La tragedia que costó la vida a quince inmigrantes subsaharianos en Ceuta sigue pesando como una losa en el Ministerio del Interior. Tanto, que los responsables del dispositivo policial que debía evitar que se produjeran incidentes durante la 'Marcha de la Dignidad' del pasado sábado en Madrid repartieron a los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los popularmente conocidos como antidisturbios) menos material del habitual. En concreto, cada subgrupo de 15 agentes paso de disponer de cuatro bocachas de las utilizadas para lanzar pelotas de goma a sólo dos e, incluso, una en algunos casos. Según fuentes policiales, esta decisión vino acompañada de la orden de "aguantar, aguantar y aguantar" sin responder a las provocaciones de los grupos de radicales, algo que ayer negaban altos cargos del departamento de Jorge Fernández Díaz. Los altercados se saldaron finalmente con más de cien heridos, 67 de ellos policías, además de 22 detenidos (19 adultos y tres menores).
Interior sabía que miembros de la OSCE participan como observadores internacionales en la manifestación por invitación de sus convocantes
Esa reducción a la mitad del material necesario para disparar las pelotas de goma no fue, sin embargo, la única orden destinada a reducir al mínimo el lanzamiento de las mismas. Según denuncian a este diario fuentes sindicales, también se impartieron instrucciones para que los antidisturbios no llevaran las escopetas cargadas con estos proyectiles lo que obligó a los agentes a retroceder a las furgonetas policiales para hacerlo cuando fue necesario dado el cariz que tomaban los incidentes. "Eso supuso un retraso en prestar auxilio al grupo de compañeros que quedó aislado y a merced de los violentos", señala un agente. Una tardanza que se tradujo, añade, en que 14 de los 15 de los agentes de aquel subgrupo, el Puma 70, resultaran heridos, algunos de ellos de gravedad.
Un mando policial mostraba ayer a este diario su convencimiento de que detrás de las "deficiencias del operativo" se encuentraba el miedo del Ministerio del Interior y su titular, Jorge Fernández Díaz, "a dar de nuevo una mala imagen en exterior tras los sucesos de Ceuta". Un temor en el que, según otras fuentes policiales, jugó un papel importante la conocida presencia de observadores internacionales en las protestas. En concreto, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que habían sido invitados por los propios convocantes de la multitudinaria marcha del 22-M. De hecho, no era la primera vez que representantes de esta organización acudían a Madrid para ejercer de testigos de movilizaciones contra la política de recortes del Gobierno y criticaban el modo de hacer frente a estas movilizaciones por parte del Gobierno.
El antecedente de septiembre
Ya estuvieron el pasado mes de septiembre, durante una de las concentraciones en las cercanías del Congreso de los Diputados, y ya entonces saltaron chispas entre sus integrantes y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La OSCE terminó emitiendo un comunicado en el criticaba que el Gobierno español se hubiera opuesto a su presencia en aquellas protestas y mostró "cierta preocupación por las intenciones" que pudieran tener los responsables de Interior para hacer frente a las mismas. En esta ocasión, esta organización internacional ya ha anunciado que emitirá un informe sobre el desarrollo de la multitudinaria y pacífica movilización del sábado y los posteriores incidentes protagonizados por una minoría radical. Está previsto que lo haga público este mismo martes.
"Hay una inseguridad jurídica que hace que los antidisturbios se lo piensen dos veces antes de lanzar una pelota de goma", asegura un representante sindical
No obstante, fuentes sindicales reconocen que también pesó en el desarrollo de los acontecimientos el temor que se ha instalado entre los agentes de las UIP a utilizar material antidisturbios. "Hay una inseguridad jurídica que les hace pensárselo dos veces antes de lanzar una pelota de goma. Los compañeros son conscientes de que cada una de sus actuaciones en la calle es puesta inmediatamente bajo lupa y así es díficil trabajar", destaca un dirigente sindical que, sin embargo, reconoce que el sábado "se cometieron errores". "Es hora de replantearse los protocolos de actuación en este tipo de situaciones para evitar que se vuelvan a producir", añade un mando policial crítico con el desarrollo del dispositivo.
Protestas de agentes
Mientras tanto, representantes de los sindicatos de Policía se reunieron ayer con el 'número 2' de la Dirección General, el comisario Eugenio Pino, para exigir el cese de los responsables del operativo: el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el jefe de la Unidad de Intervención Policial, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y al jefe de la primera unidad de esta sección, Javier Virseda. Si no lo hacen, los representantes de los agentes anunciaron una batería de concentraciones frente a centros policiales en apoyo de los miembros del UIP a imagen y semejanza de la que tuvo lugar el pasado domingo a las puertas de las dependencias que la UIP tiene en el madrileño barrio de Moratalaz. De hecho, los sindicatos acordaron que la primer protesta de ese calendario tenga lugar el próximo miércoles al mediodía.
En esa reunión, el alto mando policial les anunció la apertura de una "información reservada" sobre lo ocurrido para determinar si hubo errores de coordinación en el operativo. Para ello, les comunicó que recogerán los testimonios de agentes que participaron en el dispositivo y se visionarán las imágenes grabadas durante la manifestación y, sobre todo, durante los altercados posteriores. Hasta que el informe no esté concluido, Interior no tomará ninguna decisión sobre posibles ceses. Mientras llega ese momento, la organización sindical mayoritaria, SUP, ya ha anunciado que se presentará como acusación particular en la causa abierta contra los 19 adultos detenidos, uno de los cuales fue enviado ayer a la cárcel por el juez acusado de lesiones por golpear a un antidisturbios en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones.
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