La capacidad de influencia de Ada Colau sobre la izquierda española no tiene parangón. Más allá de su capacidad de presión en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez; así como las cuotas de poder que ostenta en el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de la ciudad condal; y junto con la presión que ejerce en el Parlament para apoyar o no unos presupuestos autonómicos de Pere Aragonés; los tentáculos de Colau para influir en la política española se extienden a otros rincones del país como la Comunidad Valenciana.
Así lo evidencian los nombramientos fallidos que realizó la propia alcaldesa para dirigir la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, que creó en 2015. Su primer director fue el actual responsable de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), Joan Llinares, quien siempre ha mostrado una gran sintonía política con Colau. De hecho, en el perfil de Facebook de Llinares se constata la afinidad entre ambos con la difusión de contenidos muy próximos al partido de la alcaldesa, Barcelona en Comú.
Sorprendentemente, en otras publicaciones se ve incluso como Llinares llega a deslegitimar la neutralidad de la justicia y a acusar a la policía de estar “al servicio de la mafia”. Circunstancias de la vida, Llinares borró toda su huella digital en redes para que no se le vinculase con el entorno de Podemos a la hora de aspirar a ser designado director de la AVA, dado que uno de los requisitos indispensables para el cargo era concurrir con los principios de independencia y objetividad.
A pesar de que difícilmente Llinares cumpliría con estos requisitos, finalmente no tuvo ningún problema para acceder a dicho puesto en 2017, gracias a las presuntas injerencias de Colau y la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra (Compromís), para favorecer su nombramiento. Llinares logró reunir los votos necesarios en las Cortes Valencianes por parte de los partidos de izquierdas que integran el pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) para alzarse como director de la AVA.
En Barcelona, Llinares ostentó el cargo como responsable de la Oficina de Transparencia del consistorio de la capital catalana apenas dos años, entre 2015 y 2017, para dar el salto después a Valencia como director de la Agencia Antifraude. Un año antes, Llinares, a propuesta de Colau, nombró a su número dos de la oficina municipal, que posteriormente en 2017, sustituirá a Llinares al frente de este organismo del Ayuntamiento. Se trata de Silvia Vèrnia, una funcionaria municipal, que primero entró como directora de análisis de la recién estrenada oficina y luego como máxima responsable del ente.
Lo cierto es que el nombramiento de Vèrnia, al igual que el de Llinares, no fue casual, ya que ella también había presentado claros vínculos ideológicos con la formación morada, Barcelona en Comú. En 2013, ella participó junto con Colau y su pareja, Adrià Alemany, en la elaboración de un informe sobre la falta de viviendas en España, que fue publicado por el antiguo empleador de la alcaldesa, el Observatori DESC. Además, la simpatía de Vèrnia por Colau va aún más allá ya que por su rastro en las redes sociales se constata que está interesada en cuestiones ideológicas próximas a la alcaldesa, tales como la tributación en el sector del agua y su regulación.
A la salida de Joan Llinares del Ayuntamiento de Barcelona con destino a la Agencia Valenciana Antifraude, también se sumó la de Silvía Vèrnia, que siguió los pasos de Llinares, que la fichó para ir a la AVA como directora de Prevención, Formación y Documentación. En consecuencia, la dirección de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas de la ciudad Condal quedó decapitada, así como su estructura interna, dado que Colau tras la marcha de Vèrnia en 2018 no ha designado a ningún sustituto y se ha acabado desintegrando.
La influencia de Colau se presume que llegó hasta tal punto en la Comunitat Valenciana que pudo recomendar a Vèrnia ante Mónica Oltra para que ocupara un puesto en la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana, controlada por Compromís, como jefa del servicio de Infraestructuras y Calidad en la Dirección Territorial de Valencia, después de que abandonara la AVA en junio de 2021.
Opacidad con la transparencia municipal
Al hilo de los nombramientos de los ex responsables de la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Barcelona que acabaron en organismos públicos autonómicos de la Comunidad Valenciana, destaca la pobre gestión que desarrollaron en el consistorio de la capital catalana.
En un inicio, la puesta en marcha de la Oficina nació prácticamente enquistada dado que echó a andar con claros signos de parcialidad a través de su consejo asesor de expertos independientes. En realidad, ese consejo nunca estuvo formado por integrantes que puedan llamarse “independientes”, ya que algunos de sus miembros eran representantes del mundo político y del activismo de izquierdas. Este es el caso del exdiputado del partido independentista radical de la CUP, David Fernández, el miembro de la plataforma anticapitalista Auditoría Ciudadana por la Deuda, Enric Pons, o la defensora de derechos digitales de la plataforma XNet, Simona Levi.
Otras de las chapucerías con la que vino al mundo la Oficina de Transparencia de Colau fueron los criterios con los que se establecería los nombramientos de los integrantes del cuerpo funcionarial que velaría por la ejecución de los objetivos de este organismo. A pesar de que se dijo que se darían a conocer con luz y taquígrafos dichos criterios, para colmo, éstos nunca llegaron a conocerse públicamente. Es más, de los 56 funcionarios que se preveían en un inicio, en la actualidad solamente hay 4 que trabajen a pleno rendimiento en una oficina que tras la marcha de Vèrnia en 2018, ha sido minimizado e integrado como un apéndice dentro del variado abanico de responsabilidades de la concejal socialista Laia Bonet.
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