregado la mordida de 1,4 millones de euros al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a cambio de la adjudicación de la obra del tren Móstoles-Navalcarnero.
El pasado 5 de mayo, tras dos años de procedimiento, el letrado de López Madrid presentó ante el magistrado Manuel García-Castellón una petición para que se anulara todo lo actuado desde abril de 2018. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, argumentó que el nombramiento de una nueva perito en la causa sin la correspondiente notificación a todas las partes generaba una indefensión a su cliente.
"Algo no se está haciendo bien"
"Esa ausencia de notificación de relevantes trámites procesales, manteniendo a una parte procesal ajena al devenir de la causa, constituye ya manifestación indiciaria de que algo no se está haciendo bien, con la consecuente afección potencial al derecho de defensa", señaló el abogado.
El empresario se quejó por haberse enterado del cambio ocho meses después, al recibir una notificación sobre la designación de la nueva perito "sin que se supiese a qué respondía tal salto en las actuaciones". Desde la defensa insistieron en que con este comportamiento se había "vulnerado abiertamente la igualdad procesal como principio constitucional esencial del proceso", ya que la Fiscalía sí había sido notificada puntualmente y ellos no.
La defensa de López Madrid denunció que se había "vulnerado abiertamente la igualdad procesal"
"Sabido es que los actos de comunicación procesal -notificaciones, citaciones y emplazamientos- tienen un significado instrumental que los hace indispensables para la vigencia del derecho a la tutela judicial efectiva", apuntó López Madrid en su intento de subrayar su situación de desamparo legal.
"No se ha producido indefensión"
Aunque la Fiscalía ha reconocido la "anormalidad" de la omisión de las notificaciones, ha considerado improcedente la declaración de nulidad porque, "en este caso, no se ha producido una efectiva indefensión". La defensa del acusado ha cargado contra el ministerio público por incluir en su escrito dicha conclusión "de forma apodíctica, en cuanto no se razona".
Finalmente, el juez García-Castellón ha coincidido con la explicación de los fiscales y en un solo párrafo ha desestimado la petición del imputado. La medida representa un nuevo varapalo a López Madrid, quien desde que se inició la investigación en la Audiencia Nacional ha intentado dilatar el procedimiento.
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