Inspección de Trabajo concluye que los bailarines mexicanos del musical de Nacho Cano sí eran becarios

"No existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios impliquen una relación laboral encubierta". Esta es la conclusión a la que ha llegado la Inspección Provincial de Trabajo sobre los diecisiete bailarines mexicanos que participaban en el musical producido por Nacho Cano. El informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, concluye que las labores desarrolladas por los jóvenes artistas en Malinche responden a los términos de unas "prácticas no laborales" y que participación en el espectáculo producido por el cantante de Mecano se hizo "al amparo de la beca" impulsada de Malinche.

Este escrito, que recoge a lo largo de 17 páginas información y documentación relativa a matrículas, financiación de becas y datos sobre el resto del elenco del musical, supone un nuevo apoyo a la tesis defendida por Nacho Cano. El artista madrileño y su equipo han defendido desde el inicio de la investigación que el objetivo de la productora era formar a jóvenes talentos a través de un sistema de becas desarrollado por la Escuela Jana.

Ahora, Trabajo avala esta versión y confirma que "no se ha podido constatar" que la empresa necesitase cubrir con los becarios el puesto que en este caso habría ocupado una persona asalariada. De esta forma, señala que Malinche contaba -en el momento en el que se desarrolla la investigación policial contra Nacho Cano- con una plantilla de 64 personas, los cuales formaban el elenco de artistas que realizaban el trabajo escénico, sin contar con las personas de realización, sonido, etc.

Entre las consideraciones añadidas en el informe remitido al juzgado a cargo de la investigación contra Nacho Cano, se incluye el hecho de que las personas contratadas por Malinche "actúan en el musical en las funciones que se llevan a cabo de miércoles a domingo", mientras que los becarios "solamente participan en alguna de ellos los viernes y sábados". Según recoge el escrito, los bailarines mexicanos hacían sus prácticas en el musical de Malinche, a modo de colaboración, de tal forma que, "las tareas llevadas a cabo por las 17 personas becadas no eran las mismas de las personas que forman parte del elenco de artistas del musical".

Respecto al origen de la beca y la entidad a cargo del sistema de formación, la Casa de México sólo concedió becó a tres de los alumnos, por lo que la productora de Nacho Cano tuvo que hacer cargo de la beca de la mayor parte de los bailarines que vinieron a España. En la misma línea, la Inspección Provincial de Trabajo señala que Malinche cubrió los gastos generados por los becarios durante su estancia en España alcanzando -según los datos remitidos por la propia empresa- un total de más de 30.000 euros en un año, 17.000 euros por alumno.

Los becarios de Nacho Cano podrían permanecer en España

En paralelo, varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid han resuelto a favor de que siete de los becarios del musical puedan permanecer en España de manera provisional. Después de que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo Número 6 y 9 de Madrid acordaran hace dos semanas suspender la resolución de la Delegación del Gobierno por la que se denegaba la prórroga de estudios a dos de los bailarines mexicanos, otros cuatro juzgados han resuelto a favor de la medida cautelar solicitada por los abogados del artista madrileño.

Desde el inicio de la investigación policial que acabó con la detención del cantante madrileño el pasado mes de julio, sus abogados han defendido que los bailarines nunca han estado de forma irregular en el país. Mantienen que la entrada por el Aeropuerto de Barajas con visado de turista se trata de un "procedimiento habitual" y que, inmediatamente después, se formuló el permiso de estudios correspondiente.

Mientras tanto, la jueza Inmaculada Iglesias avanza en la investigación contra Nacho Cano por un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Por el momento, la magistrada ha rechazado como prueba documental los mensajes aportados por la defensa, en los que la denunciante pidió 6.000 euros y una carta de recomendación firmada por el productor musical a cambio de su silencio, al considerar que son "irrelevantes" para el "esclarecimiento de los hechos" del procedimiento.