¿Qué tiene que ver la empresa uruguaya Tesedul con la fundación panameña Sinequanon? ¿Y con Impala Limited, de Islas Bermudas? La respuesta a estas dos preguntas se resumen en un nombre propio: Luís Bárcenas. El extesorero del PP es el punto de conexión entre nueve mercantiles fantasmas en las que figuran más 25 testaferros. Una compleja maraña que le sirvió para mantener durante años una fortuna de más de 22 millones de euros oculta para el fisco español y para, una vez descubierta, hacerla desaparecer. Junto al exsenador, aparecen dos personajes claves en toda esta sospechosa estructura: el despacho de abogados panameño Icaza, González-Ruiz & Alemán (ICRA) y el gestor español de fondos Iván Yáñez Velasco.
El primero de estos actores es, de hecho, un gran generador de empresas en el país centroamericano, según recoge el registro mercantil de este paraíso fiscal. El propio bufete presume en su página web de contar con filiales en otros 14 estados con leyes laxas en materia financiera. Incluso, presume de ofrecer a sus clientes soluciones “en la formación, operación y mantenimiento de múltiples estructuras de riesgo nulo de bancarrota incluyendo fideicomisos, sociedades, fundaciones de interés privado, compañías de responsabilidad limitada y en comandita”. Para Bárcenas, en concreto, ha creado al menos dos empresas y una fundación. Ésta última es Sinequanon, creada en 2005 y utilizada entonces por el extesorero para abrir la cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra donde llegó a tener un saldo de más 22 millones de euros.
Para ello, el despacho Icaza, González-Ruiz & Alemán utilizó como titular de la misma a otra empresa, Impala Limited, domiciliada en otro paraíso fiscal del Caribe, las Islas Bermudas. Una compañía que designó nada menos que a 14 personas de muy variopintas nacionalidades (hay un ugandés, dos canadienses, cinco británicos, una barbadense y otros cinco naturales de este estado insular) como firmas autorizadas para mover el dinero de las cuentas suizas. Entre este numeroso grupo de testaferros había cinco trabajadores de la filial en Bermudas del banco suizo Lombard Odier, una de las entidades donde le político español tenía cuentas. Uno de ellos, el gibraltareño William Jardim fue quien envió al Dresdner Bank la autorización para que Bárcenas pudiera mover el dinero allí acumulado a su antojo.
Un tal "Rodríguez"
El bufete utilizó para crear la Fundación Sinequanon una empresa creada por ellos en 1996, National Founders, al frente de la cual se encuentra otros tres presuntos testaferros: Harmodio Herrera, Carmen Barrios y Itzkra M. de Trute. Además de ellos, como “apoderado general” figura Ezequiel Ruiz Rodríguez, un ciudadano panameño que cargos similares en centenares de empresas en este paraíso fiscal. La Policía cree que este personaje es el mismo "Rodríguez" del que Bárcenas y los representantes de la entidad financiera helvética hablaron en noviembre de 2004 cuando el primero les planteó su intención, precisamente, de crear una fundación para ocultar sus fondos. Una nota interna del banco revelaba que Rodríguez era un "antiguo" empleado de la entidad que estaba ofertando 'por libre' sus servicios al político español.
Bárcenas utilizó una empresa uruguaya para acogerse a la amnistía fiscal y otra panameña para hacer llegar el dinero a España para pagar a Hacienda por ello
La trama panameña de la red creada por Bárcenas se vino en parte abajo en 2009, poco después de estallar el caso Gürtel. Desapareció Sinequanon. También cualquier referencia a Impala Limited. Y, aunque se mantiene operativa, no se vuelve a detectar la participación de National Founders. Eso sí, apareció una cuarta empresa, Granda Global SA, una empresa creada en Panamá el 8 de junio de 2009 y entre cuyos cargos directivos no aparece el político español, sino tres mujeres: Lilian de Muschett, Itzamará Madrid e Isolda Moran Anria. Las tres tienen en común que son empleadas del despacho de abogados panameño Icaza, González-Ruiz & Alemán. A través de esta empresa, que cuenta con una cuenta abierta en una sucursal de Bankia en Madrid, Bárcenas movió parte del dinero con el que a finales del pasado año intentó regularizar ante Hacienda sus fondos en el extranjero tras acogerse a la polémica amnistía fiscal.
