Uno de los temas del verano en materia de política local son los pisos turísticos. Esta nueva 'plaga' continúa invadiendo las principales ciudades de España, al mismo tiempo que miles de familias se sienten desplazadas en sus propios barrios. Y Madrid, capital del país y principal punto del turismo patrio y extranjero, no podría ser menos.
El pasado 20 de mayo, el Ayuntamiento de Madrid publicó un listado con la ubicación de las 1.008 viviendas turísticas que operan con licencia en la ciudad. En total, la ciudad cuenta con 13.502 pisos turísticos, según datos oficiales de la Administración, lo que pone de manifiesto lo rápido que se está propagando este fenómeno tan nocivo para la mayoría de vecinos y tan lucrativo para unos pocos.
Por ello, en los diferentes Plenos del Consistorio municipal, los grupos políticos han sacado a colación este tema, buscando con ahínco una solución temprana, pero efectiva que ponga fin, o al menos lo intente, a esta problemática.
En el Pleno del pasado martes, último antes de las vacaciones de verano, fue Más Madrid, a través de su portavoz, Rita Maestre, quien reprochó a Martínez-Almeida que sus políticas han fomentado la proliferación de pisos turísticos en la ciudad, además de provocar "una subida del 15% en el precio de la vivienda".
El alcalde de Madrid, amén de responder en su turno de réplica a la oposición, y lejos de eludir un debate que preocupa a todos y cada uno de los madrileños, especialmente a aquellos que lo sufren en su propio bloque de viviendas, anunció una serie de medidas que en las últimas horas se han ido perfilando para elaborar un plan de choque contra los pisos turísticos.
Las claves del plan de Almeida contra los pisos turísticos
La estrategia del Ayuntamiento de Madrid se cimentará en tres grandes puntos. El primero, las sanciones económicas. El Consistorio lleva sancionando desde el mes de abril con multas de 30.000 euros a las VUT ilegales, y ya van "más de 170" interpuestas, lo que eleva el montante recaudado a más de 5,2 millones de euros. El alcalde aseguró que se están tramitando "decenas de sanciones por valor de 60.000 euros" que se incrementarán hasta los 100.000 euros en casos reincidentes.
Al margen de la persecución pecuniaria, Almeida proclamó que quedará terminantemente prohibido la conversión de bajos comerciales en pisos turísticos, algo que cada vez abunda más dentro de la oferta disponible en este tipo de viviendas de uso ajeno. Se potenciará, eso sí, que se conviertan en viviendas residenciales siempre y cuando estén fuera de ejes comerciales.
Por último, y gracias a la mayoría absoluta de la que dispone el Partido Popular en el Consistorio capitalino, Almeida anunció que a partir de septiembre empezarán a dar forma a una ley que erradique el fenómeno nocivo de los pisos turísticos, y cuya previsión es que esté aprobada y en funcionamiento en 2025. Cabe recordar que el Ayuntamiento paralizó en abril la concesión de nuevas licencias.
El Gobierno también legislará
Además de lo anunciado por Almeida y el Ayuntamiento de Madrid, ayer conocimos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también pondrá de su parte para frenar la llegada de nuevos pisos turísticos a todas las ciudades de España.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, confirmó ayer en una entrevista en RNE que están trabajando para presentar una enmienda que cambie la Ley de Propiedad Horizontal y que "empodere" a los vecinos de los bloques donde se esté promoviendo la instalación de pisos turísticos.
"Lo que queremos es que sea necesaria la autorización de los vecinos, con unas mayorías de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos", confirmó Cuerpo en la radio pública.