El dueño del restaurante Burro Canaglia, ubicado en Manuel Becerra y en el que murieron varias personas en un incendio, ha acudido a declarar este martes a los juzgados de Plaza Castilla. Jesús Pedro Capote, único investigado en la causa, se ha acogido a su derecho a no declarar dando paso, así, al testimonio de varios de los presentes en el siniestro.
Varios de los perjudicados han declarado este martes en sede judicial donde han podido relatar cómo vivieron la noche del 21 de abril de 2023. Los testigos han detallado que el fuego se propagó en "cuestión de segundos" y que la puerta de salida se convirtió en un foco de calor intenso que hacía casi imposible el paso.
Uno de los testigos que aquella noche estaba cenando en el restaurante ha comentado en los pasillos del juzgado que el fuego se originó a causa de una pizza flambeada que provocó que una columna, decorada con plantas y flores, comenzase a arder. En cuestión de minutos, las llamas se hicieron con el espacio y se extendieron por el techo compuesto con motivos decorativos de plástico.
Según ha relatado este testigo, logró sacar junto a otro cliente a una chica que estaba tirada en el suelo, junto a la puerta de salida. Al intentar abrir la puerta del local, el joven sufrió varias quemaduras como consecuencia del calor que desprendía la misma puerta compuesta, según ha detallado, de un material similar al metal. El local estaba compuesto por dos plantas, una plata principal y un nivel inferior donde había más comensales.
Este testigo no precisó de asistencia psicológica, no obstante, ha relatado que nunca podrá olvidar los gritos de socorro de algunos de los clientes del restaurante. En este sentido, recuerda que la tragedia pudo ser mucho mayor de no ser por la rápida atención de los bomberos. Hasta el lugar se desplazaron unas diez ambulancias y sanitarios del Samur-Protección Civil, Summa-112, Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional.
El procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid avanza después de casi dos años con las primeras declaraciones. Se trata de una causa compleja debido a la existencia de numerosos informes periciales tanto de la Policía Nacional como de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. En septiembre, el juez solicitó prueba documental al Ayuntamiento de Madrid, al Instituto Regional de Seguridad Social y a la Policía Municipal de Madrid, entre otros.
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