Hacienda ha proporcionado a los ayuntamientos una subida fraudulenta del IBI a párkings y garajes que supone más de 100 millones de euros en 2024 y que en 2025 se prevé que se incremente. Los dos mayores consistorios, Madrid y Barcelona, junto con algunos más pequeños como el de Terrassa, la han activado. Una vez que ha acabado el periodo de pago el pasado lunes, durante este mes de diciembre se puede reclamar.
Esta subida de tapadillo y por la puerta de atrás irrumpió en el BOE el pasado 8 de enero con la publicación de la Resolución de la Dirección General del Catastro, por la que se modifica la de 12 de marzo de 2014 que aprobó la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Es decir, con el devengo del impuesto, que se inicia el 1 de enero, empezado, lo que genera muchas dudas sobre su legalidad.
Aquí se establece que "para facilitar la gestión del impuesto", es necesario sustituir el actual código A, referido inmuebles con construcción predominante de modalidad de almacén-estacionamiento, por un nuevo código U o S, para la identificación de los inmuebles con dicha modalidad constructiva, asociados al uso principal Residencial o Industrial, respectivamente".
De esta forma, "para estos inmuebles, se diferencia en el campo de clave de uso, además de dicha modalidad, el uso predominante (Residencial o Industrial) que tienen atribuido y que debe ser el que se tenga en cuenta a los efectos de lo establecido en el artículo 72.4 y la disposición transitoria decimoquinta del TRLRHL para determinar la asignación del tipo de gravamen que corresponda", prosigue la resolución.
Esto implica que los garajes y párkings, inscritos en la modalidad de almacén-estacionamiento, pasan a subdividirse en dos categorías: residencial e industrial. A este último se le impone un tipo de 1,13, más del doble que el 0,43.
El criterio por el que se considera que se es residencial o industrial no es público, parece aleatorio, y no se ha notificado a nadie. Sí se observa que la mayoría se consideran industriales.
Esto se hace mediante una resolución, sin modificar la Ley de Haciendas Locales ni su reglamento, lo que viola la reserva de ley que tiene el Poder Legislativo.
Rubén Rúa y Teresa Castelló, abogados de Premier Tax Procedure, estiman que en Madrid y Barcelona hay más de 100 millones de euros en reclamaciones.
Otros ayuntamientos prevén implantar esta subida en 2025. Los que lo hagan la activarán en principio sin que haya empezado el devengo, es decir, con más garantías.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha impugnado la resolución del Catastro en la Audiencia Nacional.
Tasa de basuras y plusvalía municipal
Este alza del IBI llega en un escenario revuelto para la imposición municipal. La nueva tasa de basuras que empezarán a cobrar todos los ayuntamientos en 2025 tiene por objetivo cubrir los gastos de la gestión de residuos en los municipios, que se estima en unos 3.800 millones de euros. Es la potencial recaudación, lo que previsiblemente lo convertirá en el mayor ingreso municipal después del IBI, que genera 13.500 millones al año.
Este periódico ya informó de que el diseño de la ley estatal ha despertado críticas al no concretar los criterios en los que debe basarse su cálculo. De hecho, los consistorios temen que el nivel de litigiosidad en los tribunales sea como el de la plusvalía municipal, y se preparan para el peor de los escenarios. Las cuantías y las formas de pago dependerán de cada región y la fórmula escogida por cada consistorio para calcularla.
En Madrid, por ejemplo, se calcula que rondará los 140 euros por inmueble de media y en 2025 se tendrá que abonar en un solo pago.
El 9 de marzo de 2023 el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, que regula la nueva plusvalía municipal que anuló el propio TC el 26 de octubre de 2021. El fallo salvó el impuesto de la primera gran embestida a la que se enfrentaba y que de haberse estimado, habría supuesto un importante roto a las arcas públicas.
La plusvalía recaudaba 2.500 millones al año. Según la IGAE, la anulación por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 y el nuevo impuesto sustitutivo han tenido un impacto relevante en las cuentas municipales, de casi 900 millones de euros. Los ayuntamientos pidieron un fondo compensatorio que no se habilitó pero desde entonces Hacienda ha facilitadio la subida del IBI de los párkings y llega ahora la nueva tasa de basuras.
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