El pacto alcanzado entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone fin a más de cinco años de bloqueo y abre la puerta a una reforma legal para garantizar una mayor independencia judicial. El acuerdo, que se ha sellado en Bruselas tras años de negociación fallida, incluye una lista de veinte vocales que integran magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de otros órganos clave de la judicatura.
De esta forma, y como manda la ley, se cumple con la cuota de tres magistrados del Supremo para este nuevo Consejo. Se trata de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Ángel Arozamena (que fue asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno bajo el mandato de Felipe González) y José Antonio Montero (nombres que se daban por asegurados en las quinielas).
A ellos se añade el actual magistrado de la Sala de lo Social Ricardo Bodas. Este último aterrizó en el Supremo en el 2009, tras una década presidiendo esta misma Sala en la Audiencia Nacional.
La lista la integran también la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra Esther Erice; la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y mujer de Pablo Llarena, Gema Espinosa; el juez de lo Mercantil de Barcelona especializado en desahucios y procedimientos de insolvencia, José María Fernández Seijo; el juez decano de Málaga José María Páez; y el magistrado de la Audiencia Provincial de Logroño José Carlos Orga.
Completan la lista de vocales de procedencia judicial el presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, José Eduardo Martínez Mediavilla; la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo (que fue una de las tres magistradas que juzgó al exconsejero valenciano Rafael Blasco por el denominado 'caso cooperación'); el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y profesor asociado de Derecho Penal Carlos Hugo Preciado; la juez de lo penal de Mataró Lucía Avilés y el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, cuyo nombre sonó en las quinielas desde el intento fallido de renovación en 2018.
Los diez vocales juristas del CGPJ
PP y PSOE han pactado también los nuevos diez vocales juristas del nuevo Consejo que, como marca la ley se eligen entre juristas de reconocida competencia. Por parte del Congreso se propone al presidente del Consello Consultivo de Galicia y candidato en 2014 al Tribunal Constitucional con los votos del Partido Popular, José Luis Costa Pillado; la fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y exvocal del Consejo Fiscal, Inés Herreros; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez; y la letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona Argelia Queralt.
Por parte de Senado se escoge al magistrado jubilado del Supremo Ricardo Bodas; el expresidente del Consejo Consultivo de Asturias Bernardo Fernández; el letrado de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo, Luis Martín Contreras y la letrada de las Cortes Isabel Revuelta.
El vocal Macías, al Tribunal Constitucional
El acuerdo sellado entre el Partido Popular y el PSOE incluye además, la designación de José María Macías como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. El actual vocal del CGPJ ocupará el cargo vacante desde la renuncia en julio de 2022 del magistrado Alfredo Montoya, quien abandonó su cargo por motivos de salud.
El todavía vocal del Consejo General del Poder Judicial es licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Barcelona, con Premio Extraordinario de Licenciatura (1988) y diplomado Estudios Avanzados en Derecho Administrativo. Macías es en la actualidad socio del despacho Cuatrecasas; profesión que ha alternado con su labor como vocal del CGPJ desde su designación en 2015.
El acuerdo que firman el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el diputado del PP Esteban González Pons, incluye el compromiso de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar las garantías de independencia de jueces y magistrados además de la Fiscalía General del Estado. Además, se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de de elección de vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para debate y tramitación.
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