"Mi hija sufrió disforia acelerada de género el año pasado. Como era muy pequeña, la llevé a un psicólogo y descubrimos que el verdadero problema era otro subyacente. Me da miedo pensar que si esto hubiese ocurrido con la nueva ley Trans en tramitación nos hubiesen podido quitar la patria potestad de nuestra hija", explica a este diario una madre de una niña con disforia, que prefiere permanecer en el anonimato y que conoce perfectamente el contenido de la ley.
Sus declaraciones, que se suman a la alarma de muchos expertos y familias que piden precaución con esta nueva (y polémica) ley, se basan en el punto 66.4 del proyecto de ley, en el que se dice que "la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor, como componente fundamental de su desarrollo personal, por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero". Esta ley a su vez, asegura que si se considera que un menor está en una situación de riesgo, se podrá evaluar la situación y la entidad pública competente podrá tomar decisiones que pueden incluir, entre otras cosas, retirar la patria potestad.
Además, en la modificación del artículo 164 se declara que "siempre que en algún asunto los progenitores tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él" y que "si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad".
"Es decir, que si un padre o una madre decide que no quiere cumplir, al menos en durante un tiempo, los deseos de sus hijos con disforia acelerada que solicitan un cambio de género a edad temprana, se le va a evaluar como padre y corre el riesgo de que le quiten la patria potestad, ya sea porque consideren que la situación para su hijo sea de riesgo o porque, en el caso de que el otro progenitor sí apoye al menor, tenga preferencia sobre él", denuncia esta madre, que forma parte de una asociación de madres con hijas con disforia acelerada de género, AMANDA.
Esta alerta de que con esta ley se puede perder la patria potestad es solo una de las muchas que realizan desde diferentes asociaciones, tanto feministas, como sanitarias como familiares. La agrupación AMANDA, de la que forma parte esta madre que también se encarga de la redacción de enmiendas (por lo que conoce la ley "al dedillo"), reúne estas tres características.
Su denuncia, que se suma a la de muchas organizaciones internacionales, es que "no hay que precipitarse en las operaciones de cambio de sexo", especialmente en edades tempranas, como solución a problemas cuya causa radica en otras razones. Su objetivo es "ayudar a que las madres y los padres respondan de una manera cuidadosa a la búsqueda de autoconocimiento por parte de sus hijas e hijos cuando pueden estar sometidos a la disforia de género de inicio rápido durante los complicados años que dura la adolescencia". Es decir, acompañar a esas familias con adolescentes que sufren por algún motivo en un camino que muy probablemente no tiene que acabar en un cambio de sexo.
Bajo su punto de vista, la autodeterminación de género, que actualmente no requiere ningún tipo de análisis médico y psicológico, (algo que va en contra de la propia OMS que sigue exigiendo diagnóstico para poder comenzar la transición), es un peligro, especialmente para los más jóvenes, ya que "en el 97% de los casos sus problemas de disforia no tienen que ver con un problema de identidad sexual sino con otros problemas subyacentes que deben solucionarse con un psicólogo y no con una operación permanente".
"No se puede meter todo en el mismo saco"
Además, las asociaciones que dan la voz de alarma, entre ellas AMANDA, denuncian que en esta ley se "mete todo en el mismo saco". "No es lo mismo una persona adulta que desde bien pequeña se ha sentido en un cuerpo erróneo y que ahora con la madurez de la edad y el paso del tiempo decida con cabeza y libremente transicionar, que un niño de 15 años que por problemas típicos de la adolescencia sienta disforia, algo que en muchos casos es puntual. No puede estar regulado de la misma manera. Y con esta ley, no hay diferenciación".
Por otro lado, se quejan de que en ningún apartado del proyecto de ley se hace referencia a tres realidades que demuestran el peligro que puede haber si no se tiene precaución: los detransicionadores (aquellos que se cambiaron de sexo y con el paso del tiempo volvieron al original porque se dieron cuenta de que la transición no solucionaba sus problemas), los desistidores (aquellas personas que en algún momento han sentido que tenían que cambiarse de sexo pero que terminaron aceptando su realidad o solucionando sus problemas por otras vías) o las personas con disforia de género acelerada (aquellos menores que durante su adolescencia muestran deseos de cambio de sexo pero que en realidad era un sentimiento temporal que nada tenía que ver con una necesidad sexual real).
La alerta de los médicos ante la disforia
Desde el mundo de la medicina también tienen mucho que decir. Como ejemplo, Celso Arango, Jefe del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón y expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, declaró que en 20 años de profesión vio cuatro casos de disforia de género y que solo en los últimos tres ha visto 400. En la presentación oficial de la agrupación MANDA en el Colegio de Médicos de Madrid, aseguró que "este último año el 20% de los adolescentes que tenemos ingresados dicen ser trans. Hemos llegado a tener "transiciones" en la propia planta del hospital. Algunas son niñas con TEA o Asperger. Para ellas declararse "trans" es su única esperanza de ser aceptadas".
Además, defendió que su experiencia en el mundo de la medicina, larga y avalada, le dice que "hasta el momento de maduración mental se considera que las personas deben ser protegidas de decisiones que pueden afectar al resto de su vida. Ya sea el tabaco o la cirugía de reasignación".
Por otro lado, los médicos denuncian que, al igual que ayer los padres, la ley les deja desprotegidos en los casos en los que, por algún motivo, decidan que la operación de transición no es necesaria y que el problema del paciente se puede solucionar por otras vías, como las consultas psicológicas.
En el artículo 75.4.d se califica como infracciones administrativas muy graves "la promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales". En el siguiente artículo se establecen además cuáles son las sanciones para todos aquellos que cometan una infracción muy grave, que van desde multas de entre 10.000 y 150.000 euros, inhabilitación profesional de tres años o la denegación, supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de subvenciones que la persona sancionada tuviera reconocidas.
Banalizar un problema serio
Desde el Foro de Renacimiento, una asociación de carácter nacional que realiza distintos grupos de trabajo, se suman también a las alertas de médicos, feministas y familias. Para su Presidente, Franciso Javier Hernantes de Diego, esta ley, y más concretamente la autodeterminación de género, es una "barbaridad absoluta, que pone en peligro los derechos de la mujer y que puede suponer una violación de derechos".
Además, Hernantes de Diego denuncia que se puede banalizar un problema serio de personas que verdaderamente sufren y se puede caer en el problema de que esta realidad, dura para mucha gente, se convierta en una moda que quite valor.
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