El Gobierno estudia la posibilidad de elevar las pensiones por encima del 0,25 por ciento que en principio le permitiría la ley. Si bien va a tener realmente complicado llevarlo a cabo, desde luego las más altas instancias lo están mirando con mucho detalle, pues se trata de un caladero de más de 9 millones de votos.
El equipo electoral del PP, dirigido por Jorge Moragas, quiere llegar a la conferencia política de mediados de julio con una sola y amplia 'lista de buenas noticias', que anunciará el presidente. Será el arranque de la precampaña y la idea persigue propinar un golpe de efecto decisivo para despertar la ilusión de sus decepcionados militantes y despejar el rechazo de los votantes que le han abandonado.
El 'nuevo PP', es decir, Jorge Moragas y los recién nombrados vicesecretarios generales, trabajan ahora con intensidad en esta 'agenda secreta', un puzzle al que aportan piezas desde todos los departamentos económicos y que luego se arman en el cuartel general de campaña. Este paquete de medidas tiene un perfil de fuerte impacto social. Abarca todos los frentes, desde los funcionarios, como adelantó Vozpópuli, a los impuestos, la familia, los autónomos y, también, los pensionistas. Se trata de aprovechar el momento de recuperación que se advierte en las cuentas del Estado, aunque sin sucumbir al dispendio o el disparate. El ministro Montoro está vigilante, y controla en lo posible no incurrir en un gasto inasumible. Pero, como ha señalado el propio Rajoy, "ahora las cosas van un poco mejor, la recaudación está aumentando y hay algunas decisiones que ya se pueden tomar". Hablaba de los funcionarios, pero con los ingresos tributarios creciendo a tasas de un 6 por ciento la afirmación también encaja en otras áreas.
El filtro del presidente
El equipo de campaña insiste en que se trata de papeles, estudios, sugerencias y proyectos que se están revisando y que, por supuesto, aún ni siquiera han pasado por el cedazo del presidente. Pero la necesidad obliga. "Tenemos que ganar las elecciones generales de forma clara", advirtió Rajoy a su Comité Ejecutivo al hacer público el nombramiento del 'comando Moragas', la punta de lanza del PP de cara a las generales. La máquina ya está en acción, el motor se ha puesto en movimiento desde el primer día. Moragas, sin embargo, ya llevaba tiempo solicitando material y coordinando esfuerzos. Está en todo, hasta en la puesta en escena de la primera fotografía del Comité de Dirección celebrado este miércoles en Génova y presidido por el propio Rajoy. El jefe del Gabinete del presidente no deja un detalle al azar. Por ejemplo, era el único de los asistentes que aparecía en mangas de camisa.
Y mucho va a tener que arremangarse para poder aplicar la subida de pensiones que están contemplando. La reforma aprobada por el PP en 2012 básicamente pretendía ligar las revalorizaciones de las prestaciones a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, desvinculándolas para siempre de la marcha de la inflación. A grandes rasgos, la fórmula de las pensiones realiza una media de los ingresos de once años sumando los cinco ejercicios anteriores, el actual y una previsión de los cinco siguientes. A continuación, elabora el mismo cálculo con los gastos y comprueba si éstos superan los ingresos. Cuando hay más desembolsos que recaudación, la fórmula establece que sólo se pueden elevar las prestaciones un 0,25 por ciento, tal y como se hizo con las pensiones en el curso vigente.
Por el contrario, para poder subir más la prestación, la ley dice muy claramente que los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Y en ese caso la revalorización podría ascender como máximo a la inflación más un 0,50 por ciento.
Todo lo cual quiere decir que el Gobierno tiene un serio inconveniente a la hora de aprobar una subida de las pensiones por puros criterios electorales: “Durante los últimos cinco años, la Seguridad Social ha registrado déficit. Así que parece francamente difícil que la fórmula pueda brindar una revalorización de las pensiones por encima del 0,25 por ciento, a menos que se inflen mucho las previsiones de los próximos cinco años o que directamente se salten la ley que ellos mismos aprobaron", sostiene Ignacio Conde-Ruiz, miembro del Comité de Reforma de las Pensiones y autor del libro 'Qué será de mi pensión'.
