La polémica tuvo lugar hace seis años y Fernando Grande-Marlaska, entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tuvo una postura firme: la dispersión de presos de ETA era ajustada a Derecho y se demostraba como una herramienta eficaz para que los terroristas encarcelados se mantuvieran alejados de las doctrinas en las que se basaba la organización. Pero eso fue en 2015. En 2021, este martes y en declaraciones en el Senado, el mismo protagonista -ahora sin toga pero al frente del Ministerio del Interior- rubrica el fin del alejamiento de los miembros de la banda criminal.
La posición del 'Marlaska ministro' quedó patente cuando una veintena de presos de ETA, casi todos de una edad avanzada o que alegaban enfermedad, presentaron una batería de recursos contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de mantenerlos en prisiones alejadas de sus lugares de origen; País Vasco o Navarra. Entre los etarras encarcelados que buscaban un acercamiento figuraban nombres de envergadura en la historia de la banda terrorista, bien por su posición en el organigrama de la organización, bien por los delitos de sangre que arrastraban. Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, Xabier Balerdi, Juan Antonio Olarra Guridi o Jesús María Altable Echarte, entre otros.
Los terroristas querían ir a cárceles vascas o navarras, o lo más cercanas posible. O lo que es lo mismo, que no se les aplicase la política de dispersión. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciario no accedió a sus peticiones y optaron por presentar un recurso. Así, la Audiencia Nacional debía pronunciarse sobre la cuestión. Y ahí es donde surge la figura de Fernando Grande-Marlaska, al que el entorno de ETA consideraba como un magistrado duro e inflexible, y a quien encuadraban en el sector judicial que había propiciado la asfixia de la banda terrorista.
Marlaska-juez, Marlaska-ministro
Fernando Grande-Marlaska, al igual que otros cuatro compañeros magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal -Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda y Fermín Echarri- rechazaron los recursos de los etarras y abogaron por mantener el alejamiento de los presos, tal y como detallan las crónicas de ese mes de octubre de 2015. Argumentaban que la Vía Nanclares abría las puertas al reagrupamiento y acercamiento de aquellos miembros de la banda que manifestasen su rechazo a los preceptos de la banda.
Sólo hubo un voto discrepante en la decisión. Fue el magistrado Ramón Sáez, quien sostenía que la proximidad física con amigos y familiares podía suponer un punto de conexión "con una realidad social cambiante que rechaza la violencia terrorista", y que esa reflexión propiciaría una reinserción más favorable de los etarras.
Han pasado seis años desde entonces y Marlaska, ahora ministro del Interior, aboga por el fin de la política de distanciamiento de presos de ETA. Su departamento ha gestionado 276 traslados de miembros de la organización -de acuerdo a los datos que maneja la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)- a cárceles más cercanas. De los 184 reclusos etarras que hoy cumplen pena de prisión, 90 ya están en País Vasco y Navarra. De los 94 restantes, ninguno está en una cárcel a más de 200 kilómetros de sus domicilios.
"Ya no hay política de dispersión, sino política penitenciaria y tratamiento individualizado", afirmaba este martes en el Senado el ministro del Interior, a preguntas de la senadora del PNV Almudena Otaola. Marlaska también señaló que todos los presos de ETA se encuentran ya en segundo grado: "Cumplimos la ley".
De 2015 a 2021
¿Qué ha cambiado desde octubre de 2015 a noviembre de 2021? La realidad de ETA no es muy diferente. A pesar de la escenificación de su extinción que hizo en 2018, fuentes de la lucha antiterrorista remontan su cese definitivo a hace diez años, cuando tres portavoces de la organización anunciaron que la banda dejaba las armas. Lo hicieron acosados por la presión policial, judicial y social, inciden las mismas fuentes, y sus siglas ya no eran capaces de sostener una actividad como la que había mantenido durante cinco décadas de existencia.
Pero la gestión de los presos de ETA es un asunto de primer orden para PNV y EH Bildu, que tratan de capitalizar los avances cosechados ante su potencial electorado. El episodio más reciente lo protagonizó Arnaldo Otegi, al afirmar que su formación estaba dispuesta a dar el 'sí' a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la concesión de beneficios penitenciarios a los reclusos de la banda terrorista. Ambos partidos son clave en las cábalas del actual Gobierno, ya fuera para sacar adelante la moción de censura que destronó a Mariano Rajoy o lo es ahora para encarrilar sus cuentas presupuestarias.
Fuentes penitenciarias consultadas por Vozpópuli insisten en que la progresión a segundo grado de los presos de ETA propicia los acercamientos a cárceles próximas a País Vasco y Navarra. Una gestión que levanta suspicacias entre algunos sectores de las víctimas del terrorismo -como la AVT- y del panorama político, que acusan a Interior y al Gobierno de mantener una campaña orquestada que permite a los reclusos firmar unas cartas modelo en las que no manifiestan su arrepentimiento ni colaboran con el esclarecimiento de los crímenes sin resolver, pero que les permite acceder a los beneficios penitenciarios y a ingresar en cárceles más próximas a sus localidades de origen.
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