La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la celebración de una vistilla para reclamar medidas cautelares contra la expresidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, después de que la Audiencia Provincial de Baleares le haya dado once días, hasta el 17 de junio, para que prepare con su nuevo letrado, José Antonio Choclán, el juicio del caso Can Domenge, por el que la histórica líder de Unió Mallorquina (UM) se sienta este miércoles por segunda vez en el banquillo de los acusados.
El fiscal Juan Carrau ha justificado su solicitud al apuntar a la "maniobra" ejercida por la expolítica balear "no sólo para dilatar el proceso sino para preparar la fuga o alterar fuentes de prueba". Nada más iniciarse la vista oral, Munar se ha sentado frente al tribunal de la Sección Segunda, ante cuyo presidente, el magistrado Diego Gómez-Reino, se ha mostrado "totalmente indefensa" con motivo de las últimas revelaciones producidas en torno a la adjudicación presuntamente irregular de los terrenos palmesanos.
"Mañana por la mañana quiero un escrito firmado por su nuevo letrado en el que se comprometa a estar preparado el día 17. Si no acepta estas condiciones, no le admitiré la renuncia", le ha advertido tajante el magistrado.
En el marco de una situación "insólita" que nunca antes se había producido en Baleares, según han coincidido en remarcar varias fuentes presenciales en el juicio, la vistilla para solicitar que se agraven las medidas cautelares que ya pesan sobre la acusada estaría fijada para este jueves, a las 10.00 horas, si bien su celebración dependerá de que haya designado a su nuevo letrado. De no ser así, también cabría la posibilidad de que la Sala le asigne un abogado de oficio.
Ante estas circunstancias, Munar ha expresado su indefensión aseverando que "el señor Choclán puede estar en Madrid o en Andalucía, y con once días para estudiar cinco mil folios me siento totalmente indefensa", tal y como ha manifestado en varias ocasiones durante su comparecencia.
Sin embargo, el presidente del tribunal le ha preguntado si es "consciente" del perjuicio que causa a la Sala su cambio de letrado tan sólo dos días antes del juicio, ante lo cual la exdirigente 'uemita' ha afirmado: "le juro que no era mi intención causar ningún perjuicio tras seis años de instrucción del caso y de sufrimiento".
En un tenso inicio de juicio, la expresidenta de la Cámara balear ha afirmado haber perdido la confianza en el abogado que le ha representado durante estos últimos años, Gabriel Garcías, a raíz de los registros practicados en sus viviendas después de que el exconsejero insular y también acusado Bartomeu Vicens revelase que tanto ambos como el exvicepresidente del Consell y la propia UM percibieron un soborno de cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación de Can Domenge a la mercantil Sacresa.
"Tras los registros, la Fiscalía sabe ahora exactamente todo lo que pienso y opino sobre este tema. Se llevaron una libreta donde durante los seis años de instrucción he tomado notas y en la que por cada acusación de la Fiscalía, al lado tenia anotada cuál sería mi respuesta", ha aseverado Munar. "Quiero empezar de cero en esta causa con un nuevo letrado", ha recalcado, incidiendo en que las "divergencias" con su anterior abogado se han producido debido a los registros y a que "no hemos coincidido en las formas. No me siento representada en estos momentos".
Medidas cautelares que ya pesan sobre Munar
Cabe recordar que sobre Munar ya fue impuesta en el marco del llamado caso Maquillaje una fianza penal de 350.000 euros -el fiscal la solicitó por un total de 450.000-, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, medidas que podrían agravarse en virtud de las que solicite de nuevo el Ministerio Público.
En concreto, en el banquillo se sientan Munar, y otros tres exaltos cargos de la extinta formación política: Nadal, Vicens y Flaquer. Junto a ellos también están acusados Santiago Fiol, abogado asesor de Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y el propietario de Sacresa, Román Sanahuja.
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares será el encargado de juzgar a los seis acusados en este proceso judicial, plasmado en más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativos a la venta de los terrenos palmesanos a Sacresa por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante Núñez y Navarro. En un principio, el juicio está fijado a lo largo de este mes y los primeros días de julio.
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