Una de las decisiones más mediáticas que tendrá que tomar el nuevo Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida es si elimina el tratamiento diferencial a los organizadores del Orgullo (AEGAL, COGAM y la Federación LGTB+) que entró en vigor bajo la gestión municipal de Manuela Carmena, permitiéndoles ahorrarse el pago de hasta unos 720.000 euros en posibles multas por ruido.
"Acuerdo de 6 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (...) para la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora en los eventos enmarcados en la celebración de la manifestación y las fiestas de Madrid Orgullo 'MADO' 2019, y se autoriza la suspensión de tales niveles durante dichos eventos", comienza diciendo la última de estas disposiciones municipales, encargada de 'proteger' la edición de este año.
El Gobierno de la exalcaldesa ha autorizado sistemáticamente que la fiesta pudiera llevarse a cabo sin arreglo a la normativa municipal de 2011 en términos de emisiones sonoras, excluyendo a los organizadores del pago de multas que crecieron año a año hasta 2016, el primero de Carmena, cuando alcanzaron los 180.000 euros.
Los organizadores defienden que el Orgullo genera más de 150 millones de euros para Madrid, el triple que la reciente final de la Champions
Pocos días antes de la fiesta de 2016, el Pleno del Ayuntamiento ya había aprobado declararla de "interés general", el argumento que utilizaría después la alcaldesa para la exención. "Carmena aprobó la excepcionalidad del evento. Nosotros pagamos todas las multas que nos han llegado con sentencia firme, no nos han perdonado nada", responden desde AEGAL a Vozpópuli cuando se les pregunta por si les han acabado 'perdonando' esos 180.000 euros. Preguntados por el total de sanciones y su pago, las mismas fuentes responden que "está todo más que pagado" después de que "se terminaran de pagar hace dos años las sanciones de la época de (Ana) Botella", de un valor total superior a los 400.000 euros.
Así las cosas, las eventuales multas 'perdonadas' oscilarían entre los 400.000 y los, al menos, 720.000 euros, que se derivan de multiplicar por los cuatro años de la gestión de Carmena (en el 2017, fue el World Pride) el valor de la sanciones de la última edición a priori sin exención.
Argumentos
Para justificar esta medida, el Ayuntamiento se ha apoyado, por un lado, en la puerta abierta que dejaba la Ordenanza de contaminación acústica de la era de Alberto Ruiz-Gallardón a que el Consistorio autorice, "por razones de interés general o de especial significación ciudadana o con motivo de la organización de actos con especial proyección oficial, cultural, religiosa o de naturaleza análoga, la modificación o suspensión con carácter temporal de los niveles máximos de emisión sonora".
Por el otro, el exequipo municipal ha recogido la declaración del Pleno del 29 de junio de 2016 en la que se pasa a considerar el Orgullo como de "especial significación ciudadana y de interés general para la ciudad de Madrid", a propuesta de Más Madrid y el PSOE, con el apoyo de Ciudadanos. En este inciso, sobresale el contraste con la actuación del Ayuntamiento respecto a la Feria de San Isidro, que también fue declarada por el Pleno madrileño como fiesta de interés general pero no ha disfrutado de exenciones al esgrimir el Consistorio que las fiestas no son cuantitativamente equiparables (600.000 'turistas' en mayo para las de San Isidro frente a los más de un millón de la fiesta del colectivo LGTB+ en ocho días).
Beneficios y quejas
En el caso del Orgullo, el equipo de Carmena ha accedido a aprobar directamente la suspensión de los límites de emisiones sonoras. En su argumentario, el Consistorio también ha expuesto "razones económicas y sociales" como la llegada de 1,5 millones de personas a la capital de España y su imagen de "ciudad abierta".
Los organizadores reivindican que deja más de 150 millones de euros en la ciudad - el triple, por ejemplo, que lo que generó la última Final de la Champions entre dos equipos ingleses en el Wanda Metropolitano -, aunque un estudio del BBVA rebaja la cifra a 24 millones. La Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid (AEGAL), encargada de la vertiente empresarial de la fiesta, recibe unos 800.000 euros públicos para la organización y promoción del Orgullo en Madrid a lo largo de todo el año.
En los últimos días, la plataforma vecinal del barrio envió una reclamación al nuevo alcalde para que frene lo que consideran que esconde una "ilegalidad"
Este beneficio económico y social choca, en cualquier caso, con los intereses de los vecinos de Chueca, el meollo de las movilizaciones. En los últimos días, la plataforma vecinal del barrio envió una reclamación al nuevo alcalde para que frene lo que consideran que esconde una "ilegalidad".
La nueva concejalía de Igualdad, en cualquier caso, depende del naranja José Aniorte Rueda, por lo que el asunto pone a prueba a la flamante coalición entre Cs y PP. Fuentes naranjas reconocen que el asunto es "polémico" y genera malestar en los vecinos pero evitan pronunciarse sobre futuras medidas. Desde el entorno de los populares también echan de momento balones fuera, algo de lo que también se han quejado a este medio los vecinos. AEGAL, en suma, dice no haber mantenido hasta ahora ningún contacto sobre ningún tema con el nuevo Gobierno municipal.
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