El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado, en su reunión, el proyecto de Ley con la nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de contribuyentes procedentes del extranjero. El objetivo es generar empleo y riqueza en la región gracias a este incentivo en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. La normativa será aplicable a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero de este año.
La nueva rebaja es del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras. Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años.
El acuerdo elaborado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se traslada a la Asamblea autonómica para que se inicie así su tramitación parlamentaria previa a su votación y entrada en vigor en los próximos meses.
Para tener derecho a ella el declarante deberá presentar su declaración en la región y no puede haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación. Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.
Con esta deducción se pretende también la atracción de talento a nuestro país, así como profesionales que cubran las necesidades en determinados sectores. A su vez, persigue facilitar el retorno de quienes emigraron en el pasado.
20 años bajando el IRPF a todos los madrileños
Desde 2004 la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo numerosas rebajas en el IRPF que han permitido un ahorro para los contribuyentes de casi 11.000 millones hasta el pasado año. A las cuatro bajadas de la tarifa del tramo autonómico se han sumado deducciones por gastos educativos, por nacimiento o adopción, acogimiento de mayores, arrendamiento de vivienda habitual o cuidado de menores de tres años, entre otras.
A ello se añade, además, las dos deflactaciones aplicadas en los dos últimos ejercicios para paliar así los efectos derivados de los salarios como consecuencia de la alta inflación.
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