Isabel Díaz Ayuso quiere darle una segunda vida a centenares de oficinas que están deshabitadas. La cuestión del alquiler y de la compra-venta de pisos es el principal agujero tanto de la Comunidad de Madrid, como de España. La burbuja inmobiliaria está rozando récords históricos. Solo hay que ver que en tan solo una década el coste ha aumentado un 66%. La vivienda en alquiler cerró 2023 en máximos, con un precio que rondó los 12 euros/m2 y una oferta en mínimos que los principales portales inmobiliarios achacan a las distintas medidas regulatorias que se han ido aplicando y advierten de que sin un giro de 180º el encarecimiento será la tónica dominante.
Una cuestión que se ha situado en la lista de prioridades de Ayuso y que lo ha dejado ver en la sesión de control celebrada el jueves 18 de abril en la Asamblea de Madrid. Un tira y afloja entre el Partido Popular y la oposición en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido airosa tras responder al asedio de preguntas sobre cuáles serán las medidas que se avecinan para tratar de controlar el alquiler en la capital durante los próximos meses.
Permitir que los edificios que estaban destinados para oficinas y parcelas se conviertan en viviendas asequibles para las personas más desfavorecidas y erradicar la legislación de los planes especiales de infraestructuras para la construcción en zonas reservadas para la Comunidad como institutos o residencias. Dos medidas claras y concisas establecidas por Ayuso con las que pretende dar un respiro a los madrileños que se ven ahorcados por las condiciones económicas que atraviesa el país y, sobre todo, por los desorbitados precios que se manejan en la capital.
Tal y como explicamos en Vozpópuli, ninguna persona con un sueldo de 1.134 euros podría optar a una vivienda sin dejarse como mínimo el 57,78% de su sueldo. Esto se traduce en que el coste más bajo para arrendar un piso en la capital es de 650 euros, según el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda.
Ayuso pretende aumentar el parque de viviendas en la capital
"Hoy anuncio dos nuevas medidas. Una de choque para que los edificios de oficinas y parcelas, destinas a tal fin, puedan transformarse rápidamente en viviendas asequibles", explicaba la presidente de la Comunidad de Madrid en su intervención durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid.
¿La medida que plantea Ayuso va a tener un impacto directo en el parque de viviendas de la capital? La realidad es que Madrid tiene todo un elenco de oficinas que están desiertas y varias parcelas que se han quedado vacantes, por lo que aprovechar dicho terreno y darle una 'segunda vida' para ofrecer una vivienda asequible a los madrileños será la medida de estrella del PP madrileño durante el siguiente trimestre. Un paradigma que se ha confeccionado debido al incremento del teletrabajo y las consecuencias directas que ha tenido la pandemia del Covid-19.
Una medida que irá acompañada de reducir las cargas y tiempos en los nuevos desarrollos de vivienda pública, eliminando los planes especiales de infraestructuras. Ayuso busca con este cambio conseguir agilizar el cambio de oficinas a viviendas lo antes posible y así empezar a ofrecer en un tiempo previsto de ocho meses nuevas viviendas en Madrid. Además, se retirará la necesidad de presentar informes sectoriales o ambientales que obliga el proyecto de la Ley Ómnibus aprobado en 2022.
1.912 nuevas viviendas del Plan Vive de alquiler a precio asequible
El cambio de oficinas a viviendas no es la única medida que se ha planteando durante los últimos días para hacer frente al paradigma de la vivienda en Madrid. Ayuso ha anunciado la adjudicación de 1.912 nuevas viviendas del Plan Vive de alquiler a precio asequible. De las tres primeras, 400 corresponden a la población ribereña, 318 a Navalcarnero y 226 a Villalbilla. A estas se unen las de Arganda del Rey (223), Humanes de Madrid (50), Torrejón de la Calzada (64), Moralzarzal (82), Daganzo de Arriba (176), Velilla de San Antonio (153), Colmenar Viejo (110) y Navalcarnero (110).
"El Plan Vive de colaboración público-privada tiene como objetivo incrementar el número de hogares en régimen de arrendamiento hasta un precio 40% inferior al de mercado. La edificación se realiza mediante la técnica de construcción industrializada, lo que repercute en un menor impacto medioambiental, mayor calidad en la ejecución y plazos de entrega más reducidos. La inversión es cercana a 70 millones de euros procedentes de Fondos Next Generation UE", indica la Comunidad de Madrid en un comunicado a través de su página web tras las declaraciones de Ayuso.
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