"Una decisión esperada pero no duele menos por ello". Son las declaraciones de uno de los agentes de la Policía Nacional que trabaja en el País Vasco. Este funcionario será una de las víctimas de la decisión del Ministerio del Interior de la cesión de competencias a la Ertzaintza. Los representantes de estos policías ya han avisado de que el próximo paso de Marlaska será "pagar el precio político" y acordar las mismas medidas para Cataluña.
El primer sindicato en salir a la palestra por esta decisión ha sido la Confederación Española de Policía (CEP). "Supone despojarnos de todos los cometidos policiales comunes -sobre todo, los relacionados con la protección de la seguridad ciudadana y policía judicial en esas instalaciones, que son esenciales- para entregárselos a las Policía autonómica vasca que, a partir de ahora, tendrá una posición preeminente", resaltan.
Para esta asociación la decisión de Interior "constituye un nuevo ejemplo de injerencia intolerable de la aritmética partidaria en un ámbito esencial para el Estado, como es el de la seguridad pública". "Nunca antes un Gobierno había aceptado ceder -regalar, porque es a coste cero- los puertos y aeropuertos de País Vasco a la Ertzaintza porque siempre se entendió que la custodia, vigilancia, protección de la seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público, prevención de la delincuencia e instrucción de atestados por delitos en puertos y aeropuertos eran cometidos sensibles que ni podían ni debían ejercerse por Cuerpos que no fuesen Policía Nacional o Guardia Civil", critican.
La cesión de competencias supondrá un perjuicio a la seguridad
La única realidad es que la decisión de Interior se debe a un "cálculo político". El CEP considera que esta medida provocará un "perjuicio" para la seguridad pública. "Tanto en lo operativo como en el ámbito de la obtención de información de interés para la protección de la seguridad ciudadana, de las competencias que Policía Nacional y Guardia Civil ejercían hasta ahora en esas infraestructuras críticas", añaden.
"Lo más preocupante es que esta decisión acordada hoy vaya a tener su continuidad en Cataluña, como ya se ha denunciado en los últimos meses sin que Interior lo haya negado en términos contundentes. De extenderse esta cesión a los puertos y aeropuertos de esa otra Comunidad Autónoma, la gravedad de la medida sería mucho mayor", resaltan.
Esta decisión también ha generado molestia en la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha señalado que esta decisión es una nueva "traición" de Marlaska al Cuerpo. "Denunciamos que los nacionalismos consiguen su objetivo de desmembrar a la Guardia Civil", han añadido en una nota de prensa.
"En los últimos 10 años la plantilla de la Guardia Civil en el País Vasco se ha reducido un 20%. AUGC se reserva las acciones jurídicas necesarias ante esta pérdida de competencias tan importantes y que solo tienen atribuidas las FCSE", finalizan.
Problemas para los agentes
Por su parte, Jucil considera que en la negociación entre la Administración central y la Comunidad Autónoma Vasca han pesado mucho "más otros criterios que los de eficiencia y capacidad policial en la cesión" de la vigilancia de puertos y aeropuertos a la policía autonómica.
“Vamos a estar muy expectantes y, sobre todo, vigilaremos con mucha atención el desarrollo de estas cesiones. Sobre todo, para evitar que cualquiera de estas decisiones con un carácter distinto al operativo, afecten a la vida personal y laboral de los guardias civiles que prestan sus servicios desde hace años en muchas de las localidades del País Vasco", afirman desde Jucil.
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