La noticia de un pedófilo sacudió el pequeño pueblo de Navalafuente (1.574 habitantes), ubicado a los pies del cerro de Buitrago. Nadie podía explicarse como uno de los residentes, de 46 años, podía ser investigado por la Policía Nacional acusado de tener pornografía infantil. Casi medio año después, un juzgado madrileño ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa ya que este hombre argumentó que su identidad había sido suplantada, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Esta causa comenzó el 23 de septiembre de 2021 con un oficio del Grupo III de Protección al Menor, Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía Nacional. Los investigadores señalaron que habían reunido información relativa a la tenencia y distribución de material de explotación infantil en internet.
15 archivos de pornografía infantil
Todo se inició tras una denuncia desde el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos. Un usuario de la red social de Facebook envió 15 archivos de pornografía infantil con el agravante de que las menores tenían menos de 16 años. Las diligencias de los agentes llevaron sus pasos hasta Navalafuentes que eran desde donde se habían mandado las fotografías, según la IP facilitada por Facebook.
Con todos estos datos sobre la mesa, el 25 de octubre de 2022, el juez acordó la entrada y registro del domicilio, un chalet, de este hombre de 46 años, conocido en la localidad. Los investigadores se llevaron de su casa dos discos duros, uno de ellos con una capacidad de 500 gigas. También intervinieron ordenadores, teléfonos móviles, documentación, anotaciones personales y correspondencia postal, entre otros muchos elementos de investigación. Al presunto pedófilo se le imputó un delito de prostitución/corrupción de menores en su modalidad de distribución o difusión de pornografía infantil a través de la red social de Facebook.
La Policía no encontró los archivos en los dispositivos
Analizados los hechos por la Policía Judicial consideran que existen fundados indicios respecto a lo denunciado, contactando la Brigada Tecnológica con el proveedor de línea del sospechoso para recabar los datos necesarios para su imputación, e igualmente obteniendo de Google las diferentes cuentas de redes sociales, correo electrónico o acceso a almacenamientos virtuales desde los que operaba el susodicho. Tras la exposición de las pesquisas policiales desde el Juzgado de Instrucción de Torrelaguna consideran procedente acordar la incoación de Diligencias Previas.
La defensa del investigado, ejercida por Ospina Abogados, mencionó el hecho, a su juicio nada fortuito, de que los archivos de pornografía infantil se hubiesen distribuido desde una dirección IP modificada desde un programa VPN en una franja de tiempo de apenas dos minutos. Para ellos, esto indicaba que alguien pudiese puntualmente haber utilizado la propia red de su cliente para acceder a su perfil de Facebook y enviar los archivos objeto de la investigación.
También enfatizan que el propio atestado del registro de la Policía asegura que: "durante el análisis superficial del material informático, en el ordenador de sobremesa, se encuentra la cuenta de Facebook investigada, si bien no se localizan los archivos de explotación sexual infantil en ninguno de los dispositivos examinados". "En casa tiene varios ordenadores y dio acceso a todos ellos a los agentes", añadió su defensa.
El presunto pedófilo: Hace 7 años que no uso Facebook
En sede judicial el presunto pedófilo negó todos los hechos y manifestó que "hace unos 7 años que no usa Facebook". Su abogado defendió que este hombre pudo ser víctima de una técnica delincuencial conocida como el 'spoofing', una forma de suplantación en la que una persona, institución o dispositivo se hace pasar por otra, para cometer un delito.
Con todo ello aún quedan diligencias por prácticas en torno a este pedófilo. En un auto, fechado el 15 de marzo al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de Torrelaguna decretó el sobreseimiento provisional de la causa sin perjuicio a su reapertura. De forma paralela autorizó el acceso, registro, extracción y volcado de los archivos, mensajes, datos, historial de búsquedas en internet e historial de ubicaciones almacenados en el material del supuesto pedófilo.
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