La declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ante la juez vuelve a aplazarse. El escrito presentado este mismo lunes por la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid ha agotado las posibilidades de Alberto González Amador de cerrar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, al menos, de manera inmediata. La dirección letrada liderada por los socialistas ha sacado un nuevo 'as' bajo la manga que amenaza con eternizar la causa que se sigue el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid contra el empresario madrileño y otros cuatro investigados por fraude fiscal.
Además del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, este lunes, se han desplazado desde Sevilla tres de los otros cuatro investigados con la previsión de firmar una conformidad truncada en el último momento, según detallan fuentes jurídicas. La acusación popular ha presentado un escrito de 54 páginas en el que solicita a la magistrada Inmaculada Iglesias ampliar la investigación ante la presunta comisión de otros cuatro delitos.
La oposición madrileña pone el foco en las conexiones en el extranjero de una presunta organización empresarial que habría hecho uso de toda una ingeniería contable para desarrollar actividades relacionadas con el fraude fiscal y la falsedad documental. El PSOE apunta a la relación de los investigados, en especial, González Amador, con directivos del grupo hospitalario Quirón Prevención, y otras empresas, para solicitar la práctica de nuevas diligencias de investigación. Entre otras cosas, la acusación popular pide investigar los movimientos bancarios efectuados entre el 2019 y 2022 y acceder a información sobre la venta de la empresa Masterman & Whitaker, de la cual "pudieran derivarse otras consecuencias penales".
En un comunidado hecho público este lunes, los socialistas subrayan los hechos investigados afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente por el Ministerio Fiscal, a la cuantía defraudada y a los responsables de los hechos, de tal modo que pudieran aparecer nuevos involucrados en la presunta comisión de dichos delitos. En primer lugar, defienden que se deben agravar los delitos fiscales por la presunta utilización de personas jurídicas interpuestas para cometer hechos delictivos.
El PSOE acusa al empresario madrileño de utilizar la empresa Maxwell Cremona, investigada en el procedimiento, y de Masterman & Whitaker como sociedades pantalla para "deducir gastos indebidamente, inclusos personales". Según defienden los socialistas, de la documentación obrante puede deducirse el uso de una empresa mexicana y otra marfileña para la comisión de delitos fiscales, a través de la actuación coordinada de los investigados, cada uno de los cuales cumpliría un rol determinado dentro de la supuesta organización.
La acusación popular piden investigar la relación del novio de Ayuso con el Quirón
Más Madrid y PSOE solicitan en un nuevo escrito investigar los vínculos societarios, especialmente en el extranjero, entre los responsables del Quirón Prevención -principal cliente de las empresas investigadas- y, en particular, del novio de la dirigente 'popular'. La oposición madrileña apunta, directamente, a la presencia de una presunta red empresarial cuyos tentáculos se extienden hasta Panamá o Miami.
Fuentes cercanas al entorno de González Amador denuncian que el escrito presentado 'in extremis' por la acusación popular responde a una "jugarreta zafia" para posponer el acuerdo con la Fiscalía. Por el momento, el movimiento anunciado este lunes por PSOE y Más Madrid ya ha provocado que la jueza que instruye la causa aplace las testificales fechadas para este lunes y que, por tanto, se paralice cualquier acuerdo que hubiese sobre la mesa.
La defensa del novio de la líder del PP propuso al fiscal del caso reconocer los dos delitos de fraude fiscal que se le atribuyen a cambio de retirar la acusación por falsedad documental. Con este pacto inicial, el investigado aceptaba ocho meses de prisión y pagar una multa de 515.000 euros, así como la devolución del importe defraudado.
La pareja de la presidenta madrileña tendría que llegar a una conformidad con la Abogacía del Estado, que en este caso actúa como representante de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal. No obstante, la solicitud por parte de la acusación popular de ampliar el número de delitos complica el horizonte penal de González Amador, y es que, el empresario madrileño necesitaría conseguir un acuerdo por unanimidad si quiere evitar ir a juicio.
