Tres veces más que el máximo legal permitido. Luis Bárcenas contó al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, en el encuentro que ambos mantuvieron antes de que el extesorero del PP ingresara en prisión, que un empresario, ya imputado en la causa abierto por la supuesta contabilidad opaca del PP, quiso ingresar en las arcas del partido 300.000 euros antes de una de las elecciones que se celebraron en 2011. Así lo ha asegurado el periodista tras comparecer durante más de dos horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz. Durante su declaración, Pedro J. Ramírez se ha acogido en varias ocasiones al secreto profesional para no revelar detalles de cómo llegaron a sus manos los papeles originales con los apuntes contables ni las circunstancias de su reunión con el exsenador.
Según el director de El Mundo, Bárcenas le aseguró que era un "modus operandi sistemático" que los empresarios llevaran el dinero al despacho de Álvaro Lapuerta, máximo responsable de las finanzas de Génova 13 y que, luego, éste lo hiciera llegar a los altos cargos del partido, entre ellos el propio Mariano Rajoy, a los despachos de los ministerios que ocupaban en el primer Gobierno de José María Aznar. Según el extesorero, los sobresueldos en 'B' lo cobraban únicamente los dirigentes del partido. Al resto se lo abonaban dentro de la contabilidad oficial en diferentes conceptos dentro de la legalidad.
Un modus operandi extendido en el tiempo que hizo que en 2011, cuando Lapuerta y el propio Bárcenas ya no estaban formalmente al frente de las finanzas de la formación política, un empresario acudiese a ellos para hacer una donación que era tres veces mayor que los 100.000 euros que como máximo permitía la ley. Siempre según el relato de Pedro J. al juez, el extesorero le dijo que derivaron a este donante al entonces tesorero del PP, José Manuel Romay Beccaria, aunque no le concretó si finalmente se realizó la entrega.
Lo que sí le recalcó Bárcenas es que el donante, del que no facilitó el nombre al juez aunque está entre la veintena de imputados, tenía mucho interés en que el "presidente" del partido conociera su contribución a las campañas electorales. Aquel año se celebraron elecciones municipales y autonómicas, y las generales que llevaron finalmente a Rajoy al Palacio de La Moncloa.
A pesar de lo llamativo de este episodio, el intenso interrogatorio del juez Ruz al periodista se ha centrado en los originales publicados por El Mundo y cómo llegaron a sus manos. El magistrado le ha preguntado si sabía en qué momento se habían arrancado las hojas del cuaderno y cuántas personas habían tocado las mismas antes de que las entregara al juzgado. También le ha planteado si tenía más documentos que afectasen a la causa, a lo que el periodista ha asegurado que ninguno más "con relevancia penal".
Sin abogados de Bárcenas
La declaración del director de El Mundo estuvo en el aire durante parte de la mañana ante la negativa de los que fueran hasta el lunes abogados de Bárcenas a asistir a la misma en representación de su antiguo cliente. Miguel Bajo y Alfonso Trallero, que también representaban en la causa a la mujer del extesorero, enviaron al juez Ruz un escrito en el que manifestaban que su intención era la de no asistir a la toma de declaración del testigo en representación del ahora preso ya que habían comunicado con anterioridad que dejaban de representarle.
Ante la falta de un abogado defensor de Bárcenas, varios de los abogados personados en la causa solicitaron que se suspendieran la toma de declaración por la ausencia de una defensa letrada para el extesorero. Uno de ellos fue Miguel Durán, defensor de otro de los imputados en la causa, Pablo Crespo, número 2 de la trama Gürtel y exdirigente del PP de Galicia. Durán, que ha visitado recientemente a Bárcenas en prisión y cuya entrada en escena ha coincidido con la decisión de Crespo de 'tirar de la manta', argumentó que la ausencia de la defensa de Bárcenas suponía un motivo de indefensión para éste y que, por tanto, podía suponer la nulidad de la actuación.
Sin embargo, el juez Ruz optó finalmente por seguir adelante. En su decisión contribuyó de modo significativo la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que rechazó retrasar las diligencias en marcha con el argumento de que "la aparición de documentos que con tanto ahínco se habían venido buscando" requería actuar con celeridad sin dejar que el procedimiento quedara en manos de uno de los imputados.
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