"Por favor llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Por Dios dime algo. Nos han estafado seguro". Así transmitió un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid su angustia a Alberto Luceño por el material sanitario comprado a Asia. Elena Collado y el empresario que se embolsó cinco millones de dólares con las mascarillas intercambiaron centenares de mensajes que empezaron en marzo de 2020, con elogios entre ambos por la importante gestión, y derivaron en una pesadilla para la empleada municipal.
En concreto fue el 8 de abril cuando Collado se dio cuenta de que la partida de guantes recibida era defectuosa. "Me muero de nervios", le dijo al empresario cuando descubrió la "ínfima calidad" de los 2,5 millones de guantes de nitrilo adquiridos. Luceño trató de calmarla diciéndole que la empresa contratada, Leno, le haría una devolución de cuatro millones de dólares al consistorio para subsanar el error, según consta en el sumario de la causa al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Ambos hablaron del precio por unidad del producto, lo que no le dijo Luceño es que se había inflado para incluir el reparto de una comisión. Según Anticorrupción, el precio base fijado entre este empresario y la empresa proveedora era de 0,38 dólares por cada par, sin embargo se cobraron a dos dólares ya que el monto restante (1,62 dólares) era la comisión que se iba a quedar por su mediación en el suministro de todo este material sanitario.
"Soy una persona que ayuda y dona"
Al descubrir lo ocurrido Collado requirió que se hiciera la devolución de 4 millones de dólares a las arcas del consistorio. "Si pueden hacer la primera transferencia ya, mejor para todos (...). ¿Me avisarás? Me quedo mirando la pantalla"; le dijo a Luceño. El socio de Luis Medina en este pelotazo le respondió que necesitaban documentos como una carta de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid para proceder al desembolso del dinero. Esta empresa municipal fue la que ejecutó la compra de mascarillas, guantes y test en plena ola de la pandemia. En total se pagaron 11,9 millones de dólares por ese contrato.
Tras el primer desencuentro, la Coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid le preguntó al comisionista por el arreglo de la mercancía de los test. Si los guantes vendidos desde Asia eran de una "calidad ínfima" los test no estaban en mejores condiciones. Según Anticorrupción, de los 250.000 recibidos, solo 75.0000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable.
En este caso, la interlocutora del Ayuntamiento no tuvo tanta suerte. Luceño le trasladó que la empresa china no se iba a hacer cargo de este material defectuoso. "Están calientes, Elena", le dijo. Las conversaciones demuestran que las dificultades no solo derivaban del suministro de estas remesas, sino también para su envío a España. "El problema es que es empresa privada profesional contra empresa pública. Y tenéis miles de trámites. Tú yo desde las 6.50 de la mañana. Pero yo no soy ni comprador ni vendedor, ni parte intermediaria. Soy una persona que ayuda y dona", repicó Luceño.
"No sabemos si repartir las mascarillas a los sanitarios"
En los mensajes recogidos por este diario también se hace alusión a una donación de un lote de 50.000 mascarillas para el Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda (Madrid): "¿Y te parece bien lo de las 50.000?", le pregunta Collado. Su interlocutor excusa la calidad de las mascarillas aludiendo a la gestión del Ejecutivo central. "España es España. Desde mi punto de vista es absurdo, pero bueno. El Gobierno está aceptando paños normales para hacer máscaras y las consideran ni FPP1. En el hospital de mi mujer no ha llegado apenas nada. Digo yo que es mejor donar ya... Muchos sanitarios contagiados", replicó Luceño.
De esta forma el comisionista trató de conseguir que el Ayuntamiento aprobase la donación de este lote de mascarillas para que fueran a parar al hospital donde trabaja su mujer. Dos semanas después, ya el 23 de abril del 2020, las quejas por el suministro del material seguían llegando a Luceño: "Los papeles de las mascarillas apenas se leían. Y no sabemos si podemos repartirlas a los sanitarios", le afeó la alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, pero Luceño aplaudió el envío de material y celebró que las partidas fueran a parar al hospital de su mujer: "Me han llamado del hospital de para darme las gracias. Están todas las especialidades encantados", dijo.
Las alegrías duraron poco. El 31 de mayo volvieron los problemas. "Mil perdones por escribir en domingo, Alberto. Hay una parte de los test que no tienen la misma calidad que las otras tres, lo que desaconseja que sigamos haciéndolos a nuestros empleados públicos", expuso la empleada, la cual pidió que se cambiara por otra partida porque sino no le quedaría otra que retornarlos. Luceño le contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el importe pagado, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos.
"España se niega a recogerlos"
Corría ya el mes de agosto cuando el comisionista retomó el contacto para decirle que se esperaba la llegada de estos reactivos para comienzos de mes, lo cual quiere decir que el Ayuntamiento estuvo más dos meses sin poder hacer uso de parte de los test covid por los que se pagó 4,2 millones de dólares. No hubo ni rastro de ellos hasta que en septiembre le dijo a su interlocutora que China no podía entregar los reactivos porque España se negaba a recogerlos. "Me dicen que se rehúsa continuamente la entrega. Se sienten agraviados y han organizado la devolución a China", le dijo.
Collado volvió a mostrar su preocupación por el asunto: "Tiene que haber un error. ¿Dónde los han querido entregar?", dijo. "Se quedó organizado y nadie me ha dicho nada", añadió, reiterando que si quería China, podía entregar este material sanitario ese mismo día. Las conversaciones siguieron los días siguientes. El Ayuntamiento trató de conseguirlos pero todo eran problemas de logística y aduana. Los reactivos nunca llegaron a su destino.
Las conversaciones secretas hasta el momento y recogidas en el sumario de la causa ven la luz a escasos días de que se interrogue por estos hechos a Medina y Luceño. Tras admitir a trámite la querella de Anticorrupción, el magistrado Adolfo Carretero les citó como imputados por delito de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Luceño, que percibió poco más de cinco millones de dólares en mordidas y Luis Medina (que se embolsó un millón por su intermediación) declararán en sede judicial el 25 de abril.
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