El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una nutrida remesa de 79 abogados para afrontar diversos litigios. Funcionarios de carrera, costear a los 79 letrados les sale a los madrileños por 3,2 millones de euros, a 40.000 por cabeza (si no fuera porque cada uno de ellos gana más o menos, según el escalafón que le corresponde). Pero en la alcaldía parecen no tener siempre en cuenta la existencia de este potente equipo. En el caso del Madrid Arena, Ana Botella ha contratado para defender el papel del Consistorio en la tragedia al vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, del despacho Rodríguez-Ramos. Así, la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, dependiente del Ayuntamiento y gestora del recinto del Madrid Arena, también se ha hecho con los servicios de otro reputado letrado, Nicolás González-Cuéllar. Rodríguez-Ramos y González-Cuéllar son ambos catedráticos.
Si bien es el caso más sonado, el del Madrid Arena no es el único ejemplo que demuestra que en el Palacio de Cibeles gusta más tirar de servicios externos antes que ahorrar utilizando al propio equipo. A finales de noviembre, la empresa local Madrid Arte y Cultura S.A. (Macsa) presentó un ERE gracias al Real decreto 20/2012 que afecta a 75 trabajadores, el 25% de la plantilla. Para preparar el expediente que hoy continúa negociándose, el Ayuntamiento contrató a los célebres despachos Ernst & Young –que presentó una memoria económica con errores- y Sagardoy, siendo el segundo uno de los bufetes que asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy en el diseño de la última reforma laboral, la cual permite despidos en las sociedades públicas.
A uno de los letrados del Madrid Arena lo contrató el Ayuntamiento y a otro la empresa Espacios y Congresos.
Hasta la fecha actual, este medio no ha podido confirmar más que esos cuatro ejemplos, aunque fuentes municipales alertan de que la contratación de onerosos despachos se está convirtiendo en una práctica común. El Ayuntamiento justificó hace semanas la presencia de los dos abogados catedráticos en el caso del Madrid Arena, y el martes volvió a hacer lo propio con el ERE de Macsa. En el primer caso, Villanueva afirmó que “la especialidad de los asesores jurídicos del Consistorio son los procesos contenciosos, básicamente”; por eso ha recurrido a penalistas, caso de Luis Rodríguez-Ramos.
Y con relación a Macsa, fue el martes durante una comisión municipal cuando la delegada de Cultura, Yolanda Bergareche, recalcó que “ante un tema tan importante y grave como el ERE se ha optado por rodearse de los mejores para tener el mejor criterio posible". Bergareche daba así a entender que “los mejores” no están en la asesoría jurídica del Ayuntamiento.
Según publicó Libertad Digital a finales de noviembre, el Ayuntamiento abonó 18.000 euros más IVA al letrado Luis Rodríguez-Ramos. No se sabe cuánto ha pagado Botella por los servicios de Nicolás González-Cuéllar, el abogado de Espacios y Congresos. Por otra parte, la memoria encargada a Ernst & Young salió por 17.000 euros y su precio no ha estado exento de polémica. Según fuentes sindicales, “el informe económico estaba plagado de errores y su contenido hacía imposible aplicar el ERE”. Finalmente, la negociación del expediente a través de Sagardoy Abogados le cuesta a las arcas municipales 20.500 euros. No obstante, Sagardoy está contratado desde hace ocho meses, por lo que sus honorarios probablemente sean muy superiores a esa cantidad.
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