Una "hipótesis" concebida por la coordinadora de una residencia de ancianos ha provocado un auténtico calvario judicial a un hombre que fue investigado por agredir sexualmente a su esposa. Esta trabajadora percibió heridas vaginales en la septuagenaria coincidiendo con la salida del centro para pasar tiempo junto a su marido y expuso el caso a la Fiscalía que presentó una denuncia. Después de meses de diligencias, la Audiencia Provincial de Madrid ha decretado el sobreseimiento libre de las actuaciones en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El matrimonio, ella de 79 años y él de 85, ingresó de forma voluntaria en el centro ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo, pero tiempo después el hombre decidió abandonarlo. De forma constante se quejaron de la falta de trabajadores y atención que percibían. A pesar de ello, Manuel regresaba de forma periódica a sacar varias horas a su esposa, con un importante deterioro cognitivo, para citas médicas o pasar tiempo juntos. Nada hacía presagiar los hechos del 23 de noviembre de 2023.
Una de las coordinadoras de la residencia remitió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid donde alertaba de que la mujer podría ser víctima de violencia sexual. Esta dolorosa afirmación la sustentó en las alteraciones de conducta, con frases como "tengo miedo" y "no me pegues, por favor", y una "herida en la zona vulvar", "causada por un roce intenso y prolongado".
La trabajadora de la residencia alertaba que estas situaciones se reproducían coincidiendo con la salida a la calle junto a su marido. La Fiscalía Provincial de Madrid al recibir el informe abrió diligencias ya que consideraba que el relato podría suponer un delito contra la libertad sexual de la mujer.
"No ha resultado más que una hipótesis"
Para ello se tomó la declaración del marido, un médico-forense exploró a la septuagenaria y se citó a las empleadas de la residencia. Como medida cautelar se suspendió las salidas del matrimonio del centro aunque Manuel pudo seguir viendo a su esposa dentro de las instalaciones con la supervisión estricta del personal.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Madrid acordó en un auto, el pasado 8 de abril de 2024, la conclusión del sumario sin procesamiento. "De la instrucción no resultan indicios suficientes de que el investigado haya agredido sexualmente a su mujer", según el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Y es que dicha presunta agresión sexual que ha sido objeto de esta instrucción no ha resultado más que una hipótesis concebida como posible por la coordinadora psicóloga de la residencia", aseveró de forma contundente el auto. Ninguna de las testigos corroboraron la afirmación del informe de que los episodios de la mujer se produjeran exclusivamente cuando salía del centro con su marido.
El aviso de la justicia: falta de personal en la residencia
También se puso en duda la naturaleza de la lesión que había percibido la coordinadora de la residencia. "No puede concluirse con la suficiente lógica certeza que haya sido causada por una actividad de tipo sexual y no por otro mecanismo como pueda ser un rascado de la propia mujer", determinó. Y es que estas heridas se repitieron de igual forma cuando ya vigilaban los encuentros con su marido.
Es más, en el auto judicial se menciona las deficiencias del centro. "No es descartable que pudiera deberse a la poca frecuencia en el cambio de pañal por falta de personal", explica el juzgado. A tenor de las diligencias practicadas hasta el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento y archivo de la causa.
La última lucha: revocar la incapacitación de la mujer
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid también decretó el sobreseimiento libre del caso. "Las diligencias de investigación llevadas a cabo no solo no han permitido que las suposiciones o sospechas que motivaron la iniciación del procedimiento se hayan transformado en indicios incriminatorios de la comisión de un delito, sino que seguimos estando ante una mera conjetura que se ofrece como carente de una cierta potencialidad acreditativa", determinó.
La abogada de la familia Belén García sigue luchando por un aspecto clave que no han podido aún conseguir. Y es que el inicio de las diligencias de la residencia provocó la incapacitación de la septuagenaria y la revocación de un poder amplísimo conferido por ella en favor de su marido y de sus tres hijos mayores. Ninguno de los familiares tiene ahora la tutela de la mujer. Una circunstancia por la que seguirá luchando.