La pérdida de protagonismo de Panamá en la estructura del extesorero del PP fue reemplazada por el aumento del de otro país hispanoamericano con una legislación ‘suave’ en temas económicos, Uruguay, donde también cuenta con oficina el bufete Icaza, González-Ruiz & Alemán. Cuatro empresas de este país aparecen a partir de 2009 de un modo u otro ligadas a los sospechosos movimientos financieros del político español. La primera de ellas es PTBex Sociedad de Bolsa, una firma de gestión de activos en el mercado de valores que es titular de una cuenta en el banco estadounidense UBS AG Stanford Branch a la que el 18 de marzo de 2009 el exsenador español transfirió un millón de euros desde su cuenta suiza.
Una sociedad de bolsa y su 'exprimidora' de limones
Esta empresa, que en septiembre de 2011 sufrió un pequeño cambio de denominación (ahora se llama PTBex Corredor de Bolsa), tiene un único empleado y propietario, el ciudadano uruguayo Diego Martínez Bernié, según reveló la revista Interviú. La compañía, con oficina en el centro de Montevideo, ya se ha visto implicada en otros escándalos de blanqueo, en concreto el que ha salpicado al vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, en un supuesto caso de corrupción. La segunda empresa uruguaya salpicada es Brixco SA, una compañía dedicada a la elaboración y venta de zumo de limón que comercializa en exclusiva la producción del latifundio de cítricos La Moraleja, situado en Argentina y propiedad de un viejo amigo de Bárcenas, el también extesorero Ángel Sanchís. Según la documentación remitida por las autoridades judiciales suizas, cuentas bancarias a nombre de Brixco SA también fueron destinatarias de transferencias desde los depósitos del extesorero tras el estallido del 'caso Gürtel', aunque sus directivos lo han negado desde que se supo. La tercera compañía es Lidmel Internacional, receptora de 500.000 euros en dos transferencias realizadas con menos de una semana de diferencia.
El exsenador sólo tiene una empresa a su nombre, Conosur Land SL, una mercantil española que asegura dedicarse a las "explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales"
La última mercantil de la trama aficanda sobre el papel en este país sudamericano es Tesedul SA, la empresa con la que el político español se acogió a finales del año pasado a la amnistía fiscal para 'blanquear' más de 10 millones de euros que aún tenía en Suiza. Dicha compañía aparece a nombre de Daniel Ángel Pérez Blanco y Cristina González Silvestri, un matrimonio de ciudadanos uruguayos con domicilio en Montevideo que ya se ha visto implicado en varias investigaciones judiciales en Sudamérica por su presunta relación con la creación de mercantiles 'fantasmas' para ocultar dinero negro y cobrar comisiones irregulares. Entre estos escándalos se encuentra el que sacudió Argentina a principios de este siglo y que llevó al expresidente Carlos Menem al banquillo de los acusados por un oscuro asunto de tráfico ilegal de armas en la década de los 90 desde su país a Ecuador y Croacia, dos países entonces en guerra.
Toda la trama empresarial de Bárcenas que tenía su enlace en España en la figura de Iván Yáñez Velasco, un gestor español de fondos que aparece en escena a mediados de febrero de 2009, al poco de estallar en caso Gürtel. Iván acudió entonces al banco suizo donde el extesorero del PP acumulaba 22 millones de euros con una carta firmada por éste en el que se le autorizaba a mover el dinero allí depositado. Fue él, según la documentación remitida por las autoridades suizas a la Audiencia Nacional, el que hizo las transferencias a tres empresas uruguayas. También es él quien aparece como firma autorizada en la cuenta que en España tiene la compañía panameña Granda Global SA. E, incluso, es su nombre el que aparece en el impreso entregado a Hacienda con el que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal con la pantalla de Tesedul SA.
Paradójicamente, la única empresa que aparece a nombre del propio Luis Bárcenas, Conosurland SL, parece tan fantasma como el resto de la trama. Esta compañía fue creada en mayo de 2011 y tuvo como primera sede la propia vivienda del exsenador, en el número 34 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara. De allí, la trasladó poco después al número 20 de la calle Conde Aranda, sede de la empresa Netchek, una de las empresas de la que Bárcenas aseguró en 2005 tener participaciones cuando fue interrogado por el banco suizo para que aclarara el origen de sus elevados fondos. Sin embargo, miembros de esta compañía han negado a este diario haber tenido relaciones societarias con Bárcenas y han asegurado desconocer por qué Conosur Land tiene fijado su domicilio social en la misma dirección de sus oficinas. Ni en la puerta ni en el buzón de esta compañía en el edificio que ocupa en el centro de Madrid hay tampoco referencias a la compañía de Bárcenas, que fue constituida con un capital de sólo 6.000 euros para, sobre el papel, dedicarse a las "explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales".
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