El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Madrid contra Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, por presuntos delitos contra el medio ambiente en la llamada ‘Operación Canalejas’. El fiscal ya abrió unas diligencias hace meses cuando tuvo conocimiento de un informe del Ayuntamiento de Madrid en el que describía los destrozos hechos por la empresa OHL, que no había respetado varias de las advertencias de los técnicos de Patrimonio.
Varias asociaciones y colectivos ya advirtieron al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, antes de que empezaran las obras, que OHL tiraría todos los elementos arquitectónicos sin importarle el valor que tuvieran. De hecho, la constructura logró que se cambiara el nivel de protección con una Ley que posteriormente fue declarada inconstitucional.
El escrito afirma que estas actuaciones pueden ser constitutivos de varios ilícitos penales, como son un delito sobre el patrimonio histórico y un delito relativo a la ordenación del territorio
Manos Limpias explica en su denuncia que OHL compró por 285 millones de Euros en diciembre del año 2012 al Banco Santander un total de siete edificios ubicados en el nº 1 de Plaza de Canalejas, el nº 7 de la Carrera de San Jerónimo, y los nº 6,8,10,12,14 de la C/ Alcalá. El Ayuntamiento otorgó las licencias municipales, pero sometidas a limitaciones y restricciones. El Gobierno regional, tras la limitación de la Ley, limitó la protección como Bien de Interés Cultural (BIC) a la primera crujía y cubierta del edificio de Canalejas, nº 1 y a la primera crujía y patio de Alcalá nº 14. El Ayuntamiento -según señala la denuncia- redujo el blindaje de todos los edificios para circunscribirlos a las fachadas del llamado Plan Especial de Canalejas.
El proyecto arquitectónico que había realizado el Estudio Lamela en Enero de 2014 termninó “en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana a la carta”. “Se llegaron a descatalogar edificios protegidos como BIC anteriormente”, señala la denuncia.
Según apunta Manos Limpias, “el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de Madrid detectó que la licencia concedida se extralimitó y ya en la fase 0 y 1 apreciaron anomalías”. Los técnicos detectaron en su revisión una serie de actuaciones no permitidas. El Ayuntamiento ordenó paralizar parte de las obras en marzo “al detectarse la demolición de pilares, forjados, entrevigados y escaleras pertenecientes a las zonas protegidas”.
En el escrito se afirma que estas actuaciones pueden ser constitutivos de varios ilícitos penales, como son un delito sobre el patrimonio histórico (artículo 321 del Código Penal) y un delito relativo a la ordenación del territorio (artículo 319 del Código Penal).
Manos Limpias pide que se solicite el expediente de la concesión de licencia, así como los informes de los técnicos del Ayuntamiento y del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Igualmente creen que hay que analizar el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y piden que se reclamen los informes de la dirección general de Patrimonio y de la Real Academia de San Fernando, así como el decreto de suspensión de las obras tras detectarse las obras no autorizadas.
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