"Quiero felicitar a la Guardia Civil porque ha requisado cien mil carteles de propaganda de la Generalitat". Esta fue la respuesta de Mariano Rajoy a la carta colectiva que Puigdemont y otros líderes secesionistas le enviaron al Rey y al propio presidente. Pedían negociar las condiciones del referéndum. "Aquí esta carta no ha llegado", les respondió de Moncloa, con cierta sorna, el ministro portavoz, Méndez de Vigo.
Aún decía más: "Se trata de un sarcasmo y una añagaza. A estas alturas del curso pedir negociación”, subrayó. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró en la misma línea: “Si el señor Puigdemont quiere un diálogo, debería reponer todo al momento inicial”. Es decir, suspender la consulta y sentarse a hablar. No hay posibilidad, esa vía no se contempla. “No hay ya tiempo para milagros”, señalan desde el círculo gubernamental más implicado en la crisis.
No hay resquicio alguno para un acuerdo de última hora. Entre el Gobierno y la Generalitat no hay comunicación ni contactos. Puigdemont ha roto todos los puentes “en su marcha enfebrecida hacia el abismo”, según comentan fuentes del Ejecutivo central. Ni siquiera los dirigentes más moderados del PDeCat imaginan una solución antes del 1-O. “Es un disparate, lo sabemos, pero ahora nadie se va a bajar del tren, y menos aún Puigdemont”, señalan.
El Estado seguirá actuando
Rajoy acudió el viernes a Barcelona para darle ánimos a los suyos, al PP catalán, la primera línea del frente contra el separatismo. El presidente le dedicó unas palabras de ánimo a su militancia, sin incurrir en la sensiblería, no es su estilo. Pero centró su mensaje en lanzar la penúltima advertencia a los separatistas: “El Estado funciona, va a seguir actuando, no desprecien la fuerza de nuestra democracia y no nos obliguen a llegar a donde no queremos llegar”. Fue una admonición sin adornos. Un aviso postrero antes de que se consume el disparate.
El Estado se ha puesto afanosamente en marcha con todos sus atributos engrasados. Partidos democráticos unidos, jueces, fiscales, tribunales, fuerzas de seguridad (le recordó Rajoy a los Mossos que son policía judicial), funcionarios... Hasta Íñigo Urkullu, nada españolista, acaba de recordar que ese plebiscito no reúne garantías, unas declaraciones con guiño hacia Moncloa que sonaron a bofetada en la Plaza de San Jaime.
Y el respaldo internacional. “El mundo está con nosotros”, dijo Rajoy en Barcelona. Puigdemont está solo. La Unión Europea se lo ha recordado esta semana por dos vías. Este punto le escuece al presidente de la Generalitat. Raúl Romeva, su ‘ministro de Exteriores’, ha reclutado a una veintena de observadores internacionales para hacer un seguimiento de la votación. El aparato propagandístico de la Generalitat jalea algunos artículos de la presa internacional. “Es todo lo que tienen, el vacío exterior y el lío interior”.
Rajoy está dispuesto a todo. O casi todo. Piensa que no hará falta ni el 155 ni quizás la ley de Seguridad Nacional, la opción preferida en Moncloa. El 155 no le gusta al PSOE. Tampoco a Ciudadanos. No harán falta. La vía es controlar y desarmar la infraestructura. La Guardia Civil requisando cartelería ilegal, persiguiendo imprentas. Los Mossos retirando urnas, cerrando colegios, cuando toque. Todo ha de concretarse antes de la fatídica fecha.
La clave del Constitucional
En paralelo, la acción de la Justicia. También aquí se va a por todas. En Moncloa no se descarta nada. Ni siquiera que el TC consume la inhabilitación de Puigdemont. Asunto tabú hace unos días. Nada de tocar al president, se decía en el Gabinete. El escenario es muy dinámico y los preparativos para la consulta avanzan. “Hasta el juez más tibio se enerva cuando contempla que se le ignora, que no se le hace caso, que se ríen de sus autos y de sus decisiones”, se señala en esas fuentes.
El Constitucional dio esta semana un serio aviso. En su resolución contra la puesta en marcha de la Sindicatura Electoral catalana, especie de Junta Electoral, se mencionaba por vez primera el artículo 92,4 de la ley reguladora del Alto Tribunal, que le faculta para multar o suspender temporalmente en sus funciones a los altos cargos que ignoren las disposiciones judiciales. Un paso que produjo cierta sorpresa. Una parte del TC no quiere inhabilitar a los políticos. Se busca siempre la unanimidad en las decisiones. Quizás se ha superado ya esa fase, piensan en el Gobierno.
"Que me detengan"
Puigdemont podría ser inhabilitado en las vísperas del 1-O, cuando la logística esté bajo control, cuando se tenga certeza de que ni habrá urnas ni colegios. Es una posibilidad que en Moncloa se descartaba días atrás y ahora hay algún ministro que la contempla. El propio ‘president’ parece desear esta opción. En la plaza de toros de Tarragona, en el acto de apertura de campaña del plebiscito, insistieron en las burlas sobre la ilegalidad de la velada y las provocaciones a la Guardia Civil. “Si me inhabilitan no voy a abandonar el despacho ni mis funciones. Me debo al Parlament”, ha dicho estos días con insistencia. También ha sugerido que no le importa que le detengan.
“Rajoy lo tiene bien clarito, está todo muy agarrado”, señala una alta fuente de Génova, donde se insiste en que esta vez no puede haber otro 9-N. El presidente del Gobierno ha repetido hasta la saciedad que no habrá referéndum. Puigdemont no hace amago alguno de buscar una salida.
Dijo el presidente de la Generalitat hace unos días que si el Gobierno se aviene a negociar las condiciones del 1-O, podría aplazarse el referéndum un par de años. Lo contó Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña. ¿Una puerta abierta? Llegó en seguida la cruda realidad: Negociar sobre el referéndum y sólo sobre el referéndum, precisaron. No hubo más. Quizás fue la penúltima posibilidad. O tan sólo, un espejismo.
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