Las cifras avalaban la idea de que algo ha cambiado en la política penitenciaria con los presos de ETA desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior: un centenar de los 182 terroristas que cumplen condena ya lo hacen en cárceles de País Vasco y Navarra, toda vez que ya no queda ningún recluso en centros ubicados al sur de Madrid. Pero las últimas revelaciones hechas por la Guardia Civil y que han puesto de manifiesto los nexos entre el Gobierno de Pedro Sánchez con los presos etarras han suscitado la indignación de una serie de colectivos, que no dudan en tildar de "cambalache" los contactos entre ambas partes sobre el tema. Y el foco de todos ellos se ubica, precisamente, en el departamento que dirige el ministro del Interior.
Las conversaciones que están saliendo a la luz, de las que ha informado Vozpópuli, forman parte de un informe redactado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil, fechado en marzo de 2021 y entregado a la Audiencia Nacional en el marco de unas pesquisas relacionadas con la organización de homenajes a presos de ETA. Según dichas comunicaciones, el entorno de los terroristas encarcelados y el personal de Instituciones Penitenciarias -incluido su director, Ángel Luis Ortiz, bajo mando directo de Marlaska- mantuvieron contactos para dirimir la forma en la que se debían gestionar los acercamientos.
De este modo, las personas encargadas de gestionar el futuro de los presos de ETA no sólo tenían información privilegiada sobre el acercamiento de los presos, sino que también articulaban su estrategia para lograr sus objetivos finales: la decisión de celebrar en privado los homenajes a terroristas que quedaban en libertad no sería más que un modo de lograr que el Gobierno siguiera acercando a los encarcelados hasta centros más próximos a sus lugares de origen.
Las referencias a 'Marlaska-juez'
Movimientos, todos ellos, que no han pasado desapercibidos en ciertos colectivos. Uno de ellos es el de los uniformados. A pesar de que las pesquisas que revelan las conversaciones han corrido a cargo de la Guardia Civil, las informaciones han generado cierta sorpresa entre los agentes que han enfilado su trayectoria a la lucha contra ETA, ya sea en la Policía Nacional o el Instituto Armado.
Diversas fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por este diario apuntan a un hipotético cambio de criterio de Fernando Grande-Marlaska con la política de dispersión desde que ha asumido la cartera de Interior, en comparación con su etapa como juez de la Audiencia Nacional. Como contó este diario, Marlaska, siendo magistrado, rechazó una serie de recursos presentados por terroristas de ETA en los que solicitaban su traslado a cárceles próximas a País Vasco y Navarra. Una decisión que contrasta con los movimientos asumidos por Instituciones Penitenciarias en los últimos tiempos.
"El fin de ETA fue evidentemente policial, pero la gestión de los últimos rescoldos es política", apuntan fuentes de este ámbito en conversación con Vozpópuli. Destacan el "esfuerzo" desarrollado durante medio siglo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por poner a los terroristas a disposición de la Justicia. Los movimientos de etarras -afirman- pueden atender a la legalidad, pero resulta "hiriente" que se utilicen como un "instrumento" para alcanzar objetivos del ámbito político.
Hay instituciones que ponen en negro sobre blanco ese malestar entre los uniformados. La asociación Jucil de la Guardia Civil pide al Ministerio del Interior "una rápida aclaración sobre el contenido de este informe" y abre las puertas a acudir a la Justicia para "reclamar las oportunas responsabilidades".
Una "estrategia" orquestada
El contenido del informe de la Guardia Civil también ha soliviantado a colectivos relacionados con las víctimas del terrorismo. Desde la AVT llevan denunciando desde hace tiempo la "estrategia" orquestada para lograr el acercamiento de los presos de ETA. Recientemente, anunciaron una serie de movilizaciones para protestar por la política penitenciaria del Gobierno. Acusan a Marlaska de haber desatendido el compromiso que les comunicó de no trasladar a ningún terrorista con delitos de sangre a cárceles próximas a su lugar de origen.
Tras conocerse los últimos movimientos del entorno de los presos de ETA y el Gobierno de Pedro Sánchez -desvelados por el informe de la Guardia Civil-, aseveran que los actos convocados contra la política penitenciaria cobran aún más relevancia. "Por cosas como estas saldremos a la calle en una gran manifestación contra este Gobierno y sus socios", apunta Miguel Ángel Folguera, consejero de la AVT y presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Victimas del Terrorismo (APAVT), a través de su cuenta de Twitter.
"Los indicios apuntados por el informe de la Guardia Civil recientemente publicado bastan para hacer imprescindible una investigación, parlamentaria o incluso, si llegara el caso, tal vez penal", añade Quico Tomás y Valiente, hijo del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA en 1996. "La dispersión fue avalada por Estrasburgo y hoy no es necesaria. Pero tampoco es admisible lo contrario: tomar medidas favorables a los presos de ETA en su conjunto, lo que incluye facilitarles información privilegiada, y a espaldas de la opinión pública, negándolo sistemáticamente. Si eso estuviera sucediendo, sería inadmisible. No puede ser que el Gobierno nos acaricie la espalda por la mañana y por la noche se manosee con los criminales o sus representantes".
Las informaciones tampoco ha dejado indiferente al colectivo de funcionarios de prisiones, tras conocerse que el nombre de Ángel Luis Ortiz, director de Instituciones Penitenciarias, figura en el informe redactado por la Guardia Civil. Joaquín Leiva, portavoz del sindicato ACAIP-UGT, lamenta que las disquisiciones relacionadas con los presos de ETA "alejan el foco" de la "verdadera urgencia" sobre la banda terrorista, que es "escribir un relato real" de lo sucedido.
"Durante cincuenta años ha sufrido mucha gente, también los funcionarios de prisiones, por la actividad de ETA -reflexiona Leiva-. Ha habido compañeros que no querían que su mujer o sus hijos arrancasen el coche por lo que pudiera pasar. Eso es lo que hay que contar. Todo lo demás son artificios políticos que nos desvían la atención de lo verdaderamente importante".
El Gobierno, por su parte, ha cerrado filas una vez más con Marlaska: "El Gobierno se mueve en el ámbito de la Ley, de la Justicia y de las instituciones penitenciarias", apuntó este jueves la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en un acto celebrado en Salamanca. "Cualquier otra consideración significa poner en duda a nuestra democracia y a la gestión en el ámbito administrativo que ejercen estos funcionarios públicos".
Las consideraciones de la ministra portavoz, no obstante, no han sido suficientes para la oposición, toda vez que Partido Popular y Vox han pedido dimisiones en Interior tras las últimas revelaciones.
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