La jueza titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid ha acordado aplazar la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fechada para este lunes en los Juzgados de Plaza de Castilla. Inmaculada Iglesias actúa a tenor de un escrito presentado por la acusación popular representada por PSOE y Más Madrid en el que solicitan más tiempo para proceder al análisis completo de la documental del caso y en el que piden que se investiguen cinco nuevos supuestos delitos.
La acusación popular consignada bajo la dirección letrada del Partido Socialista detalla que no se les dio traslado del informe emitido por la jefa del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria en la Delegación Especial de Madrid, así como parte de la documental obrante del procedimiento, hasta el pasado 12 de junio, lo que, a su juicio, ha hecho "imposible" el análisis completo de la documentación derivada de la causa.
En un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, solicitan la ampliación de la investigación y, por tanto, la práctica de nuevas diligencias a fin de delimitar la relación empresarial de González Amador con el grupo hospitalario Quirón Prevención. También requieren ampliar la investigación para obtener información relativa a los movimientos de cuentas entre el año 2019 y 2022 y sobre la escritura de compraventa de sus viviendas entre el 2020 y 2024.
Esta es la segunda vez que la jueza aplaza la declaración de la pareja de Ayuso y la de los otros cuatro investigados. El pasado 20 de mayo, González Amador se personó en los juzgados de Plaza Castilla para declarar ante la jueza, pero finalmente la testifical se aplazó hasta este lunes 24 de junio, a fin de permitir que los cinco citados pudieran declarar el mismo día.
La pareja de la dirigente popular estaba citado a declarar este lunes en calidad de investigado por dos delitos de fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil. La jueza acordó abrir diligencias contra González Amador y otros cuatro empresarios a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía sobre un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, atribuido a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento de Medioambiente. Según el Ministerio Público, el presunto delito radicaría en la indebida deducción de gastos en facturas que no se corresponden realmente con los servicios prestados "con la finalidad de eludir su tributación".
La acusación popular defiende la existencia de nuevos delitos
Ahora, PSOE y Más Madrid defienden que habría indicios de más delitos que requieren más tiempo de investigación y estudio a fin de que se proceda a una ampliación del delito fiscal, falsedad documental, delito contable. En el escrito defienden que se deben de agravar los delitos fiscales por la existencia de "una organización" que, gracias a la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales están radicadas en el extranjero, se pudieron cometer estos delitos.
Del mismo modo, desde el equipo jurídico del PSOE indican que "existen elementos indiciarios" para considerar, al menos, la "comisión del tipo agravado de los delitos contra la hacienda pública previstos en el art. 305 bis del Código Penal (CP), por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos".
Del mismo modo, consideran que existen elementos que permiten sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, "afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía defraudada y a los responsables de los hechos".
Fuentes cercanas a González Amador denuncian que el escrito presentado este mismo lunes por la acusación popular responde a una "jugarreta zafia" para posponer el acuerdo con la Fiscalía. "Quieren que se investigue administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria", añaden.
Un nuevo movimiento perpetrado por parte del la acusación popular y que complica la firma de un posible acuerdo entre la pareja de la presidenta madrileña, la Abogacía del Estado y la Fiscalía. La defensa de González Amador llega varias semanas negociando con el Ministerio Público y con la Abogacía del Estado, presentada como acusación particular en representación de la Agencia Tributaria. Dicho pacto implicaría que el empresario aceptara la comisión de un delito de fraude fiscal y aportar un porcentaje del dinero defraudado.
