Madrid

La Abogacía de Madrid propone una pasarela "voluntaria" para garantizar pensiones dignas para los mutualistas

El ICAM apuesta por implementar un periodo de seis meses para permitir que los mutualistas puedan decidir, en función de las condiciones de su caso, elegir si pasar sus cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autonómos

La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, y el decano Eugenio Ribón
La vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, y el decano Eugenio Ribón

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha presentado este martes una propuesta normativa mediante la cual se pretende dar una solución jurídica y práctica al problema que sufren miles de abogados mutualistas en España. La oferta del ICAM se apoya en un dosier técnico elaborado por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, en el que se ofrece al legislador la posibilidad de facilitar que los mutualistas puedan acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de forma "voluntaria" y a través de una ventana de seis meses.

El objetivo es garantizar que miles de profesionales de la abogacía puedan disfrutar de una jubilación "digna" y "justa". La situación actual afecta, al menos, a 54.000 letrados para los cuales el sistema de mutualidad representa su principal forma de cotización. Estos abogados cotizan a un "sistema de capitalización individual que no garantiza pensiones suficientes", lo que genera desigualdades en las prestaciones en comparación con las ofrecidas por el RETA.

La Abogacía de Madrid ofrece al Gobierno dos alternativas para afrontar una problemática que lleva condicionando a miles de trabajadores durante décadas. En primer lugar, una conversión conceptual, en la que los años aportados en la Mutualidad se reconozcan como años cotizados en el RETA; esta alternativa compensaría la falta de atención sanitaria a los mutualistas con el complemento salarial que necesitan para igualar sus pensiones mínimas a las del resto de cotizantes de la Seguridad Social.

La segunda opción sería imponer una conversión cuantitativa del capital cotizado de tal manera que aquellos profesionales mutualistas que de manera voluntaria decidan pasarse al RETA puedan gozar de "un tratamiento fiscal y económico adecuado" que les permita pagar de manera progresiva la diferencia entre lo que en su día aportaron a la Mutualidad y la cantidad que deberían haber pagado si hubiesen cotizado a través de la seguridad.

No obstante, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha explicado este martes ante los medios que la propuesta técnica elaborada por la catedrática María Emilia Casas pasa por dividir a los profesionales en tres grupos "en función a su edad y al número de años cotizados". "Desde esta institución, defendemos que todos los compañeros que deseen traspasarse al RETA deben contar con una conversión que les reconozca los mismos años cotizados en la Mutualidad. Esto es fundamental, dado que muchos mutualistas alternativos han carecido de la cobertura de salud proporcionada por el sistema público durante gran parte de su carrera profesional", ha destacado Ribón.

Partiendo de la base de que el capital cotizado a la Mutualidad sería transferido íntegramente a la Tesorería General de la Seguridad Social, el ICAM pide que el Ejecutivo contemple condiciones "más flexibles" a aquellos mutualistas mayores de 49 años que no hayan cumplido el mínimo de 15 años de cotización. Del mismo modo, se contempla la idea de que se apliquen tarifas reducidas o incluso "cuotas cero" para aquellos mutualistas que enfrentan mayores dificultades económicas, de tal manera que estos puedan disfrutar de ayudas sociales al igual que pueden hacerlo aquellos trabajadores por cuenta ajena que se consideren en un "situación de vulnerabilidad". Este sería el caso de aquellos que cobran por debajo de los 700 euros mensuales.

Asimismo, el ICAM propone crear un programa "Ayudas 65+" destinado a aquellos mutualistas que ya están jubilados y que cuentan con pensiones, que en algunos casos no llegan a los 500 euros. Este es el caso de alrededor de 7.000 profesionales que después de una larga carrera como abogados ven cómo sus pensiones no les permiten llegar a fin de mes. Se pide al Gobierno que garantizar a estos letrados un complemento económico para completar sus pensiones.

Eugenio Ribón ha abogado durante el encuentro de este martes por encontrar un consenso político para solucionar un problema donde los principales afectados son los trabajares. "No podemos esperar un proceso tedioso que deje desamparados a los compañeros. También hay que hacer autocrítica con un mayor esfuerzo para garantizar unas condiciones mínimas para los mutualistas", ha sentenciado el decano.

El dosier técnico presentado este martes a los abogados madrileños ya está en manos de los diferentes colegios de abogados del resto de España. Asimismo, en aras de iniciar un diálogo y trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, la propuesta del ICAM ya ha sido entrada al secretario de Gobierno de la Seguridad Social y Pensiones.

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