El Ministerio del Interior ha adjudicado a Air Nostrum y Evelop (Iberojet) -constituidas en una Unión Temporal de Empresas- un contrato para la expulsión y traslado de inmigrantes que han llegado a España por vías irregulares. Se trata de vuelos que quedan excluidos de las líneas regulares o comerciales de pasajeros en general, y que cuentan con funcionarios policiales encargados de la custodia de la aeronave. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska había reservado una partida próxima a los 10,9 millones de euros para adjudicar este contrato, que estará en vigor durante los próximos 18 meses.
La memoria justificativa de la licitación publicada este mismo jueves, que ha sido consultada por Vozpópuli, indica que los vuelos se desarrollarán en dos ámbitos: el nacional y el internacional. En el primer caso, se llevarán a cabo para el "traslado de ciudadanos extranjeros" en España, ya sea "para ser ingresados en Centros de Internamiento de Extranjeros, para su traslado desde unos Centros a otros" o "en el contexto de la gestión de estas materias, a efectos de acogida en instituciones a cargo de organismos públicos o de organizaciones no gubernamentales o alternativas similares".
Pero también se efectuarán vuelos más allá de nuestras fronteras, con el objetivo de devolver a los inmigrantes a sus lugares de procedencia: "El traslado de ciudadanos extranjeros a sus países de origen en ejecución de las órdenes de expulsión del territorio nacional de conformidad con la normativa vigente en materia de extranjería". En ambos casos se contempla que a bordo de las aeronaves viajen "los funcionarios encargados de la custodia y ejecución de dichas órdenes de expulsión".
La documentación del Ministerio del Interior recoge que la inmigración irregular se encuentra sujeta a "múltiples factores", lo que dificulta "realizar previsiones en cuanto al número de vuelos de expulsión o repatriación que va a resultar preciso acometer en el futuro". La cartera dirigida por Marlaska incide en cuestiones como "factores económicos coyunturales de diversos e imprevisibles orígenes (en España, en el resto de Europa y en los países de origen) factores políticos y sociales en los países de origen, factores sanitarios como los de la actual pandemia de coronavirus (COVID-19), e incluso factores climatológicos, factores todos ellos que pueden determinar la afluencia de inmigración ilegal a nuestro país y consecuentemente el número de personas en dicha situación".
Así, el traslado en avión "es el medio que resulta más adecuado en la mayoría de los casos", "ya sea por razón del número de personas a trasladar para un mismo destino, o cuando la ejecución de las expulsiones forzosas o los traslados exigen la adopción de medidas de protección para garantizar la efectividad de los mismos", destaca el Ministerio del Interior. Mantener "la seguridad de los policías que ejecutan la expulsión, de los propios expulsados y del pasaje en general" hace que el uso de "líneas regulares o comerciales de pasajeros" no sea recomendable.
El Ministerio del Interior calculó el precio del contrato en relación con los tipos de aeronave que requerirá para el traslado y expulsión de los inmigrantes, así como el tiempo de vuelo, abonando 9.900 euros por hora de trayecto a bordo de un avión de hasta 75 plazas; 11.550 euros hasta las 120 plazas; 18.700 por los aviones que dispongan de hasta 200 asientos; y 24.200 por los que tengan más de 200. A ello habría que sumar los impuestos, las estancias en tierra y los suplementos en aeropuertos, como refleja el siguiente cuadro estadístico.
El Ministerio del Interior basó la adjudicación principalmente en el precio ofrecido por las empresas, pero requirió una batería de criterios de solvencia económica y técnica para establecer un corte de acceso a la licitación. La documentación revela la presentación de dos ofertas: una presentada por la UTE Air Europa, Swiftair y otra por la UTE Air Nostrum y Evelop [el nombre comercial de ésta última es ahora Iberojet, propiedad de Ávoris]. La primera, no obstante, quedó descartada por "no cumplir con la adscripción de medios -aeronaves- requeridos en el apartado V del Pliego de Prescripciones Técnicas". Así, la única oferta válida es la que finalmente se ha adjudicado el contrato.
Según los últimos datos ofrecidos por Interior, la inmigración descendió un 25,6% en el último año, pasando de 41.945 llegadas en 2021 a 31.219 entradas en 2022. "La reducción es más acusada en las entradas por vía marítima, que muestran una caída generalizada en las costas de la península, Ceuta, Islas Baleares y Canarias, tanto en el número de inmigrantes irregulares como en el de embarcaciones", detalla el informe del Ministerio, incidiendo en que las llegadas ilegales por mar descendieron en un 27,9%, "una reducción de 11.170 personas respecto del año anterior".
La aerolínea valenciana (que opera para el grupo Iberia) y la marca comercial de la aerolínea de Ávoris Corporación Empresarial serán así las encargadas de realizar los traslados de inmigrantes durante el próximo año y medio, lo que les reportará una cifra de ingresos relevantes para levantar su negocio tras la crisis del coronavirus. Tanto Air Nostrum como Ávoris, de hecho, fueron rescatadas por el Gobierno durante la pandemia. En el caso de Ávoris, la SEPI dio luz verde en marzo de 2021 a su rescate con 320 millones de euros, cifra que devolvió íntegra el pasado diciembre. Air Nostrum, por su parte, recibió 111 millones del mismo fondo de la SEPI en mayo de 2022.
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