Alberto Luceño y Luis Medina han cumplido con la Justicia y han comparecido para ser interrogados por el caso Mascarillas. Los empresarios han repetido en líneas generales la tesis defendida hace un año en la Fiscalía Anticorrupción y han negado irregularidad alguna con su gestión en este contrato con el que se repartieron seis millones de dólares en comisiones. Luceño, considerado el cerebro de la operación, ha precisado que él se llevó un 47% en ganancias. "En nuestro trabajo es un porcentaje normal", ha precisado ante el juez.
Los socios, imputados por delito de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental, han respondido únicamente a las preguntas planteadas por el magistrado Adolfo Carretero y sus defensas letradas. De acuerdo con las actas de sus declaraciones, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, los empresarios han insistido en que su voluntad fue colaborar con el Ayuntamiento en el peor momento de la crisis sanitaria y cobrar un porcentaje razonable por ello.
En lo que respecta a Luceño ha vuelto a erigirse como el agente exclusivo de Leno; la firma que suministró mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento de Madrid. Según ha precisado, Medina actuó como "facilitador" ya que le puso en contacto con el consistorio madrileño y él fue el agente de la firma malaya. En relación a las comisiones repartidas (que en su caso fueron de cinco millones de dólares), el empresario ha dicho que no sabían el porcentaje que iban a ganar hasta que no se cerró la operación.
"Mi intención era ayudar y cobrar"
Una tesis que choca con la mantenida por la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público sostiene que los dos socios inflaron el precio de las partidas para incluir, en el mismo, el porcentaje de sus comisiones. Luceño ha defendido hoy ante el juez que vieron "el margen de retribución" una vez cerrada la operación por este contrato de 11 millones de dólares. "Mi intención era, en parte, ayudar al Ayuntamiento y por supuesto cobrar por mi trabajo", ha dicho.
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El juez le ha preguntado específicamente por la mala calidad de los guantes y los test recibidos por el consistorio. Al respecto Luceño ha admitido que la responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, le mostró su malestar por estas partidas y que él, en respuesta, contactó con el proveedor malayo para intentar solventar la situación. Sobre las sospechas de Collado de que les habían estafado por el alto precio que pagaron de los guantes (un 81% más del valor real), el empresario ha insistido en que es "imposible" que los encontrara más baratos en el supermercado.
"Todo lo hice con San Chin Choon"
Del mismo modo ha negado que actuara a espaldas de su socio, pese a que la Fiscalía Anticorrupción ya expuso en su querella que Luceño se quedó con comisiones más elevadas de cada partida ocultándoselo. "Yo no engañé a Medina", ha dicho a preguntas del magistrado, a quien también ha hablado de San Chin Choon. Se trata del proveedor malayo al frente de Leno con el que cerró el negocio y a quien la Fiscalía Anticorrupción ha estado buscando más de un año sin éxito alguno.
“Todo lo hice con San Chin Choon. En 2018 firmamos los documentos”; ha dicho. Su testimonio no ha servido para convencer a los investigadores acerca del papel de este empresario, ya que tanto Fiscalía como magistrado han mostrado serias dudas en relación al dueño de Leno, máxime cuando tras librar comisión rogatoria a Malasia han sido incapaces de localizarle.
Antes de Luceño, ha comparecido Medina. El hijo de Naty Abascal -que también declara por delito de alzamiento de bienes- ha llegado a los juzgados ante una gran expectación mediática, aunque ni a su llegada ni a su salida ha respondido a las preguntas de los periodistas. Ya dentro del juzgado ha reiterado la declaración que prestó en abril de 2021 en Anticorrupción, aunque con matices.
Medina: Llamé a Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender. Imaginé que me podría dar un contacto con el Ayuntamiento
En este caso ha negado que se sintiera engañado por su socio y ha precisado que éste le fue informando de las gestiones. Sobre las comisiones ha contestado que en principio le tocaba el reparto que cobró (poco más de 900.000 euros) y que el monto se lo remitió Leno desde Malasia. Con todo, ha reiterado que no conoce de nada a esta firma de material sanitario y que su labor se ciñó a poner en contacto a Luceño con el Ayuntamiento. Ello lo consiguió, ha recordado, tras ponerse en contacto con el primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida.
"A mi me pasan el contacto de Carlos Martínez-Almeida y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto con el Ayuntamiento", ha dicho el hijo del fallecido Duque de Feria en referencia a Elena Collado, la responsable de compras del consistorio con la que contactó para proponerle el acuerdo comercial.
"No hay un euro en el extranjero"
Tanto Medina como Luceño han aprovechado su comparecencia para evitar las acusaciones de un posible alzamiento de bienes. El magistrado imputó al primero de ellos este delito tras constatar que en sus cuentas bancarias solo tenía 247 euros; hecho que impidió que procediera al embargo preventivo de parte de las comisiones repartidas con el contrato, como así lo había pedido Anticorrupción.
Medina ha dicho hoy que invirtió el dinero en la compra de un yate y en bonos por 400.000 euros insistiendo en que no pensó que hiciera nada irregular con este movimiento de dinero. "No tengo intención de defraudar nada. Estoy haciendo todo lo posible para evitar el alzamiento de bienes. No hay un solo euro en el extranjero"; ha matizado. Frente a su tesis, los investigadores mantienen que habrían podido blanquear las "ilícitas" comisiones con la compra de un yate en el caso de Medina y, en el de Luceño con una vivienda de lujo en Pozuelo, una docena de coches de alta gama y tres Rolex.
Aunque ambos se han opuesto a que el juez adoptase las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares de PSOE, Más Madrid y Podemos, el magistrado Adolfo Carretero ha terminado por retirarles el pasaporte y ordenar su comparecencia quincenal en el juzgado. El instructor considera que la gravedad de los delitos que se les imputan acarrean penas de prisión tan elevadas que no elude la posibilidad del riesgo de fuga ni tampoco de reiteración delictiva.
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