Para municipalizar servicios que hayan estado siendo gestionados por empresas y tomar la gestión directa de los mismo hará falta justificar muy bien por qué se hace. Así lo asegura Luis Míguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha participado junto a otros expertos en el libro 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos", prologado por el exministro Manuel Pimentel y en el que han participado otros expertos.
La oleada remunicipalizadora de los últimos años debería llamarse, según Míguez, de otra forma. "No es que el contratista privado pueda actuar como quiera, sino que los servicios son de titularidad pública y la empresa debe actuar de acuerdo a sus condiciones", por lo que no se municipalizan servicios sino que más bien se opta por gestionarlos directamente desde la administración.
Sin embargo, puntualiza, "el ayuntamiento tiene que acreditar que su gestión directa es mejor que una gestión privada, lo cual no vale con decirlo sino que hay que acreditarlo con un informe del interventor o interventora".
Los últimos cambios legales han hecho que ya no valga con aludir a un "interés público" que deja espacio a la arbitrariedad, sino que las administraciones tienen que demostrar que lo van a hacer mejor, algo que en los casos de remunicipalización observados hasta ahora sobre todo por partidos próximos a la órbita de Podemos, no siempre se han tenido en cuenta.
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