La guerra abierta entre el Partido Popular y su extesorero Luis Bárcenas sigue sumando nuevos -y pintorescos- capítulos desde que saltara la polémica a finales de enero de este año. Esta semana se han producido dos nuevos capítulos, después de que el exsenador denunciase -de nuevo- a su partido, esta vez por 'maltrato laboral' y después de que, más de un mes después de lo anunciado, el propio Partido Popular haya decidido emprender acciones legales contra Bárcenas, que aparece como 'codemandado' por ser el supuesto autor de los papeles que publicaba el diario El País.
Este abierto enfrentamiento ha hecho que desde los primeros movimientos de uno y otro lado la guerra se haya trasladado también a los despachos de abogados. En este sentido resulta evidente que Luis Bárcenas ha ido siempre un paso por delante del Partido Popular, y es que según ha podido saber Vozpópuli, estaría siendo asesorado por la firma Bajo & Trallero Abogados, el despacho del catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Miguel Bajo Fernández. Con ellos trabaja también Alfonso Trallero, socio de Bajo y con más pericia en Derecho Penal Económico.
Tanto Bárcenas como el PP han escogido a expertos en Derecho Penal Económico: Miguel Bajo y Alfonso Trallero por un lado, y Alberto Durán y Adolfo Prego por otro
Miguel Bajo cuenta con una importante trayectoria centrada especialmente en delitos patrimoniales y económicos y está considerado como uno de los mejores penalistas de España. Entre sus trabajos más conocidos está el caso de las Torres Kio, con el que logró evitar el encarcelamiento de Alberto Cortina y Alberto Alcocer. Además, participó en el caso Gescartera, y aparece como letrado de la actriz Ana Obregón.
Otro de los puntos a tener en cuenta en el ‘equipo’ de Bárcenas, es la estrecha colaboración que ha existido en ocasiones entre Miguel Bajo y Silvina Bacigalupo, también profesora de la Universidad Autónoma de Madrid e hija del juez argentino Enrique Bacigalupo, otrora magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de tendencia progresista, que participó en procedimientos como el caso Filesa o el caso Marey.
El PP, 'a rebufo' de su extesorero
Más complicado lo ha tenido desde un principio el Partido Popular a la hora de emprender acciones legales o de encontrar el despacho de abogados que mejor se acomodase a sus pretensiones. Vozpópuli ha podido saber que el partido ha confiado en el responsable de los servicios jurídicos, Alberto Durán, para la reciente demanda interpuesta contra el periódico El País. Pero además, el PP está contando con el asesoramiento del bufete de Adolfo Prego, abogado personal de María Dolores de Cospedal, quien también habría contado con sus servicios para la querella individual que ésta interpuso.
Adolfo Prego, hermano de la periodista de El Mundo Victoria Prego y exmagistrado del Tribunal Supremo, es socio del despacho Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza, y también cuenta con una dilatada trayectoria en Derecho Penal Económico. En 1998 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo y poco después llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, entre 2000 y 2008. Entre sus méritos más conocidos está el ser ponente de la causa por los crímenes del franquismo contra Baltasar Garzón, antes de que en 2011 pidiera una exedencia voluntaria para abandonar el Supremo. Su nombre también se asoció en su momento a la defensa del duque de Palma, ahora imputado por el caso Nóos. Prego será además quien coordine todas las acciones judiciales, penales o civiles, que se pongan en marcha contra los medios de comunicación.
Los Populares han descartado la vía penal ante las primeras dudas sobre sus opciones de éxito y algún fracaso individual como el de Ana de Palacio
Pese a la puesta en marcha de las denuncias cruzadas, el Partido Popular parece ir siempre por detrás de Bárcenas desde que empezaran a buscar un prestigioso bufete que representara sus intereses. Los Populares buscaban expertos en Derecho Penal, pero habrían 'recibido calabazas' de sus primeros tanteos. Una de las razones esgrimidas habría sido la poca viabilidad de la pretensión del PP, especialmente en vía penal.
Quizá sea por estas primeras negativas por lo que la formación política haya tardado más en dibujar su estrategia judicial, y cuando lo ha hecho, ha sido evitando la vía penal. Lo cierto es que incluso el presidente del Gobierno ha dejado claro que no iniciará ninguna acción legal contra Bárcenas. Además, quienes han intentado actuar de manera individual, como la exministra Ana de Palacio -que se querelló contra el extesorero por presunto delito de falsedad documental- ya han visto la poca eficacia de sus actos, ya que el juzgado acordó la inadmisión de su querella. No se sabe aún si correrá la misma suerte Cospedal, que también ha demandado a Bárcenas y El País para defender su honorabilidad.
El tercero en discordia
Por su parte el diario El País, principal demandado por el Partido Popular tras publicar la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas, ya que éste aparece como 'codemandado' por ser el supuesto autor de los papeles publicados, no ha querido hacer declaraciones al respecto sobre el despacho jurídico que defenderá sus intereses. "Vamos a seguir como hemos hecho hasta ahora. No hemos vuelto a decir nada sobre este asunto, y lo que hagamos lo haremos del mismo modo: a través de nuestras páginas", respondían a las preguntas de Vozpópuli.
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