El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska niega a Transparencia la información relacionada con el expediente que justifica que Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, mantenga su escolta oficial cuatro años después de dejar el Ejecutivo. Como contó Vozpópuli, una respuesta oficial del Gobierno desveló el pasado mes de septiembre que tanto él como Irene Montero, exministra de Igualdad, aún se encontraban bajo este paraguas de seguridad gestionado desde Interior.
La negativa a ofrecer información sobre este servicio de escolta procede de la Secretaría de Estado de Seguridad; en concreto, de la Dirección General de Coordinación y Estudios. Una petición formulada a través del Portal de Transparencia instaba al Ministerio del Interior a ofrecer los “informes que justifican que Pablo Iglesias Turrión siga teniendo escolta, número escoltas, gastos y masa salarial”.
Desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se especifica que la Secretaría de Estado de Seguridad regula la prestación de los servicios de protección “bajo el criterio de optimizar recursos públicos sin mermar la seguridad”, de forma que “solo se proporcione ese servicio de protección, de forma genérica, a personas que ostentan o han ostentando altas responsabilidades públicas en situaciones reales de riesgo que lo precisen tras los pertinentes informes y análisis de riesgos específicos”.
No obstante, considera que la información sobre plantillas y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendría la clasificación de información reservada, tal y como regula la Ley de Secretos Oficiales. “Ello implica la restricción de la información solicitada, cuyo conocimiento o difusión por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma”, argumenta el Ministerio.
Los gastos
Tampoco ofrece información sobre los gastos derivados de estos servicios de escolta a autoridades o personalidades relevantes, entre las que figuraría el propio Pablo Iglesias. “En cuanto a los gastos incurridos por el personal que componen los distintos servicios de protección y escolta de altos y ex altos cargos -apuntan desde el departamento que dirige Marlaska-, éstos se inscriben dentro del presupuesto asignado al Ministerio del Interior, correspondiente a Seguridad Ciudadana, cuyo contenido se fundamenta en la realización de las funciones encaminadas a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.
A renglón seguido, Interior destaca que las retribuciones del personal que forma parte de los servicios de protección y escolta “quedarían incluidas en dicho programa”, sin que “los desarrollos de estos cometidos supongan un gasto adicional ni quepa su disociación presupuestaria entre los distintos cometidos”.
De este modo, Interior niega información sobre número de escoltas, costes del servicio y expedientes que justifican esta medida de seguridad en torno al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
La pregunta de Ábalos
La información sobre los escoltas de Irene Montero y Pablo Iglesias se remonta a mayo de 2024. Ambos fueron increpados al grito de “miserable” o “asqueroso” a su llegada al Juzgado de lo Penal número 14, donde se instruía la causa contra Miguel Frontera, acusado de organizar algunas de las campañas de acoso contra los dos políticos en su residencia de Galapagar.
Aunque la Fiscalía solicitaba para el acusado tres años de prisión por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad, otro de acoso y otro de descubrimiento de secretos, así como el pago de dos multas por valor de 13.800 euros, finalmente fue absuelto; en parte, porque el juez consideraba prescrito el único delito por el que había pruebas, el de injurias a Irene Montero.
A partir de estos hechos, José Luis Ábalos, ya expulsado del PSOE, registró una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados solicitando información en torno al dispositivo de seguridad en los Juzgados, lamentando que Montero e Iglesias se enfrentaran a “momentos de tensión”, así como a un “fuerte encontronazo” con un hombre que les increpó de “forma virulenta”.
En su respuesta, el Ejecutivo desvelaba “que el ex vicepresidente del Gobierno y la ex ministra de Igualdad disponen de personal de servicio de protección de la Unidad Central de Protección de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana”.
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