El uso expandido de dispositivos digitales en los más pequeños está causando una creciente preocupación en la sociedad. Múltiples estudios médicos y agencias de protección de datos han alertado de los peligros de su utilización indiscriminada. A finales del 2023, el Ministerio de Educación comenzó las regulaciones del uso de móviles en las aulas.
El ministerio de Pilar Alegría ha estado trabajando junto a las comunidades autónomas las limitaciones de los teléfonos durante los primeros meses de este 2024 y muchos centros ya las han aplicado. Asimismo, el pasado mes de junio el Gobierno aprobaba el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales pero, en estos últimos meses, Educación apenas ha progresado en estos ámbitos. Ante la inacción del Ejecutivo, Madrid será la primera en ampliar las regulaciones de dispositivos digitales a todos los aparatos electrónicos.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso iniciará los trámites para regular por primera vez el uso de esta tecnología en colegios e institutos. La medida se implantará el próximo curso escolar 2025-2026 y se pretende limitar el tiempo de utilización de ordenadores, tablets y similares en función de la edad y las características evolutivas de los alumnos.
La Consejería de Educación en Madrid creará un marco homogéneo con las regulaciones y límites del uso de estas tecnologías en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Con dicho marco se pretende garantizar el respeto a la salud, las características evolutivas de los alumnos, su seguridad, un uso responsable y la equidad en el acceso a la educación.
A pesar de la intención positiva detrás de la iniciativa, “a ver cómo se recogen las normativas, porque en la Comunidad de Madrid hay ya centros que tienen un perfil tecnológico, tanto en primaria como en secundaria, y su proyecto educativo gira en torno al uso de estos medios digitales”, alerta Esteban, secretario de organización del sindicato de profesores ANPE-Madrid. En este sentido, el portavoz se pregunta por la “libertad de autonomía” que habrá en este nuevo Decreto.
Actualmente, no existe ninguna normativa respecto a este tema. Así, la Comunidad de Madrid responde a la creciente preocupación social, originada por la edad, cada vez más temprana, en la que los niños comienzan a manejar móviles, tablets u ordenadores y las adicciones que los más pequeños están desarrollando.
Estas reglas comunes que establecerá la Consejería cuentan con criterios pedagógicos y fundamentos científicos adaptados al entorno educativo. Por otro lado, según el documento firmado por el Viceconsejero de Política y Organización Educativa, no existe ninguna solución alternativa con mayor eficacia que las regulaciones que proponen.
Actuación en las aulas: las medidas de los profesores
Independientemente de estas normativas gubernamentales, los propios profesores establecen límites en la utilización de móviles u ordenadores durante sus clases. “Ya había centros en los que los claustros de profesores habían decidido que no se les daba ningún uso a estos dispositivos digitales”, comenta Esteban a Vozpópuli.
“Desde ANPE consideramos que no tiene que ser todo ni blanco ni negro, que se puede usar también con unos fines pedagógicos en determinados proyectos o actividades puntuales”, incide el secretario de organización del sindicato. Defienden que la tecnología puede “servir de apoyo al aprendizaje", pero “siempre de una forma guiada por el profesor”.
Aunque tiene varios aspectos positivos, la presencia de tecnología en los colegios e institutos también puede resultar perjudicial. “Muchas veces dificulta nuestras clases porque a lo mejor los alumnos le están dando otro uso a esos dispositivos, diferente del que le habíamos encomendado a nosotros”, dice el portavoz de ANPE-Madrid.
Además, de las distracciones que puede crear en el estudiantado, los docentes tienen “dificultades para controlar todo lo relacionado con la protección de datos de los menores cuando se utilizan estos dispositivos”, manifiesta Esteban. Los ordenadores y tablets que entrega el colegio o instituto suele tener implantado un control parental que impide el acceso a ciertas páginas webs, pero si “utilizan dispositivos que ellos traen, pues ya es más complicado controlar ese aspecto”, observa el profesor consultado por Vozpópuli.
A todo esto se le suman problemas de convivencia. “Antes, había problemas en las aulas, en los patios, y se quedaban ahí. Ahora, si se les permite el uso de las redes sociales, pues al final lo que hace es que se traslada y se lleva también a otro ámbito donde puede ser incluso más dañino para los alumnos”, expone Esteban. Precisamente por este aspecto, aunque también teniendo en cuenta el resto, es importante que todas las partes colaboren en este tipo de medidas, tanto familias como centros educativos.
Los antecedentes: problemas a solucionar
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades madrileña ha detectado varios problemas a solucionar con esta iniciativa. Primeramente, la memoria de la consulta pública que tienen en su Portal de Transparencia hace mención del artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por la que se establece que los proyectos educativos de los centros deben recoger la estrategia digital recogida en el artículo 111 bis.5.
Asimismo, en el artículo 111, bis, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se constituye que las Administraciones educativas y los equipos directivos de los centros son responsables de promover el uso de las tecnologías en el aula como medio didáctico. Esta medida también establece las condiciones para la posible eliminación de las situaciones derivadas en una utilización inadecuada de estos dispositivos. En el apartado 7 se exige la equidad de acceso a recursos digitales entre estudiantes.
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