El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado martes una iniciativa de Vox para retirar del callejero de la ciudad los nombres de los históricos socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. PP y Ciudadanos apoyaron la propuesta contra la que ya se han mostrado tanto el propio PSOE como el sindicato UGT y la Fundación Socialdemócrata.
El portavoz de Vox en el consistorio, Javier Ortega Smith, pedía la retirada de las estatuas de bronce de Largo Caballero y Prieto instaladas durante el Gobierno de Felipe González en Nuevos Ministerios. Sin embargo, explican fuentes del Consistorio, no se puede proceder a la retirada de las mismas puesto que se encuentran ubicadas en terrenos del Ministerio de Fomento.
Fuentes del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida aseguran que lo único que se hará al respecto es dar traslado a Moncloa del acuerdo del Pleno en el que se insta la retirada pero sin fuerza jurídica vinculante. Si el Gobierno, como ya ha dicho, no tiene intención de retirar las esculturas, no habrá nuevas acciones legales para conseguirlo.
Respecto a las calles, la intención es iniciar el procedimiento administrativo para cambiar la nomenclatura de las dos vías. El historiador José Álvarez Junco aseguraba en declaraciones a El País que el Consistorio debería "probar" las acusaciones que se vierten en la iniciativa de Vox si quiere proceder a la retirada. Fuentes del Ayuntamiento creen que no es necesario ningún informe previo para acometer ese cambio, aunque sí para elegir el nuevo nombre.
El procedimiento se inicia en las Juntas de Distrito donde se encuentran las calles. De ahí saldrá una propuesta a la Junta de Gobierno municipal. Contra los actos administrativos de retirada de los nombres podrán recurrir los interesados y solicitar, incluso, medidas cautelares.
"Si el PSOE y UGT entienden que esa decisión no es ajustada a derecho les animo a que vayan a los juzgados, nosotros ahí no tenemos un doble discurso. Vivir en un Estado de Derecho implica que los juzgados y tribunales tengan la competencia de revisar las decisiones que se toman desde las instituciones", dijo al respecto Martínez-Almeida, quien sostuvo que el Consistorio se "limitará a dar cumplimiento a la ley".
La Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 se empleó durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento madrileño para eliminar del callejero 52 calles dedicadas a personajes vinculados al franquismo. Diez cambios se encuentran judicializados y habría que reponer las anteriores denominaciones. El equipo de Almeida ha optado por esperar al pronunciamiento definitivo del TSJM.
El texto impulsado por Vox califica al líder del PSOE Largo Caballero, presidente del Consejo de Ministros del Gobierno republicano, como una figura "que no debe ser digna de honores por su sanguinaria trayectoria política y personal". A Prieto, también líder socialista y ministro de la Segunda República, le vincula con una "deriva revolucionaria y radical en el PSOE".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró tras conocer el acuerdo que "la ultraderecha ha arrastrado al PP y Cs". "Lamentable noticia para una ciudad noble, plural y abierta como Madrid. Podrán quitar sus placas pero nunca podrán borrar su memoria en favor de la libertad y la justicia social del corazón de los madrileños", sostuvo.
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