Cinco días. Ese es el plazo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, puso ayer como plazo para que toda la documentación que ha pedido sobre las finanzas del PP esté sobre su mesa. Un auténtico toque de atención que tiene varios destinatarios. Por un lado, los que menciona expresamente en su auto: la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas y Génova 13, a los que reclama numerosos datos contables, además de recriminarles que hasta ahora no hayan respondido a la petición que les había hecho en este sentido la Fiscalía Anticorrupción. Y, por otro, el también juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, con quien desde hace días pugna por instruir el caso de los papeles del extesorero Luis Bárcenas.
Ruz plantea la investigación del caso a imagen y semejanza de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, su gran aliada frente a Gómez Bermúdez
De hecho, su escrito es todo un guiño a su gran aliado en esta pugna 'de togas', la Fiscalía Anticorrupción, quien abiertamente apoya que la causa sobre la supuesta contabilidad B de los 'populares' siga en sus manos. El auto no sólo respalda las medidas que ésta solicitó mientras la investigación eran sólo unas diligencias previas en sus manos, sino que las hace suyas y acepta seguir el camino marcado por ella para encarar la investigación. Nada de llamar como imputados a los empresarios que aparecían en la documentación como supuestos donantes del PP, como hizo el juez Gómez Benítez tras aceptar la querella presentada por IU. Anticorrupción calificó dicha citación como "innecesaria y desproporcionada" y Ruz ha optado por idéntico orden de comparecencias que marcó la Fiscalía en febrero: primero Bárcenas y su antecesor en la tesorería del partido, Álvaro Lapuerta. Luego, ya se verá...
Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 se ha anticipado a su compañero de la Audiencia Nacional para la toma de las declaraciones de los dos exdirigentes del PP. Si éste les citó para el 25 de marzo, el juez Ruz lo ha hecho para el próximo día 21. Cuatro días de adelanto que ofrecen también a los dos imputados en bandeja el argumento para negarse a prestar declaración cuando acudan ante Gómez Benitez: podrán decir que los hechos sobre los que se les pretende interrogar ya están siendo investigados por otro magistrado y que, por tanto, declinarán contestar a sus preguntas. Por si acaso, la Fiscalía ya había echado una mano al titular del Juzgado número 5 al presentar ante su 'rival' un recurso de reforma que obliga a éste a paralizar momentanemente la práctica de algunas diligencias mientras se resuelve.
El futuro profesional de Ruz
Fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan que con esta maniobra Ruz toma clara ventaja en una pugna que, recalcan, "es vital para su futuro profesional. Deberá dejar su puesto en la Audiencia Nacional en septiembre al titular del juzgado [el ahora miembro del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona] y lo último que quiere es volver a su plaza en Collado-Villalba (Madrid)", destacan estas fuentes. En la propia Audiencia Nacional se considera poco probable, aunque no imposible, que se le permita mantenerse en el tribunal como juez de apoyo para continuar instruyendo los sumarios que actualmente lleva, entre ellos el caso Gürtel, por lo que algunas fuentes apuntan que si consigue mantener la instrucción de la causa de los papeles del PP "sumaría puntos delante de quién debe tomar la decisión para encontrar un destino más acorde con sus aspiraciones".
No obstante, ls resolución de la disputa sobre quién debe instruir la causa puede retrasarse aún un mes si, como parece, ninguno de los dos magistrados da su brazo a torcer. Todo el mundo da por descontado que Gómez Bermúdez rechará el recurso de la Fiscalía y que ésta irá a la Sala de lo Penal con uno de apelación. Será finalmente ésta, posiblemente en pleno, la que decida cuál de los dos magistrados lleva la riendas de las pesquisas. Un mes, por tanto, en el que ambos jueces seguirán maniobrando para ganar posiciones con escritos jurídicos. Un terreno ideal para que gane tiempo un imputado marrullero como ha demostrado ser Bárcenas hasta ahora.
