La ley de amnistía beneficiará a más de 400 enjuiciados por delitos relacionados con el procés. Hechos delictivos que abarcan desde delitos de desobediencia o revelación de secretos hasta malversación cometidos por cientos de personas que participaron en el desarrollo del proceso independentista catalán. Al menos, este es el criterio impuesto en la Fiscalía por García Ortiz después de la última Junta de Fiscales de Sala en la que logró salvar por la mínima su postura de amnistiar la malversación. El criterio del Ministerio Público podrá ser utilizado por los enjuiciados por delitos relacionados con la consulta independentista para reclamar el archivo de los procesos judiciales iniciados con el 1-O.
La amnistía a los delitos de malversación no solo afectará a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont o a los ya condenados por el alto tribunal en 2019, sino que supondrá el perdón de los delitos para al menos otra veintena de exaltos cargos del Govern. Este es el caso de la causa que se sigue contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, para los que la Fiscalía pide más de seis años de prisión.
La mano derecha de Oriol Junqueras (conocido como el hombre de la Moleskine, por anotar en una agenda todas las reuniones y encuentros que sirvieron como hoja de ruta para preparar el referéndum) y Lluís Salvadó continúan a la espera de que se celebre el juicio aplazado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Ambos se enfrentan a una imputación por delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y malversación agravada.
Los señalados como los arquitectos del referéndum ilegal de 2017 podrán acogerse a la norma diseñada por los socialistas si finalmente el TSJC falla en favor de aplicar la amnistía. Después de que la estrategia de ERC de atenuar las consecuencias legales del procés mediante la reforma del Código Penal fracasara al mantenerse ela imputación por malversación en su modalidad agravada, el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat y el exsecretario de Hacienda podrán solicitar al juez el archivo de la causa tras la aprobación de la amnistía.
Primera causa abierta por el procés y los imputados por malversación
También en Barcelona se sigue la causa con la empezó la investigación del procés. El Juzgado de Instrucción Número 13 de la ciudad condal mantiene abierto un procedimiento que dura ya siete años sobre los preparativos del referéndum del 1-O. En este caso permanecen como investigados 24 exaltos cargos del Govern de Puigdemont, empresarios y los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio.
De ellos, 17 son los imputados por malversación de fondos públicos, en su mayoría, excargos de varias consejeróías o departamentos del Gobierno de Puigdemont. En total, se les imputa un gasto que supera los 3,5 millones de euros, además de delitos de prevaricación, desobediencia o falsedad documental.
Los nombres más señalados son los de Xavier Puig, exresponsable de TIC del Departamento de Exteriores, Francesc Sutrias, exdirector general de Patrimonio de Vicepresidencia, Jaume Clotet, exdirector general de comunicación del Govern, Albert Royo, exsecretaro general de Diplocat, Joaquim Nin, exsecretario general de Presidencia o David Palanques, el primer procesado por el 1-O en pedir que se le aplique la amnistía. Ahora, el caso pasa a la Audiencia Provincial de Barcelona que tendrá que decidir si aplicar o no la norma aprobada por el Congreso de los Diputados.
La causa que sigue la jueza Alejandra Gil fue el primer procedimiento judicial que se abrió contra el procés. Siete años después y tras una complicada instrucción, condicionada por el número de implicados y la adhesión de otra causa abierta en el Juzgado de Instrucción Número 18 de Barcelona por los gastos exteriores, la magistrada eleva la causa a la Audiencia de Barcelona, que ha mediado en más de una ocasión en este largo procedimiento.
La decisión final sobre la aplicación de la amnistía la tendrá un juez. Los socialistas han conseguido aprobar un texto diseñado a la medida de los delitos imputados a Carles Puigdemont y los líderes del procés ya juzgados. Ahora, se quedarán sin juzgar aquellos cargos del Ejecutivo catalán imputados por los preparativos del procés y su promoción en el extranjero. Delitos de malversación exonerados por el Gobierno de Sánchez y que dejaron un agujero millonario en las arcas públicas.
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