Una treintena de saharauis permanecen en el Aeropuerto de Barajas a la espera de que España les conceda el asilo político por el conflicto con Marruecos. Una espera que se ve agravada por las condiciones de "insalubridad" en las que viven en las salas de asilo donde cohabitan con decenas de personas amontonados en literas y rodeados de chinches. A este escenario se suma un muro idiomático y burocrático con el que tiene que lidiar la población saharaui, con el acercamiento de postura entre el Gobierno de España con el de Marruecos como telón de fondo.
Fátima Fadel, abogada de varios de los saharauis que permanecen en Barajas, denuncia que desde el momento en el que estas personas ponen un pie en el aeropuerto "no se están respetado las garantías procesales que se establecen en la ley de asilo". Según describe a Vozpópuli, se les ha "impuesto" un intérprete marroquí, que más allá del conflicto por el que estas personas vienen huyendo de su país de origen, habla un dialecto que no es el de los solicitantes de asilo.
Esta situación provoca que los saharauis denuncian que sus testimonios están siendo modificados y que, por tanto, "no se reconocen en los relatos traducidos por estos intérpretes marroquíes". "Esto se traduce en una indefensión enorme, el procedimiento de solicitud de asilo que se está siguiendo es nulo de pleno derecho", sentencia Fátima Fadel.
No se estudian los casos concretos
Del mismo modo, la abogada mantiene que el Ministerio del Interior, dirigido por Grande-Marlaska, y concretamente la Oficina de Asilo, "no está valorando los casos", sino que se está dando una respuesta genérica sin estudiar el perfil de cada uno de los solicitantes de asilo y si están siendo perseguidos por el Gobierno marroquí. "En muchos casos parece que lo que hacen es un 'corta y pega', modificando los datos de identidad del solicitante. Eso es inadmisible en un Estado como España".
Los saharauis, que desde este lunes inician una huelga de hambre de 48 horas, exigen al Gobierno que tenga en cuenta su situación de refugiados y por la que, a pesar de tener pasaporte marroquí, no reconocen esa nacionalidad. En consecuencia, solicitan el estatuto de apátrida, materia sobre la que el Ministerio no se declara competente para resolver al respecto, y está rechazando las solicitudes.
No obstante, las abogadas Fátima Fadel e Idania María Dávila reclaman que se conceda a sus clientes la solicitud de asilo, al igual que se hizo en el caso de los ucranianos tras la invasión de Rusia o, recientemente, con el venezolano Edmundo González, mientras se tramita su condición de apátrida. "Lo que solicitan es protección internacional. Y se encuentran con que el Gobierno les dice que sus relatos son inverosímiles, que no tienen perfil de activistas, que no se acredita la persecución. Cosa que no es cierta, ya que que tenemos mucha documentación que lo prueba", explica Fadel.
En este sentido, la letrada pone de relieve el trato diferencial que están soportando algunos de los solicitantes de asilo respecto a algunos de sus familiares. Y es que, según denuncian, se han encontrado con el caso de un matrimonio, con niños pequeños, donde la madre tiene concedido el asilo en Francia y en España se lo deniegan a su familia; o el caso de hermanos, en el que a uno de ellos se le concedió en su día el asilo político y, ahora, ha sido rechazado para su hermano.
Los saharauis defienden que corren peligro si son deportados a Marruecos
La letrada entiende que esto es reflejo de que las decisiones se están tomando por un "interés concreto", que responde a un momento concreto, que se ha visto agravado en los últimos meses con decenas de deportaciones: "Hay una orden de denegarlo todo". Desde el mes de julio, Interior ha denegado el asilo político a decenas de saharauis a pesar de la reclamación de sus abogados de que sus vidas podrían correr peligro si eran enviados de vuelta a Marruecos.
Según ha informado este lunes el Ministerio del Interior deportará a diez de los solicitantes de asilo saharauis que permanecen en Barajas. "Se están devolviendo en camarotes bajo ninguna legitimidad, porque España no puede ni debe hacer la devolución. El Sáhara es un territorio que está pendiente de determinación y, por lo tanto, no se puede hacer la devolución a Marruecos", sentencia la letrada.
A esta dramática situación en la que los solicitantes de asilo se ven sometidos a unas "pésimas" condiciones de habitabilidad denunciadas por varias ONG, se suma las condiciones en las que los abogados de oficio tienen que desarrollar su trabajo. El hacinamiento de centenas de migrantes y la falta de espacio hace que los abogados apenas puedan encontrar una mesa donde poder escribir. Además de la falta de espacio, los profesionales del turno de oficio tienen que soportar guardias de más de 48 horas por una cuota de 158 euros, mientras se hacen cargo ellos mismos de los gastos de su permanencia en Barajas.