Rapapolvo por lentos
El auto de ayer de Ruz también tiene otra lectura más evidente, pero no por ello menos signficativa: el rapapolvo que el escrito judicial propina al PP y a los dos organismos público a los que solicita la información. A los tres les da sólo cinco días para que le remitan la documentación contable tras recordales que la misma ya se la había solicitado la Fiscalía Anticorrupción el 12 de febrero tras abrir sus diligencias. Mäs de un mes después no se la habían remitido. El juez quiere ahora que cumplan con la instrucción judicial en cinco días "a partir de su recepción", lo que implica que la misma deberá estar la próxima semana como muy tarde. Y no es poca. Así, la Tribunal de cuentas le ha perdido toda la contabilidad presentada por el PP correspondiente al periodo 1990-1999, así como "las comunicaciones de las donaciones recibidas" por el partido en los últimos 21 años, y la identificación de las cuentas bancarias destinadas a recibir este dinero en el mismo periodo.
El juez ha pedido a Hacienda, al Tribunal de Cuentas, a la tesorera del PP y al Senado que le entreguen en cinco días lo que no entregaron en un mes a la Fiscalía
A la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, le reclama la identidad de las personas que le antecedieron en el puesto, así como las que ocuparon las responsabilidades de gerente y de jefe de contabilidad de la formación, detallando las funciones de cada cargo y durante qué periodos ocuparon los mismos. También le pide el extracto de los movimientos de la cuenta de donativos del partido "con el detalle de los ingresos y gastos habidos en los ejercicios de 1990 a 2011", así como la identificación de dichas cuentas. También le pide el desglose de las cuentas de cajas y bancos utilizadas por la formación para su contabilidad desde 1990. A Navarro no sólo le recuerda que toda esta información no sólo se la pidió la Fiscalía el 12 de febrero pasado, sino que incluso se la reiteró dieciséis días después y que, pese a ello, no se la remitió.
El tercer 'damnificado' directo del puñetazo en la mesa es la Agencia Tributaria y, más en concreto, su directora general, Beatriz Viana. Este organismo ya fue requerido por la Fiscalía Anticorrupción para que remitiese información sobre las cuentas del PP y, aunque ya contestó a los requerimientos, su respuesta no ha sido del agrado ni del Ministerio Público ni del propio magistrado. De hecho, éste no sólo exige a Hacienda que le envíe los datos "sobre las retenciones e ingresos a cuenta presentado por el Partido Popular (Modelo 190)" en formato electrónico, sino que pide a Beatriz Viana que "sean aclarados los términos" del escrito que su gabinete trasladó al juzgado el pasado 8 de marzo en el que se limitaban a decir que no se podían facilitar gran parte de los datos solicitados por los investigadores.
Entre ellos, el juez recuerda en el escrito que se encontraba la información sobre las donaciones realizadas y recibidas por la formación entre 1990 y 2002, los cheques cobrados en efectivo en el periodo 2002 a 2005 y las operaciones en efectivo de las cuentas bancarias de los 'populares' entre 1990 y 2005. También le exigía explicaciones sobre la falta de respuesta a la solicitud de las delaraciones de ingresos y pagos en sus relaciones con terceros y las declaraciones de IVA y del Impuesto de Sociedades.
Incluso el presidente del Senado, el popular Pío García-Escudero, cuyo nombre precisamente aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 10 millones de pesetas para arreglar su vivienda tras un atentado terrorista, ha recibido la amonestación por parte del juez. En concreto, el magistrado le reclama que remita "a la mayor brevedad las declaraciones originales de Bienes Patrimoniales presentadas por Luis Bárcenas Gutiérrez, senador de la VIII y IX Legislatura". La intención del juez Ruz es utilizar dichos escritos, que según reconoció el extesorero en su última declaración en el juzgado rellenó de su puño y letra, para contrastarlos con la letra que aparece en la supuesta contabilidad B del partido y permitir así a los expertos calígrafos determinar si es o no es el autor de las polémicas anotaciones.
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