El Gobierno quiere endurecer el castigo penal a los proxenetas y a los dueños de los locales donde se permite la explotación sexual, ya sean los típicos locales de alterne de carretera, burdeles, casas de citas o viviendas particulares. Porque aunque la prostitución es alegal en España, coaccionar y forzar a una mujer (o a un hombre) a que 'venda' su cuerpo es un delito. El problema es que el ministerio del Interior reconoce que no “dispone de registros ni datos estadísticos sobre el número de lugares en los que se ejerce o se obliga a ejercer la prostitución en España”, aunque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (sobre todo, la Guardia Civil), tienen identificados muchos de ellos.
De hecho, los últimos datos oficiales a los que ha tenido acceso Vozpopuli revelan que Policía Nacional y Guardia Civil realizan cada vez menos inspecciones “en locales en el ejercicio de su función preventiva contra la trata y explotación de seres humanos”. Si en 2016 realizaron 2.586 inspecciones (una media de siete diarias), en 2021 la cifra bajó a 1.380 inspecciones, una media escasa de casi cuatro controles diarios. Las inspecciones bajaron en 2017, 2018, 2019, 2020 para subir ligeramente en 2021. El ranking lo encabeza Andalucía, con 208 controles. Le siguen Castilla y León, con 151 controles y Castilla-La Mancha, con 117. En cuarto lugar aparece la Comunidad de Madrid, con 116 registros.
Hablar de prostitución en España es generalmente hablar de trata y explotación, señalan las fuentes consultadas. Entre 2017 y 2021, las víctimas relacionadas con arrestos producidos por explotación sexual ascendieron a 3.665 mujeres, situándose la media de edad entre los 33 y 37 años. Las nacionalidades más comunes fueron la rumana, colombiana y española, aunque también ha habido un incremento de víctimas nigerinas, venezolanas y paraguayas. El Ministerio del Interior señala que “prácticamente el 60% del total de investigaciones contra la explotación sexual se centraron en viviendas particulares, dando como resultado que una de cada tres víctimas estaba siendo explotada en estas localizaciones”.
Estamos hablando del periodo 2017-2021, en cuyos dos últimos años la pandemia provocada por el coronavirus generó importantes restricciones de movimiento, la exigencia de nuevas medidas sanitarias y el cierre de negocios. “La pandemia hizo que muchos clubes de alterne, los típicos de carretera, lo pasarán mal y el ejercicio de la prostitución se trasladara obligatoriamente a viviendas particulares en 2020 y 2021. Ahora ya la situación se ha normalizado ahora y los grandes prostíbulos empiezan a reflotar”, señalan fuentes de la Guardia Civil.
En cuanto al número de proxenetas detenidos (periodo 2017-2021), hubo 2.370 por trata y explotación sexual. La mayor parte de los arrestados en España son hombres, concretamente el 59%. Destaca que un 41% sean mujeres, lo que confirma una realidad que conlleva el delito de trata, ya que muchas de las antiguas víctimas pasan a ocupar puestos de responsabilidad en las redes criminales como “madames” o captadoras, según destacan desde Interior. Por lo que respecta a la nacionalidad de los autores, las más comunes son la española, rumana y china, aunque en los últimos años se ha detectado un notable incremento de las nacionalidades colombiana y venezolana.
El Congreso de los Diputados aprobó a principios de junio una proposición de ley socialista para prohibir el proxenetismo en todas sus formas con el apoyo del PP y el mayoritario (no el unánime) de Unidas Podemos. El objeto de la propuesta socialista es exclusivamente una reforma del Código Penal que incluye no solo a quienes se lucran, sino a quienes "promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución de otra persona", Y en este último apartado entra lo que se ha definido como 'tercería locativa', es decir, aquellos que obtienen un lucro económico proporcionando los lugares para la prostitución.
Pero, ¿cuántos de estos locales hay en España? Es difícil saberlo. Un portavoz del Ministerio del Interior reconoce que no hay “un censo de prostíbulos”. En 1943, por ejemplo, el Gobierno franquista tenía ese censo y catalogaba en 652 los prostíbulos por toda España, y eso que no contaba en esa estadística la ciudad de Madrid. La Guardia Civil, que actúa en localidades de menos de 50.000 habitantes y conoce a la perfección la ubicación de muchos locales de alterne de carretera, aseguraba en un informe que había 878 clubes en el año 2000; 1.037 en el año 2005; y 945 en el año 2009. Y eso que solo hablamos de los típicos locales de carretera con llamativas luces de neón.
La cifra no está actualizada, según Interior. Fuentes de la Guardia Civil han señalado que la mayoría de estos clubes se ubican en las dos Castillas. Dentro de Castilla-La Mancha Ciudad Real encabeza el listado, siendo la novena provincia con más locales de alterne dedicados a la prostitución, con 59. Guadalajara es la que tiene menos, 17; las otras provincias tienen un número similar, 45 en Toledo, 44 en Cuenca y menos de 40 en Albacete.
En Castilla y León hay 244 clubes. Valladolid se sitúa a la cabeza al sumar 74 locales de estas características. La provincia de León cuenta con 57 locales de alterne, seguidos de Salamanca (31), Zamora (25), Burgos (20), Palencia (12), Segovia (10), Ávila (8) y Soria (7). Extremadura cuenta con 230: Badajoz (129) y Cáceres (101). También destaca en el importante número que hay en las islas, 187 en Canarias y 159 en Baleares. El Gobierno valenciano, por su parte, ha contabilizado en su territorio la existencia de por lo menos 143 prostíbulos, según una pregunta parlamentaria del senador de Compromís, Carles Mulet.
Penas más duras
La proposición presentada por el PSOE para reformar el Código Penal, aprobada por el Congreso y que ahora se debe tramitar en el Senado, quiere endurecer las penas para los dueños de estos locales, introduciendo un nuevo artículo, el 187 bis, con la siguiente redacción: “El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este Código. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso”.
Si conocer el número de locales donde se ejerce la prostitución es complicado, saber el número de mujeres que se prostituyen en España lo es todavía más. El Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior cifró en aproximadamente 45.000 mujeres las que se encontraban en esta situación en el año 2012, hace una década, en un informe recogido en el documento Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual (2015-2018) del ministerio de Sanidad. ¿Cuántas mujeres que se dedican a la prostitución están forzadas a ello?
En septiembre de este año se presentó la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución, “una plataforma pacifista y apolítica integrada mayoritariamente por trabajadoras sexuales, mujeres libres que hemos decidido libremente ejercer un trabajo cuya dignidad defendemos pero hemos incorporado a toda persona que se encuentre afectada por la abolición, trabajador@s sexuales, recepcionistas, responsables de espacios privados y abiertos al público, portales de anuncios, limpiadoras”.
Esta asociación defiende que los cambios normativos que quiere hacer el Gobierno, endureciendo el Código Penal, se olvida de dos premisas: la primera que “no es verdad que entre el 80 y el 90% de las mujeres en situación de prostitución sean víctimas de trata, y que tampoco lo es que cualquier intercambio sexual de pago sea trata o proxenetismo”. Por eso han pedido una reunión al Gobierno porque, según esta asociación, más de 100.000 familias se juegan su sustento.
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