Por mucha bonanza que haya, los ingresos de la Seguridad Social apenas repuntan a tasas del entorno del 1 por ciento frente a un crecimiento de la nómina de las pensiones de cerca del 3 por ciento. Y así no es de extrañar que el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas tan sólo arroje un equilibrio presupuestario del 0 por ciento en 2018. Es más, la propia Autoridad Fiscal ha indicado que los objetivos de déficit de la Seguridad Social de aquí a 2018 son muy difíciles de cumplir. O lo que es lo mismo, de seguir al pie de la letra el texto de la ley, las pensiones no podrían subir más del 0,25 por ciento al tener en cuenta el estado financiero del sistema.
Otra posibilidad que algunas fuentes sugieren es que se conciba algo muy acotado que les permita eludir la ley, algo similar a la subida de las pensiones de las madres que el Ejecutivo acaba de aprobar. "Una cosa que parezca más de lo que realmente es en términos monetarios", apuntan.
Salvo por la congelación de 2010 que aplicó Zapatero, desde el 2008 los dos Gobiernos han seguido subiendo las pensiones: las generales se han revalorizado un 12% y las mínimas más de un 17%
Sin embargo, incluso en medio de una crisis brutal y salvo por la congelación de 2010 que aplicó Zapatero, los distintos Gobiernos han seguido subiendo las pensiones. Desde el año 2008, las pensiones generales se han revalorizado un 12 por ciento y las mínimas más de un 17 por ciento. Por poco que fuese, siempre ha resultado muy difícil no elevar estas prestaciones. Y ahora que la economía ha abandonado la senda de la recesión, todavía más.
La cosa se pone mucho peor cuando llega el momento de votar. Resulta muy difícil para un Gobierno no cortejar un grupo tan movilizado de cara a las urnas. Su corte tan conservador también favorece al PP frente a las nuevas formaciones que se perfilan en el horizonte. Y además los populares tienen muy fácil atizarle con este asunto al PSOE, echándole en cara que en la historia reciente ha sido el único partido que alguna vez ha congelado las pensiones.
No obstante, con la ley en la mano el Ejecutivo de Rajoy tendrá que poner mucha voluntad política para buscar la manera de hacerlo. Aunque siempre puede intentar que se inyecten más recursos en el sistema y cambiar así el resultado de la fórmula, otra cosa de complicada aplicación por la restricción presupuestaria que supone seguir reduciendo el déficit hasta el 4,2 por ciento este año y el 2,8 por ciento en 2016.
Todo con tal de devolverle a la gente parte de los sacrificios que se han hecho a lo largo de estos tres años. Ésta es la consigna oficial, es la lección aprendida después del severo revés de las autonómicas y municipales. Un varapalo que se fundamenta en los aspectos estrictamente económicos de impacto social inmediato. La discreción es imprescindible, para evitar que se cree más frustración que entusiasmo, como lo ocurrido con los sueldos de los funcionarios, una oportunidad frustrada, un fiasco descomunal que el equipo de Moragas se empeña en enveredar. Tras los titubeos y las contradicciones, tanto el propio Montoro como Rajoy salieron de nuevo al paso este jueves para insistir en que la devolución de la parte de la extra pendiente desde 2012 se concretará en la medida de la posible. Fuentes del Ejecutivo dan por hecho que este asunto está en marcha, aunque se trata de un esfuerzo económico notable, por encima de los 700 millones si sólo se aplica en el Estado central, unos 2.400 millones para el conjunto de las CCAA y otros 700 millones entre los ayuntamientos.
Pensionistas y funcionarios son dos nichos fundamentales para el Partido Popular, unos caladeros donde han pescado tradicionalmente gran parte de su voto, en directa competencia con el PSOE. Los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, todavía no han logrado introducirse en este enorme sector de la población. El PP pretende volcarse con ellos y, en la medida de lo posible, recuperar el crédito perdido. En la familia de los funcionarios está más complicado, ya que es un bloque muy heterogéneo donde también cosechan respaldos los partidos de Iglesias y Rivera.
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