La polémica de la escolta al expresidente catalán Carles Puigdemont ha generado tensión entre el Ministerio del Interior y Félix Bolaños. El titular de Presidencia realizaba unas declaraciones que ponían en un brete al departamento de Fernando Grande-Marlaska. Les pasaba la bola sobre una posible vigilancia que habían rechazado de forma reiterada. Interior aún no ha decidido sobre el asunto que va a dejar en manos de un informe de la Abogacía del Estado. "Nos ha dejado a los pies de los caballos", explican fuentes gubernamentales a Vozpópuli.
Estas fuentes subrayan que Interior desconocía las declaraciones de Bolaños sobre Puigdemont y se enteraron por la prensa de la solicitud. El ministro de Presidencia casi confirmaba que el Gobierno daría autorización a la petición del expresidente catalán para disponer de vigilancia policial en Bruselas.
Una circunstancia que fijaba los ojos de todos los medios en Interior. Y es que el departamento de Fernando Grande-Marlaska había rechazado de forma recurrente las peticiones de escolta para Puigdemont en varios casos que generaron polémica. En este caso no habían recibido la solicitud que se concretó tras las palabras de Bolaños.
El caso viene de lejos. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente. Después, en abril de 2018, según EP, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición que le hizo al Gobierno el exjefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra.
Interior mueve ficha
Varios años después, y con la ley de amnistía a punto de ser una realidad, el caso vuelve a la primera plana política con las declaraciones de Bolaños. "Nos ha dejado a los pies de los caballos", señalan estas fuentes molestas por las palabras del titular de Presidencia.
Interior por su parte ya ha movido ficha para solucionar el problema. Han solicitado un informe a la Abogacía del Estado para ver la legalidad de este operativa. Las fuentes consultadas no ven nada claro que tengan el visto bueno para poder aplicar escoltas a Puigdemont.
Esta confrontación se produce en el marco en el que Pedro Sánchez, si saca adelante la investidura, tendrá que conformar un nuevo Gobierno. Un Ejecutivo en el que se duda de la presencia de Marlaska, que ha comunicado a sus íntimos que desea salir del primer plano político.
El coste de la escolta
Otro de los puntos que ha generado polémica es el coste de la escolta a Puigdemont. Los agentes podrían tener un sueldo cercano a los 75.000 euros al año. Los Mossos d'Esquadra serían los escogidos para realizar esta labor si reciben la autorización del Ministerio del Interior ya que con la ley sobre la mesa no podrían desempeñarla esta función al desarrollarse fuera de Cataluña. El dispositivo de seguridad de Puigdemont constaría de cuatro agentes como mínimo y ascendería a más de 300.000 euros para las arcas públicas debido a las dietas que se cobran en el extranjero, según informan fuentes policiales a Vozpópuli.
Un agente de los Mossos cobra un mínimo anual de 43.000 euros brutos. Este trabajo en Bruselas conllevaría un incremento de 209 euros al día en concepto de dieta internacional. Descontando días libres y vacaciones tendría un salario anual de unos 74.500 euros. El dispositivo de escolta de Puigdemont debería contar mínimo con cuatro efectivos. El montante total se elevaría a una cantidad cercana a los 300.000 euros que debería aportar Cataluña.
Un prófugo con escolta
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que no permitirá de ninguna forma que el expresidente catalán Carles Puigdemont tenga escoltas en Bruselas. Este sindicato de la Policía Nacional ha anunciado a Vozpópuli que tomará acciones legales en caso de que se trasladen efectivos policiales a Bélgica o a otro país para proteger a este prófugo de la justicia. "Contra el responsable que dicte la resolución favorable", explican fuentes de la entidad sobre la dirección de su posible querella.
Para el SUP, poner escolta a Puigdemont sería "un desvío de dinero público injustificable y el responsable que dicte a sabiendas de su injusticia dicha resolución favorable, será denunciado ante la Autoridad judicial, bien sea la Secretaría de Estado de Seguridad u otra Administración". "Mientras la ley de amnistía no entre en vigor, Puigdemont es un prófugo que se ha sustraído de la acción de la justicia y sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención", critican desde el sindicato.
Consultado sobre este asunto, el sindicato Jupol ha considerado a Vozpópuli que esta situación sería una "contradicción y una aberración". "Que los contribuyentes españoles tengan que hacerse cargo de la escolta de una persona huida de la justicia e investigado por delitos muy graves, incluso el de terrorismo", indican fuentes de la entidad.
Desde JUPOL instan a Puigdemont a que "si cree que está comprometida su seguridad a quien debería solicitar la protección sería a las autoridades belgas, ya que es donde reside actualmente o bien a los servicios de seguridad del Euro Parlamento en su calidad de eurodiputado".
La polémica sobre este asunto saltó a la palestra este martes cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que el Ministerio del Interior tramitará la petición del expresidente catalán Carles Puigdemont de tener escoltas: "Nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber".
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación