El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid emitió a principios de año una comisión rogatoria a las autoridades de Venezuela para solicitar información sobre varios excargos del Gobierno bolivariano acusados de blanquear dinero en España. Según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, el régimen de Nicolás Maduro aún no ha dado respuesta.
El magistrado Juan Carlos Peinado, a petición de la Fiscalía anticorrupción, requirió a Venezuela que facilitara la presunta investigación que el ministerio público de ese país tiene contra los supuestos cabecillas de la "organización criminal" acusada de saquear a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a Corpoelec -la eléctrica de los apagones- y de blanquear ese dinero a través de la compra de inmuebles en ciudades como Madrid y Marbella.
Según la Fiscalía del país caribeño, los investigados, "aprovechando su influencia en los círculos de poder, (...) organizaron un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la empresa PDVSA". En un escrito, recogido por Vozpópuli, el organismo adscrito a la vicepresidencia de Venezuela considera que varios excargos de la petrolera obligaron a las empresas que accedían a las licitaciones a contratar con presuntos servicios de asesorías a cambio de adjudicaciones.
Origen ilícito de las inversiones en España
Fuentes jurídicas han informado a este diario que los fiscales españoles pidieron formalmente acceder a los datos de la investigación desarrollada en Venezuela con la intención de demostrar al juez de instrucción el origen ilícito de las millonarias inversiones en España de exjefes de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La querella criminal que dio origen a la investigación en Madrid fue interpuesta por la propia estatal de petróleos venezolana contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas. PDVSA les acusa de haber defraudado al menos 500 millones de dólares al auto concederse contratos de compra de material a sus propias sociedades y amañar licitaciones en beneficio propio para luego blanquear el dinero en España.
Desde que se emitió el auxilio judicial, los dos principales investigados -el exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos y el exviceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado- fueron detenidos y puestos en libertad; el régimen de Maduro se personó en representación de la República Bolivariana de Venezuela en la causa y el magistrado a cargo de la investigación le expulsó a petición de la Fiscalía. En lo que va de año, Anticorrupción viajó a Estados Unidos para reunirse con las autoridades de ese país y recabar información; una comitiva del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó pidió la congelación de bienes de los acusados; y el juez a cargo de las pesquisas entregó la investigación a la Audiencia Nacional.
Investigación en la Audiencia Nacional
Ahora, si la Justicia venezolana decide responder a la petición de España, será la juez María Tardón -a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 3- quien reciba la documentación. La magistrada ha aceptado dirigir la investigación contra más de una veintena de investigados entre personas físicas y sociedades mercantiles. Según ha advertido en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, aún queda por determinar qué personas físicas y jurídicas integran cada "estrato" de la "organización criminal" presuntamente liderada por Villalobos.
Hasta el momento, en el marco de las pesquisas realizadas en el Juzgado madrileño, se ha detectado que los excargos utilizaban un entramado de empresas para el blanqueo de capitales. La lista incluye a las sociedades Kingsway LDA, Canaima Finance LTD, Columbus One Properties Management Marbella y Madrid, Inmohaus European Group, Catalufa Inversiones Inmobiliarias y Grupo Swissinvest.
Según consta en el auto de Tardón, este último grupo "está siendo utilizado para realizar actos de blanqueo de capitales tanto en España como a nivel internacional para aflorar capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos" de PDVSA.
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