La Fiscalía Anticorrupción archiva las diligencias abiertas en febrero contra Tomás Díaz Ayuso por el contrato de mascarillas suscrito en plena pandemia por la Comunidad de Madrid. El ente que dirige Alejandro Luzón ha decretado el archivo de esta investigación al considerar que no se ha podido acreditar la comisión del delito de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y falsedad. Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que la investigación practicada "no confirma la hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella".
De esta forma Anticorrupción cierra la puerta a que las diligencias por el contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive terminen en querella interpuesta en juzgado. Ahora bien, todavía sigue viva la investigación paralela abierta en la Fiscalía Europea por los delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho. Este órgano reclamó la investigación alegando que se podrían haber malversado fondos comunitarios.
Tomás Díaz Ayuso no llevó a cabo actuaciones tendentes a conseguir un trato de favor para Priviet. La facturación y el cobro de la comisión fue transparente
En lo que respecta a las diligencias surgidas en Anticorrupción, el fiscal jefe explica que no pueden avanzar ante la ausencia de delito. Para empezar, apunta que no consta que el procedimiento para adjudicar la partida de 250.000 mascarillas siguiera un trámite distinto al legamente previsto, ni que tampoco a esta empresa se le diera un trato de favor. Sobre la comisión percibida por Tomás Díaz Ayuso de 234.103 euros concluye que no corresponde a una mediación o mordida, sino a ingresos por trabajos reales.
"No hubo trato de favor"
El decreto sostiene que percibió 175.000 euros por trabajos realizados para Priviet y otros 59.203 euros en calidad de bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas para la Comunidad de Madrid en plena pandemia. Ahora bien, este cobro se produce en el marco de su trabajo para esta empresa el cual consistió "en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario".
"La investigación no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, ante el SERMAS o cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendentes a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos", concluye la Fiscalía la cual añade: "Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento debe calificarse de transparente. Tomás Díaz Ayuso, en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real".
El relato de Díaz Ayuso no queda ensombrecido por las hipótesis de los denunciantes, que no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas
La Fiscalía también se apoya en la declaración que prestó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante esta instrucción. Al respecto dice que ofreció una explicación "coherente" sobre su implicación en este proceso el cual desató, además, una crisis política interna en el PP que acabó con la salida de Pablo Casado. Su comparecencia unido a todo el material aportado por su defensa más el relato de los testigos hace que Anticorrupción decline presentar querella contra él.
"Meras sospechas o conjeturas"
"Este relato (de Díaz Ayuso) no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar en una tesis inculpatoria", dice la Fiscalía en relación a las denuncias interpuestas por los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Los partidos pidieron que se investigara esta contratación de emergencia que se cerró el 1 de abril de 2020 por supuesto tráfico de influencias.
No consta intervención directa ni indirecta de la presidenta de la Comunidad de Madrid en este expediente
También se descarta que Tomás Díaz Ayuso fuera el que contactara con la Subdirección General. De las declaraciones prestadas durante la investigación se desprende que no fue él quien actuó, sino la propia Priviet, de la que es dueño Daniel Alcázar. "Es significativo, al respecto, que en los correos que envió Priviet a la Subdirección, D. Tomás Díaz Ayuso figurara en copia oculta, por lo que su intervención en la operación fue desconocida por los funcionarios tramitadores de la causa", expone el decreto.
La presidenta no intervino
Sobre el papel de Isabel Díaz Ayuso en la concesión de este contrato, el decreto que firma el fiscal jefe Anticorrupción concluye que "no consta ni intervención directa ni indirecta suya". Recuerda que ya en el inicio no veía indicios de su participación en los hechos, pese a lo recogido en las denuncias. Ahora concluye que la investigación practicada en este tiempo "no ha confirmado la referida hipótesis delictiva" ni tampoco se puede avanzar más en ella.
Sobre este punto argumenta que para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar, el hermano de la presidenta madrileña tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación. De ahí concluye que ninguno de los cargos que han participado en este procedimiento tenían obligación de inhibirse y que la normativa no se puede aplicar a la líder del PP madrileño porque "no ha intervenido" ya que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación de la Comunidad de Madrid.
Durante las diligencias se recabó información de la IGAE y de la AEAT en relación a toda la información tributaria de Tomás Díaz Ayuso y de Priviet Sportive, así como abundante material aportado por el hermano de la presidenta. Entre abril y mayo se tomó declaración, en calidad de testigos, al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; altos cargos de este departamento (como la viceconsejera de Asistencia Sanitaria); al propio hermano de Díaz Ayuso; al dueño de Priviet, Daniel Alcaraz; y a la Subdirectora General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud.
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