Las opiniones que sobre el ‘caso Bárcenas’ se recogen entre algunos altos cargos del Gobierno mezclan la incredulidad con un temor fundado a que el escándalo derive en una grave crisis política. Para los optimistas, los menos, María Dolores de Cospedal y su equipo de confianza tienen, por fin, una oportunidad de oro “para limpiar el partido”. Para los pesimistas, la mayoría, el peor de los escenarios se ha cumplido, pues tres años después de que el ex tesorero del PP dejara el cargo por su imputación en la trama Gürtel, de la Audiencia Nacional ha salido una bomba de relojería que ha quedado instalada, se desconoce durante cuanto tiempo, en el corazón de Génova, 13: cuentas millonarias en Suiza y en Estados Unidos que, según rumores sin confirmar que circulan en el partido, pueden haber acumulado hasta 40 millones de euros.
Las opiniones viajan entre quienes creen que Cospedal tiene una oportunidad de oro para "limpiar el partido" y quienes consideran que el peor de los escenarios se ha cumplido
Luis, como le llamaban en la sede del PP con tono bien solemne muchos de los que han ocupado cargos en su ejecutiva durante las dos últimas décadas, ha caído en la tentación de “morir matando”. Así se interpretan las filtraciones sobre los supuestos sobresueldos que el ex gerente pudo haber abonado a altos cargos de Génova durante los años en los que permaneció en su puesto, 15 de ellos como ayudante del ex diputado Álvaro Lapuerta –“todo un señor, a ese sí que no le hacía falta el dinero porque le sobraba de familia…”, y el resto como guardián exclusivo de la llave de la tesorería.
Esta es una de las hipótesis que más inquieta entre los altos cargos del Ejecutivo porque si se demostrara cierta, si en realidad se confirmara que Bárcenas se siente desabrigado por los suyos y ha decidido “invitar al baile a los que participaron con él en la fiesta”, entonces la situación estaría totalmente fuera de control y se antojaría imposible de gestionar por la secretaria general, en cuyo tejado colocaron este viernes la pelota desde la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cauta a la hora de evitar poner la mano en el fuego por nadie, hasta otros dirigentes del partido convocados a la intermunicipal de Almería. “La situación es compleja y puede terminar comprometiendo a muchas personas conocidas, esto puede convertirse en un campo de minas”, reconocen fuentes del PP.
Una de las hipótesis que más inquietan en el Gobierno coloca a Bárcenas en la tesitura de "morir matando", dispuesto a poner el ventilador para destapar a todos los que participaron en sus correrías
El problema se agrava porque, a la indigestión que ha causado el alboroto en las filas populares, se suma el misil que ha lanzado sobre la estrategia con la que el Gobierno confiaba en desactivar, al menos parcialmente, el desafío soberanista en Cataluña, protagonizado por el núcleo del nacionalismo ligado íntimamente a la familia Pujol, el más involucrado en los presuntos casos de corrupción, la evasión de capitales y el trapicheo en las alcantarillas. En medios del Gobierno se confiesa que después de lo que se ha conocido hasta ahora en el ‘caso Bárcenas’, cualquiera de las condenas oficiales que se han escuchado en las últimas semanas en los perímetros del PP a personajes como Oriol Pujol o el propio Artur Mas, quedan en papel mojado y, lo que es peor, pierden toda efectividad para el futuro. Parecido deterioro pueden sufrir en adelante las frecuentes apelaciones del Gabinete de Rajoy a las ventajas de abrir las ventanas e introducir aire fresco en la vida pública en aras de la decencia, la transparencia y la austeridad.
La acción del Gobierno puede haber quedado minada en otros muchos frentes, más allá del que afecta al reto independentista en Cataluña, reconocen las mismas fuentes. A pesar de los brotes de optimismo que se perciben en el equipo económico por la calma con la que se ha estrenado el año en los mercados, está próxima a salir una EPA explosiva con más de seis millones de parados, falta por introducir un ajuste de caballo en las plantillas de la mayoría de las empresas públicas, estamos en vísperas de una nueva reforma de las pensiones, hay una descoordinación evidente, cada vez más ruidosa, entre el Gobierno y las comunidades autónomas y, por si fuera poco, tenemos a los sindicatos volcados en una senda de confrontación que puede precipitar una nueva huelga general para la primavera. Por no hablar del malestar ascendente por la subida de impuestos.
El escándalo surge en un momento crítico: desafío soberanista en Cataluña, una EPA explosiva con más de seis millones de parados, nueva reforma de las pensiones y sindicatos volcados en la senda de la confrontación con el Gobierno
Nadie en el Gobierno, tampoco en la oposición socialista, se atreve a reflexionar en alto sobre las razones que han impedido hasta ahora un estallido social, pero todo el arco político intuye que si el discurso parlamentario en el nuevo periodo de sesiones que está a punto de comenzar no conecta con la temperatura de la calle, contribuirá a abrir una brecha insalvable con los ciudadanos. Rubalcaba diagnosticó públicamente hace una semana que la democracia española “está profundamente herida por la corrupción” mientras el PSOE ha forzado la convocatoria para el próximo martes de una Diputación Permanente en el Congreso en la que exigirá la comparecencia de Rajoy y de siete ministros. Sobre el papel, la sesión no comportará problema alguno para la mayoría absoluta del PP, pero el presidente no tendrá mucho tiempo para escabullirse porque dentro de un mes, el 20 de febrero, tendrá que lidiar su primer debate sobre el estado de la nación al frente del Gobierno, una cita a la que puede acudir profundamente deteriorado o, por el contrario, sobreviviendo una vez más a las inclemencias luciendo su valioso perfil. Quien le iba a decir a Rajoy que a los trece meses de su mudanza a La Moncloa el principal dolor de cabeza le iba a llegar de nuevo del interior de Génova, donde tantas batallas ha tenido que librar hasta imponer su autoridad.
