El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, busca recambio para una de las sillas más calientes de las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata del puesto de comisario general de Policía Judicial, que ha quedado vacante este verano. De él dependen áreas clave en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y también la conocida UDEF, la unidad de élite de la Policía Nacional que investiga los casos de corrupción económica que tantas veces ha afectado a cargos políticos siempre a las órdenes de los jueces.
Su hasta ahora responsable, el comisario principal Eloy Quirós, ostentaba el cargo desde 2016 y se ha jubilado este mes de agosto. Su lugar lo ocupa de forma interina su número dos, Rafael Pérez, que desempeñaba el cargo de secretario general de la Comisaría General. Las fuentes policiales consultadas explican que el puesto de comisario general es de confianza por lo que lo eligen los responsables del Cuerpo con el visto bueno del Ministerio del Interior.
Para ello, es preciso que antes se convoque a concurso la plaza y la elección se realice dentro de los candidatos que se presenten cumpliendo una serie de requisitos, empezando por la obligación de ser comisario principal, lo más alto del escalafón. Las fuentes consultadas no obvian que antes de ese trámite ya se están barajando nombres de posibles candidatos en la cúpula del Cuerpo y el Ministerio.
Sujeto a presiones
En los últimos años, el responsable de Policía Judicial ha sido un cargo sujeto a numerosas presiones, también políticas, según reconocen a Vozpópuli algunos de los mandos que ocuparon ese puesto. La Comisaría General de Policía Judicial tiene su sede en el complejo policial de Canillas donde se ubican los órganos centrales del Cuerpo como Información o Científica. Por sus despachos han circulado informes y denuncias tan sensibles como la operación Malaya, Gürtel, los papeles de Bárcenas, el caso Pujol, Ausbanc, Manos Limpias...
“Esa presión claro que se nota”, dice a este periódico un comisario ya jubilado que prefiere no revelar su nombre. Recuerda cómo su director de la Policía le advirtió al poco de llegar: “Si te dicen que van de mi parte, no hagas ni caso”. Algunas llamadas interesándose por el curso de investigaciones llegaban de la Secretaría de Estado de Seguridad. “No te preguntan directamente, no se atreven. Solo tantean”, dice en alusión a una causa de las más mediáticas. “Si dices que sí una vez, ya estás perdido”, concluye.
Tras la victoria electoral de Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior que dirigía Fernández Díaz compuso su propio equipo. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, cesó al comisario de Policía Judicial y nombró a Enrique Rodríguez Ulla. Solo duró seis meses y fue sustituido por “pérdida de confianza”. El siguiente fue José García Losada al que también cesaron al cabo de un año por lo mismo. Le sustituyó Santiago Sánchez Aparicio. Cuatro responsables en poco más de dos años. Eran los tiempos en los que arreciaban los informes y las revelaciones periodísticas sobre el caso Gürtel.
La UDEF
El actual jefe de la UDEF es el comisario Fernando Moré. Llegó al puesto en 2017 tras 16 meses sin que lo ocupase nadie. El Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido llegó a declarar desierta la convocatoria de la plaza al presentarse solo tres candidatos, Moré entre ellos. Finalmente se decantaron por él.
Tanto Quirós -un veterano de esa Comisaría tras décadas al frente de la lucha contra el narcotráfico- como Moré fueron nombrados con el PP en La Moncloa y el ministro Grande-Marlaska optó por mantenerlos mientras sí que cesó a otros altos cargos de las fuerzas de seguridad heredados de la administración anterior. El tándem Quirós-Moré ha aportado cierta estabilidad en los últimos años o al menos han alejado a la Comisaría General de los focos.
Un ejemplo es el juicio que se celebró el pasado junio en la Audiencia Provincial en el que sentó en el banquillo al exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y un inspector jefe, acusados de introducir en 2015 a través de la UDEF la información de un pen drive de origen desconocido en la investigación contra el clan Pujol. La Audiencia Provincial acabó absolviendo a ambos mandos por falta de pruebas, pero indicó que la conducta de Pino estuvo “alejada de un correcto actuar profesional" y que "puso en serio riesgo de contaminación la investigación”.
En el marco del caso Villarejo, los investigadores indagan si el polémico comisario empleaba la Policía Judicial para blanquear sus pesquisas privadas por las que obtenía grandes beneficios económicos. Cuando en 2017 el comisario principal Florentino Villabona tomó posesión de su cargo como número dos del Cuerpo hizo autocrítica pública tras años de escándalos. Prometió trabajar desde el primer día para "recuperar la confianza del Poder Judicial" para poner fin a las polémicas de los "últimos años".
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